Y no tanto porque aquellos que cumplieron el tiempo suficiente de laborar en las dependencias públicas y poderes estatales reciban las perlas de la vida, apenas si es suficiente para medio comer, sino porque cada vez son más y al corto plazo, en el caso concreto de la administración pública estatal, serán más los pensionados que los activos.
Eso es cierto, pero también el hecho de que se viene cometiendo toda clase de abusos en lo que corresponde a las jubilaciones, hay funcionarios que llegan a obtener hasta el 100 por ciento de los derechos con poco más de 10 años de prestar su servicio al gobierno y de ello están enteradas las propias instancias oficiales.
Hay dos métodos fuera de la ley que son constantemente utilizados, a fin de conseguir el objetivo. El primero, la adquisición de documentos apócrifos o ilegales para comprobar que se tienen los suficientes años de servicio para la jubilación. Segundo, “negociar” con el jefe un ingreso mayor para jubilarse.
Un caso reciente, que aquí se expuso, es el de Gabriel Gómez Cruz, aquel que fue objeto de polémica pública y hasta denuncia por cometer un presunto fraude en contra de permisionarios de taxis, cuando era funcionario de la Dirección de Gobernación del estado.
El señor se sacó de la manga que había laborado de “asesor legal” del ayuntamiento de Emiliano Zapata durante 21 años, es decir siete trienios y con ese documento logró que la comisión del trabajo del Congreso local, entonces representada por el ex legislador Héctor Salazar Porcayo, le aprobara su trámite. Claro, se menciona que el entonces secretario de gobierno Jorge Messeguer Guillén abogó por él. Ojalá que sea una de las que están siendo sometidas a revisión por toda clase de vicios en el recinto legislativo, para que le den reversa.
Pero como éste, hay cientos de casos y esos corresponden a figuras de mediana y alta estatura en lo que corresponde al rango en el nivel de posiciones de gobierno, es decir, aquí los pagos sí son muy fuentes y representan una pesada carga al erario.
Por eso se les ha dado en llamar “jubilaciones doradas”, algunas tocan los 100 mil pesos mensuales, cuando el promedio de los jubilados de la burocracia estatal anda entre los tres mil y cinco mil pesos al mes. Y eso es lo que hizo al sector laboral en pleno, reaccionar con contundencia cuando conoció la iniciativa presentada a la Cámara local con la finalidad de modificar el sistema de pensiones y jubilaciones.
Nadie mejor que aquellos que dejaron su vida laboral en oficinas de la administración pública estatal, están enterados de tanta corrupción en esa materia y las protestas son una manera de decirle a las autoridades, que ellos no tienen la culpa de todo lo que ocurre respecto al tema, es el propio gobierno, que en sus diversas épocas, incluyendo la actual -ahí está el ejemplo de Gómez Cruz- viene propiciando el quebranto financiero, prestándose e incluso ayudando a que figuras sin escrúpulos se beneficien de algo que no les corresponde.
Es algo similar a lo que pasa en relación al cobro de tres meses de aguinaldo de parte de funcionarios públicos y representantes populares, cuando está legalmente sustentado que ellos no tienen derecho y que es una prestación orientada a los asalariados que ganan muy poco a fin de compensarlos.
ZONA SUR, BASTANTE CALIENTE
Y en lo referente al tema de la inseguridad, la región sur del estado vuelve a representar un “foco rojo”, los secuestros, las extorsiones, los ejecutados vienen a la alza y ya lo reconoció el comisionado de seguridad pública Jesús Alberto Capella.
Aunque el hombre expone la teoría de que ello se debe a la transición de poderes municipales. O sea, que no sólo esa parte de la entidad sino todo el territorio pudiera verse afectado por una oleada de hechos delictivos de alto impacto durante algunos meses, porque hay grupos organizados luchando por el control parcelario, a sabiendas de que algunos acuerdos y pactos con los ayuntamientos están concluyendo y habrá nuevas reglas con los ediles que entrarán el primero de enero.
Por lo menos el “súper policía” admite que la situación se le está saliendo de control y al término de un evento que tuvo en Plaza de Armas con el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, al que asistieron los mandos medios policiacos, a manera de lucimiento, públicamente les dio instrucciones para que se mantengan alerta en aquella porción de la entidad para contrarrestar la embestida.
En particular, el comisionado dijo que es en este momento, el municipio de Xochitepec el espacio donde se aprecia una mayor actividad delictiva, pero que el resto de las alcaldías, como el corredor poniente que comprende cuatro comunas, así como Puente de Ixtla, Amacuzac o Tlaltizapán, están envueltos en esa vorágine.
Claro, sobre lo que viene pasando, hay quienes lo ven de diferente manera, es decir que de forma intencional se está permitiendo la comisión de algunos delitos graves con la finalidad de presionar a los presidentes municipales entrantes a que acepten firmar el convenio del Mando Único por los tres años de su ejercicio, en el entendido de que no tendrán la capacidad para enfrentar el fenómeno.
Lo anterior tampoco es descabellado, ya hay antecedentes en el sentido de que, en su oportunidad, se sembraron delitos en aquellos municipios donde había resistencia a aceptar el Mando Único, llegándose al extremo de tomar por asalto el control de las policías locales para aplicar sus condiciones si no había otra manera de lograrlo, así ocurrió en Tlaltizapán. Pero hace muy poco, que se hizo lo propio en el caso de los cuatro municipios que forman parte del operativo “tierra caliente”. Ya ahí se quedarán con el control sin consultar a los ediles que vienen, como que fue plan con maña.
