Integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aliados revelaron que el pasado nueve de los corrientes por la tarde noche, sostuvieron una reunión con el Jefe del Poder Ejecutivo, quien les oficializó dicha idea. Uno de ellos dijo incluso que lo anterior provocó ciertas diferencias entre el mandatario y sus interlocutores, porque los legisladores lo consideraron exagerado.
Es decir, por ahí vienen las cosas, pero aquí lo preocupante es la cantidad de empleados que pueden salir a la calle. Hablamos de miles, es decir, jefes y jefas de casa que pudieran de un momento a otro quedarse sin empleo, sin ingresos, e irían a engrosar las filas del desempleo.
Claro, tampoco el gobierno es bolsa de trabajo, debe disponer del recurso humano indispensable para poder cumplir con sus responsabilidades públicas, pero hasta ahí, de otra manera las administraciones se transforman en monstruos burocráticos que consumen presupuesto y paralizan al propio gobierno, y no es esa la finalidad inicial de la actividad gubernamental.
Pero aplicar un recorte de esas dimensiones lo primero que provocará será demandas laborales en cadena, juicios múltiples que no podrán ser atendidos cabalmente si partimos del hecho de que el asunto surge a partir de la insuficiencia presupuestal.
O sea, la determinación tendría que venir acompañada de una liquidación conforme a la ley de los que tengan que salir; de otra manera el gobierno estaría enfrentando reacciones bastante fuertes y críticas recurrentes de todos lados. No es seguramente esa la intención al desarrollar esta estrategia.
De entrada, la Secretaría del Trabajo se vería rebasada en sus capacidades para atender a los inconformes. Eso es lo de menos, pero insistimos, ¿Cuánto dinero se necesitaría para liquidar a cuatro mil empleados que estarían siendo dados de baja, ateniéndonos al 50 por ciento referido? Cientos de millones de pesos, seguramente, aunque debe haber ya un análisis previo de todo eso.
Aún así lo consideramos difícil, pero más aún, se trataría de un hecho histórico, no tenemos antecedentes de algo así en el pasado, ya no pensemos en fechas recientes.
Sin embargo, también se entiende que la idea es reducir considerablemente el gasto corriente para poder tener márgenes de acción en inversión pública, por ejemplo, pero de que sería algo para analizarse, ni qué decir.
Ahora bien, ¿a quiénes se va a correr? También se tiene que tener ya una clara definición, lo que se señala es que continúan existiendo cientos de plazas cuyos trabajadores, o tienen doble función con otros compañeros, o simplemente no desarrollan sus tareas de manera correcta, y por eso serían sustituidos por gente más comprometida.
De la manera que sea, la información en torno al tema ha generado ya una especie de sicosis en la administración pública estatal. Ya hay muchos que se consideran despedidos, porque se sienten con nulo apoyo en este gobierno y eso es casi generalizado. La expresión más recurrente es “y ahora que vamos a hacer, es nuestro único ingreso familiar”.
Y es que a la base laboral no se le ha dado información alguna sobre el asunto, aunque a muchos se les vienen diciendo que ya son sus últimas quincenas, pero de manera general, los secretarios de despacho no están ventilando las cosas de manera adecuada.
El único que se ha adelantado a los hechos, tal vez por haber sido el primero en conocer de dichos planes, ya que es tema de su competencia, es el secretario del Trabajo, José de Jesús Pérez Moreno, quien ya comenzó a sanear los tribunales laborales y va por mucho más, pero en las otras dependencias, los están agarrando de sorpresa.
Bueno, ya también desde el Congreso local surgieron muchas reacciones, estimando que se trata de una decisión demasiado drástica, porque traería algunas consecuencias: en primer lugar, abonar en el desempleo; en segundo, ofrecer más “carne de cañón” para los grupos delincuenciales, algo que se antoja contradictorio ante el compromiso de ir abonando en la recuperación del tejido social.
Sobre la posible fusión de secretarías, el titular de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, no descartó que ello se dé entre esa instancia, Cultura y Economía, pero anticipó que personalmente presentará una propuesta de reducción de personal, que porque el gabinete en pleno estaría haciendo lo mismo este sábado durante una reunión ya programada con Ramírez Garrido.
Por todo lo que se ha venido diciendo sobre la Secretaría de Cultura, sería un acierto fusionarla con alguna otra, pero los alcances pudieran ser mayores, ateniéndonos a lo dicho por Álvarez. La verdad es que se venía polemizando desde hace semanas respecto a despidos en gobierno, pero no se tenía el alcance de lo que ahora se pretende, se llegó a decir que serían unas 700 bajas.
Es decir, el tema ya se venía trabajando entre el mandatario y sus colaboradores pero no se soltaba, fue hasta que el secretario del Trabajo lo comentó muy de pasada, pero que debido a sus dimensiones, se le dio la importancia que merecía en medios y mire que quienes tuvimos la información directa fuimos unos cuantos.
El gobierno, así lo parece, guardaba la propuesta para que fuera sorpresa, como una de las novedades en torno al segundo informe de labores que ofrecerá el primero de octubre, pero se le adelantó un poco.
Para muchos ha sido mejor así, a fin de que se valore a profundidad las consecuencias que algo así puede traer, no obstante, las señales que se siguen recibiendo nos llevan a considerar que la decisión está tomada y no hay marcha atrás.