Nadie podría negar que hasta antes de aquel conflicto, el sector educativo básico era un enorme botín económico que beneficiaba a unos cuantos, incluyendo al sindicato en la comercialización casi de todo trámite a realizar.

La venta de plazas de maestro era algo cotidiano y un espacios podía valuarse desde 400 mil pesos si se trataba de Cuernavaca y su zona conurbada hasta los 100 mil pesos en caso de municipios o poblaciones lejanas.

Ya imagina usted la millonada que obtenían quienes manejaban tan ‘jugoso’ negocio, aunque debían compartirlo incluso con figuras del Gobierno del más alto nivel, es decir el mismo gobernador en turno, aunque eso nunca se podía probar, porque no se deja huella ni documento alguno que comprometiera a nadie.

Y que decir por ejemplo del cúmulo de peticiones de maestros que intentaban un cambio de plaza para acercarse más a su domicilio, ello también pasaba irremediablemente por el cochupo y la dádiva, como dicen los abogados "todo trámite causa honorarios" y eso costaba un buen billete al interesado.

Hoy vemos con buenos ojos que se aplican concursos y exámenes abiertos para la asignación de plazas en primaria, secundaria o preescolar.

Queremos suponer que los maestros que logren las mejores calificaciones de esa prueba que se aplicará este domingo 18 de los corrientes, recibirán su clave en el sistema educativo, sin más costo que los que demande la documentación obligada. De ser así, es de reconocerse.

En lo que compete a las peticiones de traslado, sabemos que días antes del cierre del ciclo escolar a principios de este mes, los profesores interesados fueron notificados de la aceptación de sus demandas, o sea serán reubicados al gusto y sin costo económico alguno, algo que igualmente se nos antoja interesante.

Por lo menos en estos dos conceptos, la asignación de plazas y las reubicaciones, se ha decidido acabar con el tráfico de influencias y el negocio millonario.

Igual y quedan aún algunos resquicios de tantos vicios e intereses procreados por décadas en el sistema educativo estatal, pero por algo tenía que empezarse para combatir los actos de corrupción.

Bueno, lo que oficialmente se ha decidido cancelar, es el cobro de cuotas o colegiaturas disfrazadas a fin de inscribir a los niños al nuevo ciclo escolar, hay quienes desde la dirección de las escuelas y utilizando como parapeto y escudo a la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia quieren aún seguir con esa añeja práctica, pero el propio Secretario de Educación José Luis Rodríguez Martínez ha dicho que se cancelan.

No dudamos que en buena parte de las instituciones educativas esos recursos se aplicaran correctamente, pero hay muchos antecedentes y denuncias respecto a malos manejos y robo de dinero, ya sea por parte de las autoridades del plantel o de los mismos integrantes de la asociación de padres.

Así que lo más sano es que esos pagos ilegales -porque las tarifas llegaban a 300 o 400 pesos- se eliminen evitando tentaciones y que las autoridades, ya sea del sector o del Gobierno, estatal, municipal o federal, efectivamente cumplan con la obligación constitucional de impartir una educación pública gratuita, laica y obligatoria, que hasta ahora era una fantasía y apoyen con más recursos de manera directa.

Insistimos, alcanzar algunos avances significativos en materia de transparencia y rendición de cuentas era algo inaplazable en el rubro educativo, que conjuntamente con el de transporte público eran los más contaminados y oscuros en sus manejos. Claro, los transportistas siguen en las mismas. A ellos difícilmente se les podrá corregir, porque la administración pública estatal no puede de manera directa intervenir, por tratarse de un sector concesionado.

Pero esas correcciones en educación, insistimos, son un derivado de aquella magna lucha de los maestros escenificada en el 2008 y que sigue mostrando sus efectos positivos.