¿Motivos? Porque la Fiscalía General de Justicia lo viene acusando por delitos simplemente irrisorios, si se comparan con los señalamientos que sí son bastante graves respecto a su posible complicidad con la delincuencia organizada. Para acabar pronto, pareciera que lo que se busca con esas acusaciones poco trascendentes, es beneficiarlo.
Por mucho menos de los señalamientos directos que se le han hecho al diputado, ya se le hubiera iniciado una investigación de fondo desde la Procuraduría General de la República (PGR), porque buena parte de esa presunción de delitos es de carácter federal.
Pero si fuera en efecto intención del estado aclarar tantas dudas respecto al comportamiento del polémico personaje, también existen muchos testimonios sobre presuntos hechos del fuero común, crímenes, por ejemplo. ¿Por qué la fiscalía no ha hurgado un poco al respecto?, el presidente municipal Noé Reynoso Nava sostiene que ya la Fiscalía cuenta con pruebas sobre algunos de esos hechos y sólo es cuestión de ir un poco más al fondo para probarle y en ese caso ya tener mayores posibilidades de ejercer la ley en caso de resultar responsable.
Tomás Osorio Avilés sostiene que el Código Penal del Estado de Morelos sí contempla los juicios de procedencia, sólo hay que reunir algunos requisitos de responsabilidad del presunto imputado, pero acepta que ciertamente, las causas por las que la Fiscalía solicitó obrar en su contra son poco serias y con una buena defensa el señor estaría del otro lado sin mucho esfuerzo.
No hay que darle muchas vueltas, tanto el Gobierno del estado como el mismo Congreso local cuentan con los instrumentos necesarios para empujar hacia una investigación seria al respecto, ya sea por la vía de la Procuraduría General de la República o la Fiscalía, sólo es cuestión de voluntad, y si no se hace, es porque simplemente no se les da la gana, tienen intereses o temores, para el caso da lo mismo, de todos modos son corresponsables y hasta cómplices del quebranto del estado de derecho.
Insistimos, lo que vemos con mucha preocupación es la doble moral y discurso con la que se conduce la mayoría de los políticos, por lo menos aquí en Morelos, son los culpables de que presuntos delincuentes consumados evadan la acción legal y con plena impunidad continúen haciendo de las suyas. Y que no se diga que se trata de una posición de medios informativos, lo que ocurrió entre esbirros de Miranda Gallegos y algunos compañeros del gremio es pecata minuta, en comparación con todos los antecedentes que este individuo lleva tras de sí.
MUNDO LABORAL, SERIOS DESAJUSTES
Pero hablando de otras cosas, ayer, en la acostumbrada conferencia de prensa que ofrecen delegados, encabezados por el titular de Gobernación en Morelos, Erick Castro Ibarra, tocó el turno a los responsables de la Junta especial número 31 de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, Pascual Archundia Becerril, al delegado de Fonacot, Gumercindo Álvarez; y de la delegación federal del Trabajo y Previsión Social, Gabriela Gómez Orihuela.
Se dieron números y estadísticas que confirman la desprotección aboral en la que vive más del 60% de quienes se dedican a alguna acción de trabajo remunerativo, el esfuerzo institucional a fin de salvaguardar el interés del trabajador cuando la parte patronal no cumple con las normas legales en la materia y también el aspecto de prestaciones y apoyos que se ofrecen para apoyar necesidades elementales.
La tabla que en el rubro de indicadores de ocupación y empleo presentó Gómez Orihuela es interesante, porque entre 2012 y 2014 ha sido errático el comportamiento, en el primer año la Población Económicamente Activa (PEA) era de 793 mil 176, de ella estaban ocupados casi 780 mil. Para el primer trimestre del presente año, la PEA era de 804 mil 715 y la ocupación de 775 mil 798, es decir que entre 2012 y 2014 se han creado poco más de 15 mil espacios. Más aún, que durante el 2014 llevaríamos sólo unos tres mil empleos nuevos.
El ritmo de desarrollo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el 2013 se registró un decrecimiento industrial, 19 entidades federativas crecieron, 13 decrecieron, entre ellas Morelos con menos del 7%, por eso se siente todavía el efecto de la insuficiente oferta de empleos.
Cosa aparte es pues el tema de la informalidad laboral, 531 mil 189 que no cuentan con seguridad en salud, prestaciones de ninguna naturaleza y pueden ser despedidos en cualquier momento sin la necesidad de una compensación, están a la deriva, todo ello, contra 262 mil 882 formales, sólo un 33.9%.
Pero aún dentro de la actividad formal, hay muchos a los que se les niegan derechos, es ahí donde interviene la Junta Federal del Trabajo, pero el responsable admite que tiene una enorme carga de trabajo, porque además no cuenta con equipo humano y material suficiente para poder atender con agilidad las denuncias presentadas.
Un asunto de recurrente atención en esta dependencia en lo relacionado con las afores, que como siempre, intentan despojar de sus beneficios a los trabajadores, ahí se han tenido que emplear de fondo, obligando al pago de unos 21 millones de pesos.
Y Fonacot presentó algunas novedades y prestaciones recientes, como en el caso de la tarjeta para la mujer, que ofrece descuentos en compras y el programa TN3 para ayudar a quienes llegan a ser damnificados por lluvias. Es decir, todo un andamiaje que busca contribuir a un mejor nivel de vida en el aspecto laboral, pero que a pesar de todo, el aspecto del escaso desarrollo nos lleva a situaciones bastante críticas para algunos sectores.
Radiografia del Poder
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Miranda: reflejo de impunidad
Mundo laboral: serios desajustes
Sólo polémica ha generado el penoso caso del diputado local Alfonso Miranda Gallegos, la conclusión es que difícilmente se le podría instaurar un juicio político, a fin de despojarlo del fuero constitucional que lo protege en calidad de “representante popular” para llevarlo a los tribunales.
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