Tampoco le fue suficiente el visible apoyo de algunos diputados, obviamente la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), alguno que otro priista, así como miembros del Partido Movimiento Ciudadano, al final, dos o tres interrogantes mostraron vacíos de respuestas.
Norma Alicia Popoca Sotelo, coordinadora del grupo parlamentario panista, abrió fuego y le recordó que constitucionalmente los municipios tienen las facultades para, en coordinación con el estado y la Federación, garantizar seguridad a los ciudadanos.
Pero sobre todo, le recriminó que desplegara cientos de policías, incluso apoyados por perros en los alrededores del recinto legislativo. Desde luego que el señor, ni por asomo, aludió al tema, omitió ofrecer algún razonamiento y optó por abundar en lo relacionado a las facultades legales.
Claro que tampoco logró justificar muchas cosas, acabó considerando que por encima de algunos preceptos legales, hay que establecer reglas a fin de cumplir con los fines buscados, la paz y la tranquilidad, aunque nada de eso se logre hasta ahora.
En la tribuna, la composición era como en los estadios de futbol, unos a favor, otros en contra. Y hubo aplausos para el comisionado porque llevó una nutrida porra para amortiguar los golpes y las críticas, sin embargo la propia mesa directiva, encarnada en el legislador priista Francisco Moreno Merino, debió llamar al orden y a la disciplina frente a continuas rechiflas y protestas por argumentos evasivos del comisionado.
En el exterior, las cosas no eran diferentes. Grupos diversos se manifestaron, repudiando el desempeño de los órganos responsables de combatir el crimen. Ante la imposibilidad de acceder al recinto, muchos buscaron llegar hasta los accesos del frente, golpeando los cristales y eso le dio argumentos a los que conducían el acto, de declararlo suspendido por falta de condiciones de seguridad.
Pero era sólo una estrategia para vaciar el recinto, que la mayoría de la concurrencia se fuera, pensando que aquello se había cancelado. No fue así, a los cinco o más minutos reinició de nuevo, pero ya con menos molestia, porque seguramente al tijuanense le molestaba que lo cuestionaran aquellos que han sufrido las consecuencias de la incapacidad oficial para darles la seguridad que legalmente nos corresponde.
Hubo “representantes populares” como Jaime Álvarez Cisneros de Movimiento Ciudadano que se excedieron en la defensa a favor del comisionado, exigiendo silencio a los asistentes, cosa que incluso debió ser señalado por el diputado del Partido Humanista, Jesús Escamilla Casarrubias.
Mucho se discutió sobre la diferencia de las estadísticas en materia, porque para la CES las cosas van bien, pero a los ojos del pueblo estamos peor que antes o por lo menos no se ha visto mejora sustantiva. El PSD, el Partido Verde, Morena, entre otros, insistieron en que Morelos aparece en los primeros lugares nacionales en delitos como la extorsión, el robo con violencia y los homicidios dolosos.
Pero para comenzar, Capella intentó dar una explicación respecto al uso de recursos financieros, en particular, del 5% que le quitó a los municipios para administrarlos él. Lo cierto es que no aclaró nada, acaso que se había construido cierta infraestructura como los cuarteles o el C-5, aunque los fondos para tal efecto son mayoritariamente federales, como en el caso de la beca salario.
Bueno, el propio Escamilla le reclamó por qué no le permitió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez, entrar a las instalaciones de Torre Morelos, cosa a la que nunca respondió el jefe policiaco.
Alberto Mójica Linares le recriminó que llevara para su resguardo personal a cerca de 300 elementos, es decir el equivalente al 50% de la fuerza policiaca que custodia la ciudad capital. Bueno, y la coordinadora perredista Hortensia Figueroa también se puso para apoyar al comisionado, interfiriendo cuando los cuestionamientos no eran muy a modo.
Jesús Alberto Capella, seguramente consciente de que contaba con un resguardo personal, tanto en el interior como en el exterior de la Cámara, mostró una actitud poco humilde. En su momento, fue grosero en contra de aquellos legisladores que más le apretaron, como en el caso de Norma Alicia, Jesús Escamilla o Beto Mójica.
En conclusión, una posición férrea de defensa de cifras que en absoluto nada coinciden con lo que pasa en el escenario estatal, porque la delincuencia continúa haciendo estragos en todos los rincones de Morelos, pero había que insistir en las bondades del Mando Único porque la pretensión es darle continuidad, a costa de lo que sea, los siguientes tres años.
Nosotros, con base en lo que pudimos observar, diríamos que fue reprobado, que no tuvo el poder de convencimiento para validar resultados del Mando Único, que si la idea era mostrar públicamente que es lo mejor que le puede pasar al estado, no se logró. Y si bien alguna parte de los diputados venían ya negociados, a fin de hacerle el caldo gordo al funcionario, bastaron dos o tres interrogantes fuertes para ponerlo a sudar.
Es penoso, pero insistimos: razonablemente, ¿cómo podría solicitarse que se destinaran casi 300 agentes para apoyar al señor comisionado, cuando su papel es estar en las calles combatiendo a los delincuentes? Eso no tiene justificación y dígase lo que se diga, es un abuso y distracción de recursos en servicio de personajes tan cuestionados como Capella, mientras en el barrio, las colonias, los pueblos y comunidades la presencia policiaca es esporádica.