Se trata de Rosendo Gama Ramírez y Pedro Beltrán Linares, quienes habían ingresado a laborar en dicha mina desde finales del 2013, los hechos se dieron el pasado 18 de febrero, pero la preocupación de sus familiares es porque todavía no saben nada de ellos, a pesar de una búsqueda intensa.

Claro, la esperanza es que ellos estén a salvo, sin embargo, el que hasta el momento no tengan ninguna referencia de su localización viene causando temor y ante ello han acudido a la Fiscalía General de Justicia del Estado para solicitar ayuda, piden que se solicite la información directamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), porque los sucesos se dieron en esa jurisdicción.

Esto ya sería el colmo, no logramos encontrar la calma en el interior del Estado, la delincuencia continúa generando víctimas y ahora hasta fuera de su territorio nuestros paisanos pudieron haber sido agredidos, sólo por defender sus derechos laborales, porque eso es lo que hacían en su conjunto.

En efecto, el origen del estallamiento de la huelga fue porque venían exigiendo cabal cumplimiento a algunas de las prestaciones y apoyos, considerando lo que ha venido pasando en otras minas en años recientes, lo menos que podían hacer era solicitar la entrega de herramientas apropiadas para sus labores. Sin embargo la respuesta fue una golpiza, en la que se usaron armas blancas o punzo cortantes y con las que se habría quitado la vida a algunos trabajadores.

Ellos forman parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SUTIC), pero ya sabe usted, en la absoluta mayoría de esos organismos, en lugar de defender los intereses de los agremiados, los dirigentes están amafiados con la parte patronal y actúan en ese sentido.

Este sería el caso, sin embargo, se menciona que también miembros del SME participaron en la refriega, aspecto igualmente preocupante si nos atenemos a su discurso histórico de defensa de los derechos y reclamo de justicia en todos los sentidos, porque se auto consideran combativos, aquí habrían actuado en contradicción con su filosofía.

El caso es que no hay referencias de ambos muchachos, porque además nadie les quiere orientar, de ahí que se vieran obligados a solicitar la intervención del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado a fin de que ayude en la intermediación con la Procuraduría capitalina, donde debe haber mayor conocimiento de todo lo ocurrido. La cosa es que pasó hace casi una semana y no se conoce el paradero de los trabajadores, a los que se les considera con vida.

MUNICIPIOS, LAS COSAS SIGUEN DIFÍCILES

En otro orden de ideas, la secretaria del trabajo Gabriela Gómez Orihuela admite que la situación laboral en la mayoría de los ayuntamientos sigue mostrando serias dificultades, falta diálogo y entendimiento entre el comité sindical y los Cabildos, los alcaldes difícilmente se bajan a platicar con los secretarios de esos organismos y eso genera vacíos y errores en la toma de decisiones.

Y decía igualmente que se aprecia otro fenómeno, que tampoco hay esa cercana relación entre el presidente municipal y los responsables de la Tesorería, que finalmente son los que saben perfectamente cuál es el estado que guarda la administración en esa materia.

La cosa es que sin el análisis y los acuerdos necesarios, los ediles suelen meter mucha mano en lo que tiene que ver con la parte laboral y especialmente de las finanzas, causando graves deficiencias y muy especialmente abundando en problemas que los han llevado a un quebranto económico, por despidos injustificados.

En la mayor parte de las comunas, los alcaldes sólo van empujando hacia adelante las deudas y los laudos vencidos, aprovechando el final de año, buscaron estimular por adelantado el pago de impuestos como el predial, a fin de echar mano de los recursos para medio maquillar la situación.

Pero no hay un esfuerzo real por ir dándole vuelta a esa página y por el contrario una vez que consideren que ya están fuera del alcance de la justicia, incrementarán la rapiña en detrimento de la administración entrante y así nos iremos indefinidamente.

Y decimos que no hay voluntad porque hay una sobrepoblación de trabajadores, las nóminas están sobrecargadas y no corresponden al momento presupuestal que enfrentan los ayuntamientos. Sin embargo, todo ello tiene que ver con el pago de facturas, pero políticas, derivadas de acuerdos electorales y pactos no escritos con personajes que luego cobran con creces los favores.

Pero debido a las lagunas que hay en la ley, ningún alcalde ha podido ser destituido por incumplimiento en el pago de laudos perdidos, bien, la alcaldesa de Jojutla, Hortensia Figueroa, fue notificada de su destitución por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y sin embargo ya ha dicho que va segura por otra candidatura. No hay respeto a las normas y pareciera que vivimos en un mundo de fantasías y falsas ilusiones, donde aquellos con influencia, poder y toma de decisiones están por encima de la misma Constitución.

Y usted puede voltear hacia donde le guste, cuando de impartir justicia se trata, encontrará un cochinero en todos lados, el tráfico de influencias, la dilación, la corrupción abierta hace que cualquier juicio o proceso se prolongue indefinidamente, afectando sobre todo a la parte más débil, que en lo que toca a laudos, son los trabajadores despedidos a quienes se les niega el pago de prestaciones de ley, ese es realmente el estado de cosas en el que vivimos.