Muy en especial hablaremos de lo que pasa en esos dos nosocomios, porque las referencias son de una actitud francamente inaceptable de parte del personal médico y de enfermeras, que finalmente para eso están ahí, para ofrecer lo que humanamente se puede a favor de muchas personas que a veces de milagro llegan a solicitar atención, sobre todo, familias de escasos recursos a los que se trata como limosneros.
No podemos olvidar que son públicos los recursos económicos que ahí se ejercen, es decir, producto de nuestros impuestos, que todo tipo de empleados que en esos centros laboran cobran a partir de esos fondos y que lo menos que deberían hacer es portarse a la altura de las circunstancias.
Un funcionario menor de gobierno estatal platicaba parte de las escenas que le tocó ver cuando acudió al G. Parres para auxiliar a un enfermo que venía de un municipio, finalmente su presencia no valió, porque la disposición de la dirección fue en el sentido de que “debe ser revisado y que le den su turno”, pero eso era lo de menos. Un menor de edad, algo así como de cinco o seis meses estaba casi muriendo por sangrado, producto del vómito por daño en el hígado, derivado de sobredosis de medicamentos que ahí mismo le fueron suministrados.
El funcionario intentó hacer algo por la madre, que con desesperación veía que nadie le hacía caso, también fue inútil, a pesar de que algunos galenos andaban en la chorcha. Por el contrario, trataron de echar de ahí a quien consideraron un intruso, porque éste cuido no decir de dónde venía.
Es ciertamente imperdonable lo que pasa en buena parte del sector salud, la Secretaria Vesta Richardson debiera ser más cuidadosa. Si no fuera porque conocemos de su trayectoria diríamos que anda en las nubes mientras sus muchachos hacen lo que quieren. En el caso que nos ocupa lo menos que debe ocurrir es que llame a cuentas a la directora del G. Parres, Noemí Cruz Arredondo, porque ya ha creado fama de prepotencia, soberbia e insensibilidad y aquí eso es lo que menos se puede tolerar.
Claro, Cruz Arredondo se atiene a los intereses de la directora general de Salud en el estado, Patricia Mora González, o sea, es una cadena de recomendados y “apadrinados” que se sienten dueños de sus posiciones y piensan que pueden hacer lo que les plazca.
Y mire que a pesar de todo todavía se considera que el G. Parres es mejor hospital que otros de la entidad, como decíamos, entre éstos, el Meana San Román y hay cierta razón, porque acá en el sur el trato que se le da a los pacientes es de lástima, peor que a animales.
Muchas veces la ignorancia de quienes acuden a pedir apoyo es lo que ha evitado una cadena de denuncias por negligencia, pero personalmente conocemos dos o tres decesos de madres de familia que han muerto por desatención, pero como se trata de sectores muy marginados, sin nociones respecto a sus derechos, no pasa nada, no obstante, eso no justifica el mal comportamiento.
Y por lo que vemos, el gobernador Graco Ramírez está lejos de saber realmente lo que está pasando, si enviara a alguno de sus colaboradores más confiables a que diera fe y verificara lo que aquí decimos, otra cosa sería, porque Richardson tampoco se ve que tiene los alcances para enderezar la situación.
TRAS EL M. U. ¿PRESIONES Y CHANTAJES?
Por otro lado, es ya para algunos alcaldes inaceptable el proceder del Secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, lo menos que se menciona es que intenta por los medios que sea obligar a los ediles a cederles el control de la seguridad, sin importar procedimientos, es decir, presiones, chantajes, amenazas.
Bueno, ya en corrillos y cafés se especula respecto a la “siembra de delitos”, algunos sostienen que el robo a comensales en el restaurante “El Secreto” ubicado en avenida Teopanzolco, fue una de esas travesuras del jefe policiaco para obligar a Jorge Morales Barud a ceder.
Y para tal efecto, al señor tampoco le importa si violenta disposiciones constitucionales estatales y federales en materia de competencia en prevención y combate del delito. Bueno, de Jiutepec se revela que a los elementos que el municipio aportó al Mando Único los sobreexplotan y no les dan el pago que se les había prometido, como una especie de desquite porque la alcaldesa Silvia Salazar tampoco ha firmado el acuerdo de ceder terreno en esa materia.
Lo que igualmente se agrega es que Capella está muy presionado, que de arriba le exigen más resultados y sobre todo, absorber el presupuesto económico que corresponde a las alcaldías en esa materia y con ese fin, estaría alimentando la delincuencia y utilizando bandas para delinquir, como en el caso muy particular de Cuernavaca, porque además, va sustituyendo a los mandos por su gente, con el argumento de que son de su confianza y le dan mejores resultados.
Con estos antecedentes, lo mejor que pueden hacer algunos presidentes municipales que no han cedido, es aguantar y comenzar a indagar algunos sucesos que presuntamente han sido inducidos por el jefe policiaco, ya que solamente probando esta teoría podrían contrarrestar las presiones. Pero el señor ya casi festina que tiene a la capital en la bolsa, es el territorio que más le interesa por todo lo que envuelve, no únicamente el dinero.
