Y eso data de muchos años atrás, pero de una década a la fecha las cosas comenzaron a complicarse mucho más y esos sitios han sido algo así como territorios libres, donde se puede consumir de todo y el único límite que hay es el de los bolsillos de cada uno de los clientes.
Se trata de permisos otorgados por los ayuntamientos y ahí acontece algo muy similar a las licencias que se dan indiscriminadamente para proyectos y negocios de construcción, porque las alcaldías, en su desesperación por allegarse de dinero de donde sea, no respetan normas, no se establece condición alguna, por eso, como dijo el secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, son demasiados los negocios de ese tipo en todo el estado y ante ello ni un padrón confiable se tiene.
Por cierto, el funcionario en cuestión dijo que vía una empresa privada se va a iniciar un programa de certificación en todo aquel bar o discoteca que quiera entrar al programa “Bar, noche segura”, que tendrá que cumplir con una serie de especificaciones y reglas, tanto en lo referente al asunto de la seguridad, como en lo que tiene que ver con el consumo de bebidas, es decir, quienes entren a un establecimiento certificado sabrán que ahí se les venden productos de calidad, sin riesgo de adulteraciones.
Pero además también dispondrán de sistemas de seguridad más eficientes que les generará confianza, sobre todo después de tantos hechos de delincuencia registrados en dichos espacios. Es decir, estarían entre aquellos sitios denominados “Tesoros de México”.
Aquí vemos algunas conveniencias significativas, una de ellas que los negocios que le entren al programa, seguramente verán mejorado su nivel de venta porque hay muchos que gustan de la vida nocturna, pero con lo que ha venido ocurriendo se han ausentado. Lo anterior pudiera regresarles la confianza y regresar, pero donde se cuente con mayores garantías.
Pero por otro lado se estaría combatiendo esa corrupción de la que hablábamos, la certificación significa también que se operará en la legalidad y entonces nada de permitir o hasta fomentar el consumo de lo no permitido, que para muchos empresarios de ese ramo es lo que realmente les deja dinero, pero mal habido.
Por donde se le quiera ver nos parece que es un acierto, será una manera de ir recuperando el control y sobre todo contar con mayores elementos para poder saber qué es lo que ha venido ocurriendo ahí, porque los ayuntamientos parecen ir sólo por el dinero que esas actividades les han venido dejando y que no es poco, se trata de muchos millones de pesos.
Por cierto, como una estrategia para fomentar el turismo, también Álvarez Cisneros dijo que en unos días más se anunciarán otras acciones como el programa “Morelos y su gente”, consistente en la entrega de tarjetas de descuento para actividades turísticas como museos, parques de diversión, actividades culturales, incluso bares, discotecas y hoteles o restaurantes, con rebajas de entre el 30 y 50 por ciento, sí sería muy conveniente.

Protesta campesina
En otro asunto, miembros del Congreso Agrario Permanente (CAP) en el estado anunciaron su incorporación a movimientos nacionales que llevan la intención de presionar al gobierno federal, a fin de que instrumente programas y apoyos suficientes para poder enfrentar el grave problema de insuficiencia de recursos, para poder mejorar la producción del campo.
Humberto Sandoval Zamora, coordinador estatal del CAP, dijo que este 23 de julio habrá una protesta nacional en la ciudad de México, misma que se replicará en cada entidad federativa donde convergerán organizaciones, asociaciones sociales, agrupaciones ciudadanas, obreras y quien se quiera sumar, para reclamar mayor atención.
La visión es que México y consecuentemente Morelos vienen perdiendo soberanía alimentaria, las tierras de cultivo están siendo absorbidas por la mancha urbana, por el bajo nivel de productividad que las hace no rentables y por los bajos precios en el mercado.
Es decir, en una agenda que se pretende desarrollar con la Secretaría de Gobernación (Segob), plantearán necesidades urgentes como financiamiento barato, tecnología accesible para mejorar la productividad y bajar costos, subsidios e insumos, además de ofrecer disponibilidad para desarrollar actividades sustentables.
Pero también se expresan en contra de lo que llamaron la “criminalización de la protesta pública”, ellos siguen insistiendo en que reciben trato de delincuentes por parte de las policías municipales, estatales y federales, que los extorsionan frecuentemente cuando buscan la comercialización de sus cosechas.
Y van impulsando algo que viene proponiendo la diputada federal por Morelos, Gisela Mota, la creación de un banco de alimentos que sería algo así como el regulador de los precios de los productos en el mercado, para evitar la inestabilidad que se presenta de manera recurrente.
Entendemos que ese proyecto ya está siendo analizado entre el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal, y si llega a prosperar generaría ventajas a productores y consumidores, porque los excedentes de un producto en el mercado de consumo se almacenarían en espacios adecuados, a fin de ponerlos a la venta cuando se presenta la escases, pero sin mayores variaciones en los costos para mantener estabilidad, incluso en el aspecto inflacionario.
Sobre el hostigamiento policíaco, Sandoval Zamora dijo que el Mando Único ha representado para los campesinos un dolor de cabeza, “los policías roban a los hombres del campo, exigiéndoles hasta acta de nacimiento cuando los detienen con productos agrícolas, nunca antes habíamos estado así y esto lo vemos cotidianamente en Axochiapan, Jojutla, Cuautla, algunas regiones productivas en la zona conurbada de Cuernavaca, por eso han propuesto la Policía Rural, pero a pesar de ser un compromiso oficial, no se ha echado a caminar”.