Ayer, en un medio de información nacional uno de los columnistas hacía referencia de la presencia de dos o tres cárteles que dominan la tierra morelense, decía que el más fuerte es el de “Los Rojos” y hacía mención del famoso “Carrete”, sobrino del diputado local Alfonso Miranda Gallegos.

Habría que ver hasta donde fue preciso en las referencias, pero en alguna de las expresiones señaló que el jefe policiaco Jesús Alberto Capella Ibarra le había dicho que “el diputado local es presuntamente uno de los que comandan esa organización conjuntamente con su sobrino”.

Hasta aquí no hay nada nuevo, son indicios que todos los que andamos en esto de la comunicación sabemos, pero señaló: “unos 14 alcaldes y tres o cuatro diputados locales estarían involucrados con la delincuencia organizada”. Y, claro, también se han dado señales en ese sentido, pero no en tan elevado número, en lo que se refiere a los ediles.

Volvemos a lo mismo, si no hubiera complicidad de autoridades formales, funcionarios públicos, legisladores, alcaldes, difícilmente los mañosos podrían operar en cualquier espacio territorial, son estas redes de perversión las que impiden combatir en serio a los enemigos públicos.

Seguimos enredados y francamente, más que a la efectividad policiaca, son presuntos acuerdos y arreglos entre jefes de las mafias y “servidores públicos” lo que ha llevado a un descenso en la incidencia en esta materia, tan claro, en la zona sur de la entidad las cabezas de esas agrupaciones se siguen moviendo sin mayores problemas.

Ahora los partidos políticos nos vienen con el cuento de que van a eliminar el riesgo de incluir en candidaturas a aspirantes con dudosa calidad moral, a través de los exámenes, lo cierto es que para aquellos que andan buscando una oportunidad electoral y no los quieren los líderes partidistas, es más bien una manera de quitárselos de encima, es decir de eliminación.

Los políticos y no se diga aquellos cuadros de un partido se conocen de toda la vida, ellos saben muy bien cuando algunos de sus militantes distinguidos andan en malos pasos, con las manos en la cintura y sin tener que recurrir a exámenes les impedirían el paso.

Si eso no fuera suficiente, la sociedad misma, aquella que cohabita con algún presunto maloso sabe en qué anda, porque dicen que lo tonto y el dinero no se pueden ocultar y cuando el patrimonio de alguien cercano empieza a mejorar sustancialmente sin mayores esfuerzos, es porque algo raro acontece. En resumen, la complicidad de las autoridades con la delincuencia no es cosa del pasado, en el país, estados y municipios la maraña no se ha logrado desmantelar y quizás algunos acuerdos sean los que han logrado modificar las circunstancias, pero no la efectividad en el combate.

EQUIDAD DE GÉNERO, CONFLICTO EN EL PRD

Ahora en un tema distinto, el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Luis Correa Villanueva sigue amenazando con impugnar la determinación del Tribunal Estatal Electoral que ratifica la validez de la equidad de género, en lo que se refiere a la paridad en la participación de la mujer para cargos de elección popular.

Reiteramos, esto podría perdonarse en institutos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el propio Partido Acción Nacional (PAN), pero de ninguna manera en el perredismo, que ha basado históricamente parte de sus luchas, sobre todo electorales, en esa paridad, vienen usando de años el recurso como manera de atraer apoyos del sector femenil y podría decirse que en su momento les dio resultados.

Ahora sabemos que se ha tratado de un discurso y propuesta de demagogia, porque no eran autoridad y lo que necesitaban era ganar espacios a costa de lo que fuera, una vez que lograron el propósito, no encuentra la manera de combatir la norma ya considerada en ley.

Mucho se ha insistido en el absoluto respeto a los derechos humanos, ese es uno de ellos, de participar en política y disputar todo tipo de espacio electoral que se requiera, en lo que corresponde a esta elección, las alcaldías, las legislaturas locales y las federales.

Tememos que en mucho, esta actitud de la dirigencia estatal del PRD y en espacial de Correa Villanueva tenga que ver con las aspiraciones de la diputada federal Gisela Mota a la presidencia municipal de Temixco, donde hará cuestión de cuatro o cinco meses, el diputado local David Martínez Martínez llegó a considerarse ya dueño de la plaza.

Caro podría pagar el precio ese partido, si insiste en combatir la disposición legal ante el TEE, algunos cuadros valiosos podrían irse o en su caso hacer campañas en contra de las imposiciones o decisiones poco congruentes de quienes tienen esa facultad  al interior del perredismo.

Y no es tampoco la primera vez que ocurra eso, ha sucedido en el reciente pasado, cuando se agreden los derechos de otros, en la lucha por candidaturas nadie podría negar hoy día que el PRI perdió más ampliamente la elección por la gubernatura en el 2012, debido a ese tipo de conflictos, aunque se niegue Manuel Martínez Garrigós, quien luchó por ser candidato al gobierno en esta justa, tras ser relegado, trabajó y con todo a favor del bloque de izquierda, lo mismo hicieron Maricela Sánchez y Guillermo del Valle Reyes.

Por eso sostenemos que el costo del PRD, si impugna la última decisión del tribunal, pudiera incluso significar la diferencia entre ganar o perder posiciones a nivel ayuntamientos o diputaciones, pero ellos saben su rollo y las razones por las cuales vienen actuando en contra de sus propios principios partidistas.