El hombre no es improvisado, viene desempeñándose en esa dependencia desde hace siete u ocho años, ha pasado por la mayoría de cargos a nivel de posiciones medias, lo mismo la dirección general de control administrativo, que la agencia de ministerio público en materia de homicidio de mujeres, feminicidios y delitos sexuales, así como director de adquisiciones.
Es decir, conoce al monstruo por dentro, está plenamente identificado con la mayor parte del personal y seguramente tiene claro donde hay que hacer ajustes y con quienes se puede trabajar para poder dar mejores resultados, porque hasta la fecha, continúan las quejas y reclamos de víctimas de algún delito, cuyos casos no encuentran solución.
Ayer mismo, familiares de algunas víctimas de la delincuencia volvieron a exigir de esa instancia más compromiso y entrega, ante casos añejos que siguen esperando alguna respuesta, particularmente nos referimos a los familiares de Yesica Cerón Salinas, quien desapareciera sin dejar huella hace tres años.
Las familias no tienen ninguna línea de investigación que les indique cuál fue el motivo de su desaparición y señalan que pareciera que se la tragó la tierra. Este es uno, de muchos casos, que siguen esperando que la fiscalía, con los instrumentos a su alcance, muestre resultados y no hay nada.
El escenario no es fácil, lo que se admitía ayer por parte de voceros de la secretaría técnica del consejo de coordinación para el impulso y desarrollo del nuevo sistema de justicia adversarial, es que la fiscalía enfrenta algunas deficiencias en lo que tiene que ver con personal calificado en funciones clave.
Y mientras esto no se resuelva, que lo vemos muy difícil por las condiciones financieras, poco podrán hacer los fiscales en turno y Pérez Durón lo debe tener muy claro, sin embargo parece un personaje con el conocimiento y la experiencia suficientes como para poder ofrecer mejores resultados.
Lo reflexionábamos recientemente, como que la etapa que correspondió a Dorantes Salgado se vio opacada por una nula coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, es de suponer que el actual fiscal tiene una relación bastante buena con el titular del organismo Jesús Alberto Capella Ibarra, que facilitaría las cosas y ese solo elemento ayudaría a superar el trabajo del antecesor.
Pérez Durón está obligado a trabajar a marchas forzadas, si quiere aparecer en la terna que sea enviada al Poder Legislativo, instancia que decidirá el nombramiento del fiscal que releve a Dorantes de manera definitiva. El plazo es corto, porque se advierte que la elección será en la primera quincena de septiembre, o sea en unas tres semanas.
A decir de los voceros de la secretaría técnica antes referida, mensualmente ingresan a la fiscalía unas cuatro mil 850 carpetas por diversos delitos, aunque aclaran que cerca del 72% de las mismas se resuelven en conciliación y sólo un porcentaje menor llega a la etapa de la judicialización.
FALTAN PERITOS CALIFICADOS
Pero como decíamos, una de las dificultades de la fiscalía para poder enfrentar la enorme carga de trabajo que le llega, es la insuficiente planta de personal calificado. Se decía por ejemplo, en lo que tiene que ver con los peritos, hay carencia a tal grado que se considera un “foco rojo”, se dispone únicamente de 128 y por las expresiones al respecto, en su mayoría, sin los conocimientos y preparación suficientes para dar resultados confiables.
En lo que toca a los agentes del ministerio público, se cuenta con 148, número más o menos prudente, aunque tampoco suficiente, porque cada uno de ellos tiene que responsabilizarse de 24 carpetas diarias y no hay el suficiente tiempo como para hacer una revisión de fondo, lo cual puede llevar a graves errores en las decisiones.
La cosa es que el fiscal es algo así como un mediador o apaga fuegos, que como los árbitros de futbol, no quedan bien con nadie. Siempre habrá en cada juicio un perdedor que, a pesar de que las pruebas lo condenen, no aceptará su responsabilidad y saldrá de ahí hablando pestes.
Procurar justicia no es cosa menor, aunque claro, hay un sinnúmero de errores o distorsiones que suelen darse en la materia, atribuibles a intereses o manipulaciones, ese es ya otro cantar y será en este punto donde Pérez Durón deba cambiar el rumbo, sólo es cuestión de voluntad y mano rígida, porque buena parte de los negocios que se hacen en los niveles inferiores de esas estructuras son del desconocimiento del fiscal, hay que estar atentos a todo para que no le jueguen rudo.
Esta parte de la responsabilidad oficial ante los gobernados, ha sido el talón de Aquiles desde siempre, por lo menos en lo que toca a la percepción social sobre el asunto, el incumplimiento en la responsabilidad de impartir justicia pronta y expedita va en crecimiento de manera constante. Bueno, aún recordamos como, por presuntos actos de corrupción, Lauro Ortega Martínez, siendo gobernador en el periodo 1982-1988, cesó a la corporación completa de la entonces Policía Judicial en Cuautla y desde entonces las cosas no han cambiado mucho, por el contrario, se aprecia mayor descomposición.
Y quiérase o no, es el fiscal en turno quien debe dar cuenta de los actos de esa dependencia. Así que Javier Pérez está obligado a responder en muy corto plazo a fin de que el Congreso local, ya en su nueva legislatura, le ratifique el nombramiento, claro, si es que logra ser parte de la terna que llegue a este recinto para su valoración y análisis.
