Activistas de la zona oriente que insisten en las graves consecuencias que traerá para muchos pueblos y comunidades de la zona la presencia del gasoducto y la termoeléctrica, uno de ellos Jaime Domínguez Pérez, víctima de represión y persecución, lamentaban la pobre actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y en particular de la presidenta saliente, Lucero Benítez Villaseñor.

¿Motivos?, pues que en las quejas que le hicieron llegar a fin de que pidiera al gobierno del estado prudencia y sobre todo respeto a sus derechos, además de sancionar a los infractores y agresores, primero, fue tardía en sus recomendaciones; y segundo, omitió considerar delitos graves como la tortura o la amenaza de muerte.

Para ellos, la evidencia es clara: esa institución valida con su silencio buena parte de las atrocidades y acciones del Mando Único y muestra servilismo ante la administración pública, lo que indica que está controlada y ha dejado de representar los intereses del ciudadano.

Más bien fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la que debió pronunciarse y recomendar al gobierno morelense reparar los daños y sancionar a los que cometieron esos delitos, que se han multiplicado en el resto del estado.

Benítez Villaseñor será sustituida en breve (ya el Congreso eligió a Jorge Arturo Olivares Brito, ojalá cambien las cosas), pero en efecto, parece haber caído en los controles oficiales y su desempeño no merece mayor relevancia.

Pero temor fundado es que quien llegue venga todavía con un alineamiento más fuerte hacia los intereses de quienes ejercen el poder en la entidad, aunque a decir verdad, a Olivares lo vemos -por antecedentes familiares- un poco más inclinado hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), claro, también Lucero Villaseñor traía esos antecedentes y ya ven como acabó, los controles de gobierno parecen haberla sometido, como ocurre con otras instancias.

Lo hemos dicho reiteradamente, la entidad superior de fiscalización del Congreso local con Vicente Loredo Méndez al frente, sólo garantiza impunidad en cualquier acto de corrupción de la autoridad estatal; para eso fue instalado en el cargo, para nada vigilará el buen uso de los dineros del erario de parte del régimen estatal, eso sí, seguramente perseguirá hasta con perros a presidentes municipales políticamente contrarios y será un brazo más para castigar a los que no se sometan a las decisiones e intereses de la cúpula en el poder.

Bueno, el mismo Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se antoja poco incisivo y también se le atribuyen condiciones de obediencia a las instrucciones de las figuras del primer plano en la administración estatal. Qué decir del Instituto Morelense de Radio y Televisión, un órgano informativo que, se supone, tiene que dar voz a todas las corrientes y expresiones, porque quienes ahí laboran cobran con base en el erario, pero se trata de un espacio al servicio de gobierno.

Es decir, todo controlado para que legalmente no existan posibilidades de probar cualquier arbitrariedad cometida desde Palacio y aunque las evidencias muestren una abierta acción de rapiña, simplemente no se puedan confirmar y mientras eso suceda, no pasa nada, se impondrá la impunidad.

Pero es bastante lamentable lo que viene sucediendo y por eso esperamos que al frente de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares busque establecer la diferencia. Los que acusan a Lucero tienen elementos para probar que ese organismo, que se supone justifica su existencia en función de defender los intereses de los sectores sociales más vulnerables, torció el rumbo y terminó validando toda clase de abusos y atropellos a ciudadanos en la indefensión.

Lo que ha venido pasando en la zona oriente en torno a la termoeléctrica es cosa mínima, en comparación con los diversos sucesos acaecidos cotidianamente en el resto del territorio y contra cualquier ciudadano, frecuentemente, actos perpetrados por los cuerpos policiacos del Mando Único.

Bueno, ¿cuál es la posición de la CDHEM en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo? Bastante complaciente. Aquellos que se ven agraviados por la persecución oficial, tienen que recurrir a instancias defensoras de los derechos más allá del estado y del mismo país, de otra forma son ignorados.

Así pasó con los de la región oriente, la realidad es que se vieron obligados a superar los límites locales y la frontera nacional para que se les escuchara y pudiera prosperar la denuncia, en eso también la UAEM tuvo cierta colaboración, pero ¿y la comisión para qué la queremos?

Eso sí, nos cuesta a los morelenses, el presupuesto que se destina a la CDHEM no es cosa menor, es parte misma del techo financiero que alimenta a los tres Poderes públicos y demás instituciones que se olvidan al paso de los años que su deber es defender a quienes los mantienen: los sufridos habitantes morelenses.

Pero se ha perdido el pudor, el respeto y la vocación de servicio. Los que con nuestros impuestos mantenemos a las estructuras burocráticas del régimen andamos a salto de mata y sin deberla. Mientras en sus oficinas los “servidores públicos” viven como emperadores, abajo, multitudes sufren cotidianamente para poder llevar un pedazo de pan a su casa.

Seguimos viendo generaciones de nuevos ricos a costa de empujar a la pobreza y a la marginación a miles de hogares en Morelos o en el país. Es increíble el grado de maldad que se ejerce en el poder público gubernamental, porque los discursos y las formas están llenas de cinismo y de engaño.

Eso sí, seguimos escuchando una retórica en torno a la transparencia, la legalidad y el respeto al estado de derecho, cuando el fondo de las cosas es todo lo contrario, la demagogia gana terreno todos los días y cada vez son menos los políticos comprometidos con su pueblo.