No era la primera ocasión que el actual jefe del poder ejecutivo había intentado contender por la primera magistratura morelense. Hace años que esos avecindados en Morelos luchaban por un propósito, gobernar la entidad para poder mejorar su estatus social. Hoy lo vemos, pero en el camino fueron sembrando todo tipo de ofensas que igual y tuvieran que llegar a pagarlas.
Hay quienes consideran que “el que a hierro mata, a hierro muere” y hoy la amenaza de un juicio político al gobernador en turno es motivo de preocupación y búsqueda de cómplices en el engranaje político a fin de salvar el cuello.
Como nunca se había visto, el desprestigio ensombrece el quehacer gubernamental. Desde el interior de palacio, funcionarios de todos los tamaños, incluso empleados de rango inferior, son los principales canales de información que confirman la existencia de una perversa red de personajes, cuya función es desviar recursos públicos para engordar las cuentas bancarias y propiedades de dos o tres peces gordos.
A eso venían, los morelenses debieron advertirlo, difícilmente alguien con un pasado tan escabroso puede modificar sus acciones y estaba visto que una vez en los cargos públicos, darían rienda suelta a sus apetitos, como viene quedando constancia.
No deberá olvidarse que fue uno de los que ayudaron al entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, a legitimar el cese del general Jorge Carrillo Olea como gobernador en 1988. Aquello, que presentó como un movimiento social espontáneo, contra el régimen en turno, era en realidad un encargo de Los Pinos, que venía respaldado con toda clase de recursos económicos, además de una decena de vehículos facilitados por la Secretaría de Gobernación, que estaba a cargo de Francisco Labastida Ochoa.
Al paso del tiempo pudimos ir conociendo la realidad y comprendimos la función que desempeñaron aquellos supuestos líderes sociales que detrás de sus discursos de reclamo a la legalidad, el derecho y la justicia, escondían sus reales objetivos, prestándose al trabajo sucio de un régimen que comenzaba a entrar en un ajuste de cuentas entre diversas corrientes del priismo.
Algún día, y a uno o dos años después de haber dejado la gubernatura, Carrillo Olea confiaba en quien esto escribe parte de esos pasajes que le tocó vivir y cómo, mientras a él le cerraban las puertas de palacio nacional, Ramírez Garrido tenía derecho de picaporte y acordaba con Zedillo continuamente, para recibir las instrucciones y los financiamientos requeridos para ayudar a propiciar condiciones en los propósitos presidenciales.
Toda administración gubernamental, sobre todo aquellas que no pueden presumir de transparencia y democracia, tienen que echar mano de personajes para realizar las tareas sucias y el viejo sistema contaba con muchos elementos en ese sentido, el actual mandatario era una de dichas piezas.
Recordamos parte del nebuloso pasado de aquellos que ahora enfrentan el repudio ciudadano, porque entre los más cercanos al gobernador, se sigue insistiendo en que aún como jefe de las instituciones locales, el señor continúa siendo utilizado por el régimen central.
Que en efecto, vía la Secretaría de Gobernación, se le pidió que les ayudara a probar la efectividad del modelo policiaco Mando Único, usando de laboratorio a la entidad, para valorar la posibilidad de aplicarlo en toda la república, aspecto que sigue sin resolverse, porque hay resistencias. Y como no, si quienes aquí vivimos sabemos que es un fracaso total, porque es un instrumento que se usa para acciones de corrupción, más que combate a la delincuencia.
Desde hace buen rato, se impulsó la versión de que no concluiría su sexenio, porque buscaría la candidatura a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), algo que para la mayoría resultaba irrisorio, porque no sería para nada competente ante figuras como la del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Pero a esos análisis, se admitió que en realidad, se tenía conciencia de que en ese proyecto no había nada que hacer, pero más bien se trataba de otra petición de apoyo de parte del gobierno federal. Quieren que durante las elecciones presidenciales del 2018 se le pegue como sanguijuela a Andrés Manuel López Obrador, que se da por seguro, será el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La conclusión de algunos politólogos o analistas es que la gubernatura en Morelos debió ser el pago de facturas pendientes que le deben desde la Federación. Por esa razón no existe ninguna intención de trabajar por el estado. Bueno, a más de la mitad del periodo, nadie conoce el proyecto en desarrollo, las metas establecidas y los compromisos plasmados en algún documento.
Se camina mediante ocurrencias. Ya lo decíamos recientemente, seguimos escuchando el mismo discurso en estos tres años cuatro meses: la beca salario, las madres de familia empresarias, el Mando Único. Por lo que se ve, con esa cantaleta vamos a llegar hasta el 2018.
Pero aún en medio de una visible complicidad entre poderes y niveles de gobierno, las cosas muestran elevados grados de descomposición y no se descarta una salida obligada. El riesgo de una revuelta popular gigantesca es latente, difícilmente el pueblo podría aguantar otros dos años ocho meses de unos gobernantes que vinieron como aves de mal agüero a resolver su futuro económico a costa del sacrificio colectivo.
Pero en medio de todo eso, el gobernador no muestra mayor preocupación, seguramente sabe que mientras siga siéndole útil al poder central, continuará recibiendo la protección superior y luego de esta aventura, les encontrarán espacio para que vuelvan a lo que realmente saben hacer, tareas vergonzosas que sólo cuando se carece de moral y ética, se pueden aceptar. Pero además, cual delincuentes, lo hacen de manera encubierta, cobijándose con el argumento o manto de opositores el régimen al que sirven.
