Es decir, como se habrá dado cuenta, no le hacen ningún trámite si no presenta el contrato con la empresa aseguradora que usted escoge entre una gama de propuestas que le presentan. No nos parece que lo anterior esté mal, por el contrario, de esa manera se garantiza, que en el caso de algún percance en vía pública, los involucrados puedan resolver el conflicto sin mayores dificultades y sobre todo, que no pase lo de siempre, que quien pega, escape sin pagar los daños.
Sin embargo, a decir de algunos funcionarios menores de la Fiscalía General de Justicia, ya también en este terreno hay una serie de perversiones y distorsiones que dan fe de los alcances de la corrupción en las diferentes instituciones, no se diga en aquello que tiene relación con la impartición de justicia.
A decir de un perito, las empresas aseguradoras -por lo menos la mayoría, ojalá que no todas- encontraron una forma de incumplir con la cobertura del seguro de autos mediante “acuerdos” y componendas con el personal de evaluación, peritaje y en general, aquellos que tienen que ver con el levantamiento de pruebas a fin de deslindar responsabilidades cuando se da un choque, por ejemplo.
O sea, así lo afirmaron estos funcionarios de la Fiscalía, “algunas aseguradoras tienen comprados a los peritos y demás personal que interviene en ello, les dan una lana por fuera, a fin de que los resultados sean de acuerdo a sus intereses, para evitar tener que realizar pagos parciales o totales en caso de incidentes graves”.
Pusieron dos o tres casos en los que se refleja ese tipo de acciones deshonestas. Quien fuera subprocurador de justicia en tiempos de la administración de Jorge Carrillo Olea, Rafael Borrego Díaz, sufrió una de esas experiencias, su esposa tuvo un accidente hace poco más de una semana, los sucesos eran muy claros y él mismo se encargó de verificarlo; en presencia de la aseguradora, el conductor del otro auto era el responsable, así se estableció en el lugar, pero al día siguiente, cuando ya le entregaron el peritaje, todo había sido cambiado, no había nada que hacer”.
Bueno, una maestra ofreció igualmente su testimonio, confirmando que desde el interior de la Fiscalía existe todo tipo de complicidades con distintas aseguradoras para que los peritajes se elaboren conforme a los intereses de esas empresas, dejando en total indefensión a los presuntos “asegurados”.
Bueno, el perito comentó otro suceso en el que un automovilista chocó ligeramente contra un poste en la vía pública, se la hicieron en grande, llegó la aseguradora y le dijo que no había problema, que dejara el asunto en sus manos, pero le hicieron la vida imposible, acabó pagando 100 mil pesos y estuvo tres días en la cárcel y todavía a manera de burla un ejecutivo de la empresa le llamó para decirle que era cliente Premium y que a la otra no pagaría nada.
Para acabar pronto, que la mayoría de aseguradoras han convertido esta disposición legal y obligatoria de adquirir un seguro de auto a fin de poder realizar cualquier trámite al respecto, es hoy un jugoso negocio, que necesariamente alguien lo está permitiendo y alimentando desde la Fiscalía General de Justicia o ¿acaso desde más arriba?.
Esto parece muy real, porque quienes nos ofrecieron la información, laboran en la misma instancia y entonces podemos advertir que es algo verdaderamente increíble, porque la perversión alcanza niveles insospechados. Por lo menos en el reciente pasado no se sabía de algo parecido.
Ahora bien, ¿estará el fiscal Rodrigo Dorantes Salgado enterado del negocio en el que anda metido el personal competente en esa materia?, igual y no, sin embargo, eso no lo exonera de responsabilidades, porque la omisión como el desconocimiento son prueba de ineficiencia o complicidad.
Igual y se trata de un negocio en un nivel inferior de esa dependencia, no obstante, tiene la obligación de estar informado, a través de sus subalternos, de lo que ocurre en las estructuras de la dependencia a su cargo y es imperdonable que el ciudadano tenga que padecer todo tipo de vejaciones y extorsiones de aquellas instancias que están para ofrecer decisiones apegadas a derecho.
O sea, las aseguradoras no reconocen las obligaciones que tienen con el asegurado, porque saben que tienen el control y el manejo de quienes hacen el levantamiento informativo. Ya en sí, estas empresas tienen un mercado asegurado a partir de que existe una obligatoriedad en la contratación del seguro automovilista, algo que en el pasado no se daba.
El propietario de un automotor podía o no contratar sus servicios, era opcional y claro, asumía el riesgo de tener que pagar sumas importantes en caso de llegar a padecer algún accidente o incluso, perder la unidad en caso de robo, pero ahora ya es por Ley y no hay para dónde hacerse.
Entonces, ese tipo de negocios estarían en este momento haciendo el negocio de su existencia, porque la cartera de clientes se les incrementó con dicha obligatoriedad y ahora ellos se han encargado de evadir el pago del seguro mediante compra de voluntades en los levantamientos periciales y como siempre, que se amuele el ciudadano, que pague las consecuencias de autoridades inmorales y perversas que por unas cuantas monedas ofrecen un trabajo a modo.
Por esa y muchas otras razones es necesario que el gobernador haga un alto en el camino, revise el desempeño y rendimiento de todos y cada uno de sus colaboradores y en el caso de aquellos que no le hayan dado la respuesta esperada, mandarlos a descansar, ya basta de abusos, la sociedad merece respeto y consideración.
