Fueron, de acuerdo a algunos líderes de agrupaciones, unas 600 unidades que estacionaron desde el Congreso del estado hasta Plaza de Armas, impidiendo la libre circulación y dando constancia de que la defensa de sus intereses está por encima de miles de ciudadanos que se ven afectados en los suyos.
Es la “ley de la selva”, el vivir en la anarquía, en medio de manifestaciones y protestas que en no pocas ocasiones esconden una serie de propósitos, a veces de índole político o de monopolios que hace décadas se han venido fortaleciendo, cada vez con más permisos acaparados por algunas ramas familiares.
Pero en lo de ayer, pareciera que hay mano negra detrás, porque se ubicó al ex representante de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), David Gómez Basilio, azuzando a algunos grupos, lo cual nos lleva a considerar que nunca estuvimos errados, cuando sosteníamos que el señor venía haciendo negocio y cosechando todo tipo de beneficios derivados de la negociación de concesiones.
Debe ser muy real que todavía dos o tres semanas de haber sido depuesto en el cargo, a través de su operador Israel Camacho, siguió formalizando la venta de cientos de permisos en la Dirección de Control Vehicular, que curiosamente fue cerrada al público durante esos días.
Las referencias señalan que buena parte de las regularizaciones se dieron a familiares de Camacho, Gómez Basilio y otros personajes cercanos a ellos en esa dependencia, o sea la brutal comercialización de permisos, a pesar de que hay una sobre oferta de unidades de taxis, por lo menos en Cuernavaca y su zona conurbada.
Un funcionario público señalaba recientemente que luego de haber incursionado un rato en lo que es el servicio del transporte público, entendió porqué en torno a tan trascendente rubro, no se ha logrado, a pesar de reformas y leyes, generar orden y sobre todo mejorar la atención al usuario.
Comentó que hay intereses demasiado poderosos que lo impiden. “Los monopolios están apadrinados por todas partes, ni el propio estado logra desmantelarlos y mucho menos desaparecerlos, es más, la vida de quienes pretendan hacerlo estaría en riesgo porque corre mucho dinero de por medio”.
El caso es que quienes se manifestaron ayer tienen su contraparte en los permisionarios de rutas, se trata de un conflicto interno, los colectivos estiman que ya no es conveniente permitir más permisos, porque el mercado está sobresaturado y los taxis se vuelven competencia desleal para ellos.
La cosa entonces está más complicada, porque el pleito es en casa, aunque por encima de todo eso, hay actores políticos que son los que aprueban o desaprueban la regularización de quienes se dicen tolerados. Algunos diputados desde el Congreso local, presionados por colectiveros, operaron en contra del decreto que autoriza la legalización de unos dos mil permisos.
Desde el Gobierno estatal se consideró que lo mejor era darles formalidad y legalidad para acabar con otras unidades, que al amparo de eso, prestan servicio sin la autorización respectiva. Más aún, el secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, al referirse al tema, decía que hay taxistas que en calidad de tolerados vienen trabajando desde hace años, lo mejor -según él- es darles los instrumentos para que lo hagan dentro de las formas establecidas.
Pero en ese terreno del servicio del transporte, como lo decíamos, hay demasiados intereses y siempre habrá a quienes no les conviene y aquí hay que pelear la parcela, cual cárteles de la delincuencia organizada, es dinero el que está en juego, por eso tanta resistencia y empecinamiento.
Y Messeguer resaltaba que mientras la mayoría de los ruteros siguen protestando por el incremento del costo en las concesiones, los tolerados ya las pagaron sin mayores problemas. Claro, eso es muy entendible, lo que quieren es legalizarse y están dispuestos a lo que sea, pero los demás no se encuentran en la misma situación.
También recordó que en el pasado el precio era simbólico, pero por fuera se entregaban cantidades escandalosas, ahora es un monto muy claro y no hay porqué dar dinero a nadie más, consideró que lo que se busca es transparentar lo que siempre pareció manejarse en lo oscurito.
El caso es que seguimos viendo a un sistema en completa anarquía, nadie logra meterlos al orden, la administración anterior intentó modernizarlo y obligar a los permisionarios a sustituir unidades que ya son casi de desecho, pero nunca se logró el propósito. Ya este Gobierno, con Gómez Basilio hasta estableció términos para que el parque vehicular cumpliera con los requisitos de ley, es decir, carros con diez años de antigüedad como máximo, pero luego no supimos qué pasó, porque las chatarras siguen circulando como si nada.
Lo que se llega a percibir, es que desde esa Secretaría se les aprieta, los interesados reaccionan buscando negociar, ¿a través de qué?, pues de toda una serie de componendas, incluyendo la entrega de efectivo y por lo visto algo así debió suceder como para que los dejaran en paz y a estas alturas ya nadie se acuerda de todo eso.
Es un monstruo de mil cabezas, que además, representan una fuerza bastante poderosa cuando se ponen de acuerdo, para poder obligar a las autoridades a ceder ante sus ambiciones. De manera corporativa lograr pactos cuando se aproxima un proceso electoral, los partidos y candidatos suelen hacer promesas de cualquier naturaleza, como aquello de que “si llegamos, yo te regularizo tus unidades” y una vez en los cargos, esas figuras tienen que corresponder.