De pronto se cae en cuenta que el cabal cumplimiento de la constitución general de la república en esa materia es imposible de cumplir, muy en especial en aquello que indica que los municipios y los estados son responsables de garantizar la seguridad a los ciudadanos.
El decálogo expuesto por el mandatario nacional admite que en más de dos mil municipios existe probada incapacidad para poder enfrentar la delincuencia, señalando que en buena parte de ellos no se cuenta ni con 20 policías y ya imagina usted bajo qué condiciones, es decir, sin preparación ni adiestramiento alguno como para enfrentarse a grupos de la delincuencia organizada.
Usted recordará que todavía hace unos años los elementos policiacos disponían de algún tolete, uniforme y con ello parecía suficiente para que su autoridad se hiciera respetar, a lo más que llegaban era a portar alguna escopeta o arma corta de uso común, no se necesitaba mucho más, el grueso de la sociedad se conducía con valores como la honestidad, respeto, educación -y aunque no supieran leer ni escribir-, pero de una década a la fecha, la situación cambió diametralmente.
De manera marcada, podemos asociar el florecimiento del delito de alto impacto, al inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa como jefe del Poder Ejecutivo federal en el 2006, a partir de ahí el escenario comenzó a cambiar, la capacidad operativa de los delincuentes fue superando a los primeros niveles gubernamentales, los municipios pronto quedaron obsoletos en cuanto a su capacidad de reacción, los malosos los superaron en tecnología, equipo y maldad, por supuesto.
Hoy, se tiene que pensar en estrategias muy diferentes para poder lograr la recuperación del control de la vía pública y todo oscila en torno a la producción, venta y consumo de estupefacientes, el tamaño del dinero que se mueve en dichas actividades pareciera no tener límite, de tal manera que los grupos articulados no encuentran mayores resistencias ni obstáculos para comprar la consciencia y el servicio, desde el policía municipal , hasta algún funcionario de primerísimo nivel en las escalas del ejercicio del poder público.
Al norte de la república se cuenta con el mercado de consumo más grande del mundo, a decir del gobernador Graco Ramírez Garrido, en Estados Unidos hay más de 30 millones de adictos a cualquier droga y de las más fuertes, independientemente de que ya en México la estadística al respecto es cada vez más alarmante.
Y sobre en este punto en particular, Ramírez Garrido consideró ya necesario entrar al debate nacional respecto a la legalización de la mariguana, incuso hizo un llamado a la presidencia de la república, al Senado y la cámara baja, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se valore seriamente el tema, considerando que ello ya se da en la unión americana y sería una acción que bajaría los niveles de criminalidad y violencia.
Bueno, dijo que las víctimas del crimen muestran a un país con niveles de muertes dolosas por arriba de aquellos estados en guerra civil, a tal grado, que se ha tenido que recurrir al apoyo del Ejército y la Marina, cuando constitucionalmente no es correcto. El hombre lanzó su propuesta, vamos a ver cuál es la reacción de los poderes y los políticos en tal sentido.

¿Golpe final a PASA?

Y parece que luego de años de intentos por recuperar el ventajoso convenio que tuvo en la recolección, manejo y destino de la basura, la empresa regiomontana Promotora Ambiental de Cuernavaca (PACSA), vuelve a recibir otro golpe, la solicitud de someter a juicio político al edil capitalino Jorge Morales Barud no prosperó.
Tratando de regresar -pero no lo que se había llevado, que fue mucho- desarrolló campañas de desprestigio contra aquellos que consideró responsables de que se le suspendiera el contrato, el ex edil, Manuel Martínez Garrigós fue el más afectado de ese golpeteo, sin embargo, tampoco Barud escapó, en su oportunidad, intentó presionar al Poder Legislativo para que le iniciara juicio de procedencia.
Pero los magnates de esa empresa de tendencia panista cometieron algunos errores, hasta donde sabemos, entre las cláusulas se hacía hincapié en que por ningún motivo, así fuera ante incumplimiento puntual de pago, se debería suspender la prestación del servicio, ellos dejaron de hacerlo cuando les debían algunos meses y seguramente por ahí se encontró una debilidad que jurídicamente se aprovechó.
Una vez que el Congreso ha desechado su exigencia, lo más conveniente es que se resignen y comprendan que el influyentismo que permitió, se apoderaran de contratos millonarios en buena parte de los estados donde gobernaba el Partido Acción Nacional (PAN), ha terminado, son otros tiempos y otros actores los que gobiernan al país y las entidades.
De todas maneras, con el tiempo que explotaron esta plaza, hicieron de las suyas, porque no cumplieron a cabalidad los términos del compromiso y utilizaron su estadía aquí para ampliar el negocio más allá de lo pactado, deben darse por bien servidos y alejarse de nuestro territorio.
Un grupo de empresas pequeñas identificadas como Sistemas de Recolección de Cuernavaca (Sirec) son las responsables hoy de la tarea de mantener limpia a la capital del estado, por lo menos se beneficia a inversionistas locales y se genera empleo para los morelenses, esa debe ser la tendencia y además, a pesar de que no cuentan con equipos tan sofisticados como los de PACSA, puede considerarse que se cumple con la tarea fundamental de recolección.