Ejemplos ineludibles son Yautepec y Amacuzac, ahí se dan las condiciones para pensar de manera seria, que aquellos que tienen hoy la responsabilidad de trabajar por recuperar la calma para sus gobernados o representados, pudieran andar metidos en cuestiones tan delicadas y que las instancias competentes estarían ya tardándose para llamarlos a cuentas.
Ya ve que incluso en un medio informativo nacional se dieron pormenores de presuntas ligas del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Alfonso Miranda Gallegos, con un grupo delictivo. Más aún, se le atribuye familiaridad con el cabecilla del cártel de “Los Rojos”, que estaría operando en la región sur de la entidad.
En cualquier país o estado de derecho, ya el “representante popular” habría sido llamado a aclarar esas afirmaciones y si el señor fuera inocente, y sobre todo decente, estaría presentando una licencia a su representación en la Cámara local a fin de que se le investigara, pero aquí nada de eso pasa.
Pero hoy resulta que a nivel de “vox populi”, en Yautepec se sostiene que es el hijo del presidente municipal Agustín Alonso Mendoza, quien capitanea las bandas de secuestradores que han privado de su libertad a unas 15 personas, claro, además de la Policía Municipal que pudiera ser la que da protección a los maleantes.
Ya reiteramos aquí que la sospecha también recae en los grupos de la Policía de Mando Único, pero todavía no se ven señales claras de que se venga desplegando alguna investigación en relación a todos esos comentarios que algo de cierto deben tener, por aquello de que “cuando el río suena, agua lleva”.
En ambos casos se trata de algo muy delicado, es decir, abierta complicidad entre políticos y delincuentes, suficiente como para desplegar toda una investigación de parte del estado y de la federación, que aclaren las cosas para poder llevarlos ante la justicia o buscar reivindicarlos ante la población, que es finalmente la que los viene señalando.
Claro, también debemos admitir que en un estado regido por las leyes, antes de condenar hay que demostrar, además de que ahora la norma da un beneficio más a los acusados, la presunción de inocencia, de tal forma que primero se tiene que demostrar el delito, por eso consideramos que debe abrirse una carpeta de investigación en torno a Miranda Gallegos y Alonso Mendoza.
Pero a decir verdad, tampoco vemos muchas ganas de parte de las instituciones competentes, aunque ayer el procurador Rodrigo Dorantes Salgado sostuvo que “vamos contra quien sea, sin ver de quien se trata”, y él mismo comentó: “hay sospechas sobre la protección de policías municipales a delincuentes”.
Pero volvemos a insistir, lo que está en el ambiente público sobre tales personajes es terriblemente preocupante, porque pudiéramos llegar a probar que los grupos del delito organizado penetraron los partidos políticos en las elecciones del 2012 y lograron instalar en posiciones de mando, en este caso, en el Congreso local vía Miranda Gallegos; y en la alcaldía de Yautepec mediante el edil Alonso Mendoza.
Claro, también deberá aclararse que en este último caso, las acusaciones van en contra de un hijo suyo, no de él directamente, más bien y de resultar verdad, se tendría igualmente que indagar si el alcalde está enterado de los pasos en que el consanguíneo anda, pero aún así, no deja de ser escandaloso.
Esto no se puede aceptar por ningún motivo, que la delincuencia logre ir apoderándose del control del poder público, como gobernados debemos reclamar más responsabilidad de las autoridades superiores, de otra manera lo menos que podemos pensar, es que también están metidos en el negocio y eso no es nada conveniente para la credibilidad que reiteradamente nos reclaman.
En torno al diputado, no es cosa nueva lo que se menciona por todos lados, no sólo en aquel municipio, sin embargo, hasta el momento no se aprecia ninguna intención seria de que se piense proceder, cosa que llama poderosamente la atención, más aún que son cuadros que llegaron a sus respectivas representaciones vía la izquierda.
Alonso Mendoza, que ya había sido alcalde, ganó por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El otro, ya lo dijimos, por el Partido del Trabajo, es por cierto, una carta de presentación bastante delicada y los partidos deberían incluso demandarle a las autoridades aclarar las cosas para evitarse consecuencias electorales a futuro.
Y aquí los presuntamente involucrados no pueden reclamar autonomía, en el caso del presidente municipal; o protección de fuero, en lo que corresponde al legislador, eso no los exime de culpabilidad si es que es real lo que tanto de señala.
Grave escenario el que seguimos enfrentando, pero si no se actúa con mano dura, sería tanto como enviar al pueblo la señal de que hay tolerancia y complacencia ante tales comportamientos fuera del estado de derecho. Imagínese, si la policía y la familia del alcalde en Yautepec están metidos en los secuestros, ¿cuándo los van a erradicar?
Y ahora se dice que incluso maestros de escuelas en ese municipio ya están siendo presionados para que paguen la cuota respectiva por su seguridad, además de que han sido robados en varias ocasiones, lo que da fe del estado de cosas en que viven esos morelenses, que con toda razón los acosa el miedo. Ambos, edil y legislador, tienen fama de ser poco decentes, sobre todo Alfonso Miranda, y ha hecho lo que ha querido, son mayores problemas, acuérdese que llegó al atrevimiento de destruir la Presidencia Municipal cuando un familiar suyo no ganó la alcaldía, sin temor a las consecuencias.