Fue el gobierno del estado el primero en abrir fuego. Desde antier algunos rotativos le dieron las ocho columnas a la versión gubernamental estatal, pero desde ayer, vía el dirigente del Partido Social Demócrata (PSD) Eduardo Bordonave, el municipio reaccionó y trataron de hacer contrapeso también en algunas radiodifusoras y periódicos que les dieron espacios.
Pero esta tendrá que ser una carrera de resistencia y a veces no se tienen los elementos y la fortaleza para sostenerla por mucho tiempo. Hay medios que no publican una sola línea si no es pagada la información y por ahí pudiera ser que el Ayuntamiento llevara algunas desventajas.
El gobierno del estado viene trabajando en esta estrategia vía dos figuras: directamente la del gobernador Graco Ramírez y la del comisionado de seguridad Jesús Alberto Capella Ibarra, quien sostenía ante una emisora radiofónica que se está “rompiendo la progenitora” a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos. Habría que preguntarle a los familiares de Gisela Mota Ocampo qué piensan de ello.
El centro de todo este conflicto es el control de la Policía y de la seguridad en el territorio capitalino, ¿por qué tanto interés? ¿en verdad hay ese amor a la camiseta y vocación de servicio o son otros intereses los que llevan a este encono? La cosa es que pareciera que ambos bandos están dispuestos a morir en la raya con tal de imponer sus condiciones.
En lo que respecta al gobierno del estado, mucho se ha insistido en que la Federación le habría pedido al gobierno se permitiera usar a Morelos como laboratorio experimental, en el proyecto de llevar a todo el país el modelo de seguridad del Mando Único, y que por eso no se puede permitir que se dé un desajuste. Pero igualmente se especula respecto a razones de índole muy diferente, relacionado con un jugoso negocio con la delincuencia.
Por su lado, el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco Bravo sigue insistiendo en que durante la campaña recibió todo tipo de denuncias contra agentes de esa corporación y ante ello se comprometió a aplicar un modelo diferente y no continuar con el Mando Único.
Pero igualmente se observa que el edil busca en ello tomar distancia de todo lo que tenga que ver con compromisos directos con la administración estatal e incluso con la finalidad de medir fuerzas, consciente de que su figura es fresca, conserva la aceptación de las mayorías en la ciudad y lo anterior podría fortalecerlo aún más.
El asunto es que en esta batalla cada uno busca la destrucción del adversario y eso sólo complica la gobernabilidad y son los gobernados quienes ven con desánimo que se trunque el proyecto de gobierno ofrecido por Blanco Bravo, por los obstáculos que ha empezado a enfrentar, apenas tomó las riendas de su administración.
También diríamos que se trata de una lucha desigual, algo así como David contra Goliat, porque desde la gubernatura se tienen más instrumentos, llámense económicos, políticos e incluso de fuerza para someter a un Ayuntamiento que además lleva apenas unos días de haber entrado en funciones, sin embargo es la fuerza ciudadana la que lo pone en condiciones de disputar cuerpo a cuerpo en la batalla.
JULIO YÁÑEZ PROPONE MESA DE DIÁLOGO
Y mientras todo eso viene pasando en el ámbito de los gobiernos estatal y municipal, se antoja interesante que el diputado local del PSD Julio César Yáñez Moreno proponga a la mesa directiva del Congreso del estado, a cargo de Francisco Moreno Merino, la instalación de una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, el propio Poder Legislativo y el Judicial.
La idea no nos parece nada mala, pudiera funcionar, porque los otros dos poderes, con la cabeza más fría, sí podrían llamar a la civilidad a los otros dos y evitar que las cosas alcancen consecuencias más desafortunadas de las que ya vemos, porque no sabemos en qué pudieran acabar.
Ya lo decíamos, mientras no exista voluntad de negociación y de diálogo, y cada quien siga montado en su macho, el caso del Mando Único tendrá que terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque por ahí se encamina el municipio.
Pero para llegar a una decisión desde dicho tribunal pasarán tres o cuatro meses y en ese inter los actores se seguirán dando hasta con la cubeta, descuidando cada uno su trabajo y responsabilidad frente a los ciudadanos, y eso para nadie es conveniente.
Claro, si el asunto continúa subiendo de tono, tendría que intervenir, a manera de árbitro, el gobierno federal. Algo así como la Secretaría de Gobernación, a través de su titular Miguel Ángel Osorio Chong. Llamar al gobernador y alcalde, pedirles prudencia y no dejarlos levantar hasta lograr un acuerdo.
Pero a esos niveles andan más preocupados por resolver los grandes problemas del país y Morelos como que no existe, más aún que hay algunas elecciones para gobernador en varios estados y no hay mucho tiempo para atender asuntos menores.
Los alcances de la confrontación llevan a espacios que no se habían pensado, como la intención de involucrar a muchos personajes con la delincuencia organizada; esas son palabras mayores que sólo desacreditan más la desgastada imagen de los políticos en el estado. Pero eso nos indica que se está dispuesto a todo, con tal de lograr el objetivo en disputa, porque son palabras mayores.
Y todo esto en nada ayuda al estado de Morelos en su conjunto o a la capital del Estado, ambos necesitan potencializar ciertos rubros que son sustanciales para el desarrollo y bienestar de los morelenses, como en lo que se refiere al turismo por ejemplo o la inversión pública porque urgen empleos y mejores ingresos y lo que ocurre sólo empuja a peores escenarios ¿no le parece? Y en ese sentido, sí sería prudente que se instalara la mesa de diálogo propuesta por el legislador Yáñez.
