No obstante, apreciamos una especie de pasividad de parte de algunas instancias que deberían tomar cartas en el asunto, el tema es tan comprometedor, que ya tenían que haber sido llamados a cuentas, todos los indicios llevan a considerar que actuaron con la firme intención de robar a quienes creyeron que podían regularizar algunos permisos.
Bueno, Adriana Gómez Nájera, dirigente de la organización “La fuerza de la mujer”, recuerda que antes de negociar la entrega de dinero en efectivo para la entrega de permisos, Gómez Basilio y Gómez Cruz les pidieron diez autos jetta del año, que supuestamente se utilizarían como patrullas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SCT), lo cual no ocurrió. Y ella sostiene que el que utiliza Gabriel, es el que entregó el dirigente de una unión de permisionarios de Huitzilac, Gastón Castañeda. Así de descarado está el asunto.
Pero ese fue sólo el gancho, la mayoría de los 152 afectados de la agrupación de Adriana Gómez pagaron 105 mil pesos por cada concesión jamás regularizada, es decir, hablamos de varios millones de pesos en todo este escándalo que involucra a varios personajes, en algo así como “delincuencia de cuello blanco”.
Simplemente no puede haber tanta impunidad, todo esto provoca desánimo colectivo y desconfianza ante las instituciones porque generan la impresión de que hay una cadena de complicidades interminable, hechos de corrupción múltiples que son los que nos tienen hundidos.
Gómez Basilio y Gabriel Gómez Cruz deberán terminar tras las rejas, independientemente de que tengan que resarcir el quebranto económico que les provocaron a tantos transportistas, comenzando por la devolución de los diez carros que les dieron.
Pero los denunciantes se quejaron de que han intentado dialogar sobre el tema con el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, y éste no tiene tiempo para atenderlos, tal vez anda muy ocupado haciendo precampaña electoral por Cuernavaca.
Por lo pronto, los defraudados ya promovieron una denuncia penal contra los aludidos ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos con fecha 2 de abril pasado, para atacar todos los frentes, sobre todo el de la vía legal. Pero, reiteramos, a nosotros nos preocupa que las mismas instancias de gobierno, competentes en la materia, no hayan dado muestra de preocupación para actuar al respecto.
Y la advertencia es que si aquí los siguen ignorando, irán hasta la Presidencia de la República a pedir apoyo para que se aplique todo el rigor de la ley a los presuntos delincuentes, porque eso es lo que son, unos rufianes que se aprovecharon de sus respectivos cargos para sacar dinero.
Penosa situación que sigue dando muestras de complicidades en todos los niveles de autoridad, porque hasta donde sabemos, Gómez Basilio recibe protección de algún nivel de “servidores púbicos” que seguramente también están metidos en el fraude.
ESPÍN-RABINDRANATH, CUENTAS PENDIENTES
Por otro lado, hay por ahí un movimiento social que busca esclarecer algunos hechos de presunta desviación de recursos públicos de parte de Julio Espín Navarrete, edil de Puente de Ixtla, pero cuyas acciones se dieron cuando fue alcalde la primera ocasión y también por parte del hoy senador de la república, Rabindranath Salazar Solorio, cuando pasó por la comuna de Jiutepec.
Por lo que pudimos conocer, en el caso de Espín, se trata de aquel expediente extraviado por algo así como diez millones de pesos que nunca se comprobaron en su aplicación; y en el otro asunto, por la compra de útiles escolares, adquiridos con fondos públicos, pero no autorizados.
Al respecto de Puente de Ixtla, hay la afirmación -que incluso se estaría probando ante autoridades- que sí se inició la denuncia contra Julio, esta obraba en expedientes, cuya evidencia fue borrada, pero ahora se afirma que no por el entonces auditor superior de fiscalización sino por mandos posteriores.
Después de desempeñarse como ediles, tanto Salazar Solorio como Espín Navarrete llegaron al Congreso local como diputados y ahí lo primero que hicieron fue borrar cualquier evidencia que los involucrara en el desvío de recursos del erario, pero siempre quedan algunos cabos sueltos y todo indica que así fue, hay forma de llamarlos a cuentas y a aclaraciones, a pesar de que ya pasaron algunos años.
Hay documentos que todavía conservan esas deficiencias y entonces es muy posible que se llegue a la conclusión de que hubo en tiempos posteriores más complicidades de funcionarios que tendrán que explicar qué pasó y porqué se prestaron para que no se actuara en tiempo y forma.
Como que el ixtleco es muy cínico, poco o nada le interesa cuidar de sus actitudes y acciones, siempre se ha distinguido por eso, pero en el caso de Salazar Solorio sí debe estar algo preocupado, porque hasta donde tenemos conocimiento, pretende buscar la candidatura al gobierno estatal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el 2018 y requiere de un expediente limpio.
Es más, ya anda promoviéndose para tal efecto y dichos antecedentes no son precisamente una carta de buena presentación. Claro, el otro tampoco desea quedarse en la banca, lo menos que desea es buscar la diputación federal en el 2015, aunque sería francamente desafortunado que alguien con tantos señalamientos lograra continuar en el ejercicio de la vida política, son los personajes que han hecho mucho daño a la sociedad, porque van con la clara finalidad de aprovecharse del cargo para beneficiarse de manera ilícita a partir de la aplicación de los dineros públicos.