Si bien es cierto que tampoco son muchas y menos significativas las inversiones locales en esa materia, de todos modos la instrucción en la secretaría del ramo es asignar los contratos de las pocas acciones a grupos de interés o en su caso “negociar” los porcentajes correspondientes.

Caso especial, por el costo de la obra, representa la construcción del Estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, porque aquí nos acercamos a una inversión de 500 millones de pesos, para un proyecto que se desarrolló con dinero del erario público pero que en la práctica tiene un uso privado. Si usted quiere ir a ver jugar a los cañeros de Zacatepec, hay que entrarle como en cualquier estadio privado. ¿En dónde está la utilidad para la sociedad?

Pero más allá de eso, cuando se llevaba a cabo la reconstrucción, se hizo circular una “tarjeta informativa” en la que se daba cuenta puntual de los vínculos entre el mandatario morelense y el empresario poblano Armando Prida Huerta, a quien se le asignó la millonaria obra.

Mucho se especuló sobre el origen de esta información, porque si usted analiza el documento, pareciera que debió salir de algunas oficinas de la Secretaría de Gobernación en la entidad, los datos que se manejan son comprobables y le dan seriedad al tema.

Ahí se da fe de que la proximidad entre las familias Prida y Ramírez, tiene su origen en una relación sentimental del hijo del gobernador con la hija del empresario de Puebla. Pero dos hijos del constructor, Armando y Paul Prida Noriega, son realmente los receptores de los contratos en esa red de complicidades.

Prida Huerta -de acuerdo a esos documentos- mantiene cuantiosos negocios también con el mandatario poblano Rafael Moreno Valle, en aquella fechas, hablamos de hace más de un año, había desarrollado unos 30 proyectos de inversión pública en aquella entidad, entre éstos el teleférico y la mega rueda de la fortuna de la capital.

Y por recomendación de Graco Ramírez, había conseguido igualmente contratos con su homologo de Guerrero, el ya depuesto Ángel Aguirre Rivero, obras de infraestructura urbana como el paso elevado del Puerto Márquez. Todo, a través de las empresas “A y PP Constructores”.

Nunca sometieron a licitación la edificación del “Coruco”, cuando la ley así lo determina, en caso de rebasar ciertas cantidades. Como tampoco sucedió en lo que respecta a la remodelación de la calle Guerrero y de Los Cubos frente a correos y a un costado del Museo Cuauhnáhuac.

Qué decir de la remodelación de Plaza de Armas. Ayer mismo desde la administración pública estatal se defendía ante señalamientos de que en la construcción del Museo Juan Soriano, en la parte baja del mercado Adolfo López Mateos, también se estarían llevando una buena lana, a pesar de que son recursos federales.

Hay pues una constante en el sentido de que en cada acción vienen aplicando una especie de lavado de dinero y todo indica que ya algunos senadores vienen presionando desde esa Cámara alta, a fin de que la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) aplique una auditoría para intentar frenar todos esos negocios, ya que son operados a trasmano por los júnior y que significan la presunta desviación de cientos de millones de pesos.

La senadora Lizbeth Hernández Lecona y su compañero de escaño Rabindranath Salazar Solorio han estado presionando, para que el gobierno federal autorice una revisión ante las claras evidencias de que la corrupción oficial local no tiene límites.

Hablábamos de “A y PP”, pero hay otros consorcios en construcción ya manejados en acciones compartidas entre los Prida y los hijos de la pareja gubernamental en Morelos como “Gardeko S. A. de C. V.”  y  “Desarrollador en Grupo Retrat”.

Y como decíamos, hasta finales del 2014, esas empresas en sociedad habrían recibido algo así como mil 200 millones de pesos en contratos, empezando por el “Coruco”, con costo cercano a los 500 millones de pesos del crédito de 2 mil 806 millones, inversión a la que le habrían aplicado un sobre precio de 130 millones y el proyecto lo desarrolló “A y PP” con el grupo Sepsa.

Pero a Sepsa se le asignó también la remodelación del despacho del gobernador, cuyo equipamiento contempló un blindaje de alto nivel. Igualmente hizo la remodelación de la calle Linares en Cuernavaca, de la calle Vicente Guerrero, así como la mejora y equipamiento del Puente Porfirio Díaz.

Hay una monopolización de la obra pública gubernamental, el 90% de las asignaciones van para esos grupos, en los que ya se incluyen las firmas de personajes estatales ligados al grupo en el ejercicio del poder público, eliminando a los constructores locales y empujando hacia el desempleo en el rubro. Y mire que es una rama de la economía de suma importancia porque mueve el circulante cuando se aplica correctamente.

Y al igual que ocurrió en Puebla y Tlaxcala, donde los Prida se hicieron acompañar de un medio informativo denominado “Diario Síntesis”, aquí aplicaron la misma estrategia, creando una plataforma informativa mediante la cual desarrollan una tarea de buena imagen para el régimen en turno y de denostación a los adversarios. Sólo hay que revisar el trato informativo que se le dio al movimiento universitario y por cierto ayer mismo usaron dichos canales para pegarle al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Quedaron lastimados con el sentón que les dio la comunidad universitaria y seguirán buscando desquite a costa de lo que sea, pero la cola que traen detrás es gigantesca, no tiene parámetro con lo que nos ha tocado presenciar en otros sexenios. Aquí todo huele mal y por eso es indispensable que la Federación le ponga un poco de atención, se encontrará con desagradables sorpresas, de eso no hay duda.