Nos referimos sustancialmente a legisladores locales que se quedaron “colgados de la brocha”, pero que por su cercanía con el gobernador podrían ser llamados a “colaborar”.

Una vez que termine la actual legislatura, personajes como Juan Ángel Flores Bustamante, Teresa Domínguez Rivera y algunos ediles perredistas buscarán colocarse en la administración estatal y es muy probable que se les pida la renuncia a algunos que "ya cumplieron su ciclo", como se dice en política.

Bueno, hasta el propio Jorge Messeguer Guillén tratará con seguridad de regresar –no lo que se llevó, dijera el dicho- sino a usufructuar el erario público lo que le queda a este sexenio, porque podría no haber mañana, así como se están poniendo las cosas.

Pero no sólo los que fueron derrotados en las urnas, también quienes se sentían ya seguros con una curul en la cámara local de diputados y que por cuestiones de votos o de equidad de género no entraron. Ahí está Manuela Sánchez López, que estaba supuestamente “amarrada” porque fue aspirante a una diputación local de mayoría, pero venía como segunda en la lista de plurinominales. Pues no logró pasar por ninguna de las dos vías.

No querrá quedarse sin nada, va a presionar para lograr un cargo en la administración estatal que le dé vida económica los restantes tres años del sexenio ypor eso advertimos que los relevos se empezarán a dar a partir del mes de septiembre y no en este momento.

Pero ya lo decíamos en días anteriores, por el mensaje que la ciudadanía envió a las autoridades estatales con su voto en las urnas, necesariamente tendrá que darse un cambio en las políticas públicas y en la actitud de los propios “servidores públicos”. Si no es entendido así, podremos anticipar mayores problemas, tormentas y nubarrones.

Hay posiciones que ya como que merecen oxigenarse, como la que ostenta Cristina Faesler, la de Salud, Vesta Richardson; el mismo fiscal Rodrigo Dorantes Salgado y otros más, porque tienen muchos reclamos y hasta presunciones de corrupción. En Dalud se habla de más de 500 millones de pesos como presuntos desvíos, así que hay mucha tela de donde cortar.

                                                               DESECHOS SÓLIDOS, ¿CUÁL ES LA JUGADA?

Y en un  tema distinto, el asesor de un legislador local decía al reportero que la administración pública estatal viene trabajando sobre una propuesta que presentará al Congreso local en unas semanas, mediante la cual se busca convencer a los diputados de que los municipios han demostrado incapacidad para resolver el problema de los desechos sólidos en sus respectivos territorios y que por lo tanto, lo mejor sería que el estado se haga cargo.

Pero señalaba que “es un plan con mucha maña, todos sabemos el jugoso negocio que es la basura cuando se sabe manejar y aquí lo delicado es que ni siquiera sería el gobierno estatal el que manejara el asunto. No, la idea es entregarlo a un tercero, la empresa Cruz Azul, y eso ya rompe con las normas y vulnera la autonomía municipal, porque la finalidad es convertir el rubro en una mina de oro”.

Incluso adelantó que “la posición de algunos  diputados es impedir que esta amañada intención llegue a prosperar, porque entonces ya nos llevó la trampa,  el esquema es muy ambicioso y busca engañar a todos, de alcanzarse dicho objetivo, se hará el negocio del sexenio”.

Pues ya se ha intentado en dos ocasiones aprobar el proyecto, sobre todo con el apoyo de la bancada perredista, no toda, porque hay quienes vienen mostrando recelo, porque admiten que los alcances del plan se salen de los márgenes de la ley y las normas vigentes en la materia.

Y es que de acuerdo al trato que se le viene dando, se intentará aprovechar la coyuntura de la salida de la actual legislatura con la entrada de la que viene, considerando que los nuevos integrantes del recinto legislativo carecerán de conocimientos en la materia y pudieran ser fáciles de convencer, más si tempranamente puede darse un  “estímulo”, como se acostumbra en eso de las negociaciones y desde luego que no les caería mal una lanita extra apenas arrancando el periodo.

Así que tanto los representantes salientes como los que tomarán protesta el primero de septiembre tendrán que estar muy atentos para no cometer un grave error que se traduzca en negocio de unos cuantos funcionarios y hasta en detrimento de los ediles en turno. Se habla de una ganancia anual estimada en 600 millones de pesos anuales, claro, a ser distribuida entre funcionarios y empresarios.

Y es que más allá de lo anterior, efectivamente hay un sistema deficiente de recolección de desechos sólidos, buena parte de las alcaldías tienen serios problemas para ofrecer un servicio de limpia y recolección adecuado a sus ciudadanos, independientemente de que la mayor parte de la basura no se confina y el estado mismo luce sucio.

Las vías de comunicación dan cuenta de ello, hay vialidades de Morelos que parecen tiraderos a cielo abierto, sin embargo, eso tampoco puede ser argumento para que el gobierno del estado se apodere del negocio, porque la estrategia va más en ese sentido que en mejorar las cosas.