El enojo surge a partir de que se ha decidido dar de baja a 50 trabajadores, para cuya liquidación -sostienen ellos- hay una bolsa de 55 millones de pesos, sin embargo, sostienen que los diputados salientes intentan de última hora, dar otro golpe financiero, buscan obligar a los que están en la lista negra, a firmar sus respectivas renuncias de conformidad con una mínima liquidación que no corresponde a la Ley.
Uno de los afectados dijo a La Unión de Morelos que “ya algunas cabezas de grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo para entregar a los despedidos sólo una quinta parte de lo que les corresponde en liquidación, para quedarse con la mayor parte del fondo para ello destinado”.
Luego explicó que “con base en la Ley y la asesoría legal de algunos abogados, nos corresponden tres meses de salario por año y el equivalente de dos más, derivado de lo que tiene que ver con prestaciones como parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional o algunos conceptos más, es decir, sería algo así como cinco meses, y sólo quieren entregar uno”.
Un abogado que también se encuentra entre los 50 que causarán baja, agregó que “se ordenó a tesorería retener el pago de la última quincena a los que serán despedidos bajo la condición de que sólo se les entregará si firman la renuncia de conformidad con lo que se les está ofreciendo, que es una miseria”.
En conclusión, de los 55 millones que se tienen para este efecto, buscan destinar sólo la quinta parte, o sea, algo así como 11 millones, los restantes 44 estarían siendo prorrateados entre los diputados que buscan desviar esos recursos para beneficio personal y eso está generando conflicto con la base laboral, aunque aquellos empleados que están sindicalizados, no enfrentan el riesgo de despido, se trata del personal de confianza.
Pero los miembros de esta legislatura también buscan resolver algunos otros pendientes que les pueden significar beneficios, como el nombramiento de funcionarios que tendría que ser ya responsabilidad de la próxima legislatura, como en el caso del fiscal anticorrupción.
Personal clave de lo que fuera la Auditoría Superior de Fiscalización y dos espacios correspondientes al Poder judicial, por eso buscan ir a un periodo extraordinario de sesiones a fin de ventilar esos temas, pero de ninguna manera se trata de interés meramente legislativo, buscan un beneficio y lo que se considera prudente es que los diputados electos se pongan las pilas y exijan que esos pendientes se definan hasta que ellos lleguen, a partir del primero de septiembre, es lo menos que deben hacer, les están “picando los ojos” abiertamente, pero además, agrediendo los derechos de quienes, legítimamente reclaman ser liquidados conforme a la ley.
Esto es imperdonable, se continúan exhibiendo hasta el final pero ahora les están pegando a sus propios empleados. Hasta donde nos quedamos, afortunadamente no se había logrado el acuerdo para aprobar ese periodo extraordinario y ya estamos a muy pocos días de que tengan que dejar sus curules, pero harán hasta lo imposible por conseguir el objetivo, ya los conocemos.
Se afirma que detrás de esto hay una especie de alianza entre los bloques de la izquierda y la derecha, que pareciera, ha sido el instrumento para lograr concretar dos o tres negocios bastante atractivos. Entre esos, estaba la intención de lograr que los 33 municipios aceptaran la concesión del alumbrado público y de la recolección de basura a empresas privadas, finalmente sólo pudieron obtener las metas de forma parcial, pero por ahí siguieron caminando bajo el esquema de que, tú me das y yo te doy, y por lo menos entre ellos, evitar los conflictos y debates públicos respecto a esos temas un tanto delicados.
No es la primera vez que esto se da, aunque no bajo los mismos mecanismos, todavía recordamos cuando, al final de la pasada legislatura, buena parte de los “representantes” populares que salían, trataron de condicionar la entrega de apoyos y despensas los sindicalizados, a la sindicalización de personal al que legalmente no le correspondía, por sus altos sueldos.
Uno de los requisitos al respecto, es que el posible beneficiario, además de cumplir con los años necesarios de servicio, no tenga un sueldo superior a los 15 mil pesos y se pretendía sindicalizar a funcionarios de medio pelo con más de 30 mil pesos de salario. El sindicato aguantó sin recibir sus despensas y apoyos, por dos o tres meses, hasta que esos legisladores rufianes se fueron, para recuperarlas, ahora el propósito es robarles casi toda su liquidación, alguien debe hacer algo, ¿no le parece?.
Pero además, dijera usted, pobrecitos diputados, se quedarán sin nada, pero no, los que están tratando de operar el jugoso negocio son personajes que ya tienen un espacio seguro en el Congreso de la Unión, sin embargo, intentar dar un último buen golpe. Con todo esto también recordamos el comentario de un amigo que pasó por la jefatura de prensa del Congreso, decía que: “hubo un momento, casi al final de la anterior legislatura, en que se suspendió todo pago de convenios con los medios informativos, supuestamente por falta de recursos. En su oportunidad y ante las presiones, los coordinadores llamaron a reunión a la que fui convocado. Con enorme vergüenza recuerdo que, mientras a algunos periódicos se les debían 15 o 20 mil pesos, y en lugar de pagar, se autorizaban gastos personales de cientos de millones de pesos”.
Puso un ejemplo, “uno de los coordinadores dijo a sus compañeros que el seguro no quería cubrir los costos de una cirugía de su esposa que costó 350 mil pesos, con las manos en la cintura se le autorizó el recurso del Congreso y los medios siguieron esperando, a muchos nunca se les pagó”, ¡cómo la ve!
