Pero ese fenómeno ha mostrado una evolución muy significativa en los más recientes años; la alternancia en el control del poder, desde los ayuntamientos, gubernaturas o la presidencia de la república, no cambió en nada las cosas; los 12 años de mandato del Partido Acción Nacional (PAN) mostraron la misma tendencia que se venía dando en la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del 2000 hacia atrás.
Encontrar una solución al tema se antoja prácticamente imposible hoy día, las consecuencias las pagamos los ciudadanos, es al pueblo al que le pega directo el asunto de la corrupción. Pero a decir del economista y analista político Manuel Leví, el origen del mal o la solución del problema está en el Poder Judicial, ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas.
Y lo explicó recordando que “mientras el Poder Judicial no aplique la ley contra quien la infrinja, los políticos continuarán robando a manos llenas, sabedores de que sus actos nunca serán sancionados por los grados de impunidad en los que vivimos”.
Ponía como ejemplos a seguir lo ocurrido en Finlandia y Rumanía, recordando que en el primer caso, el presidente de esa república anunció su dimisión si no se saneaba al Poder Judicial por algunos hechos que mostraban corrupción. Se dio la reestructuración, en respuesta, la sociedad lo ratificó en el cargo y lograron cambiar la historia. Algo similar pasó también en Rumanía y quedó demostrado que la llave para combatir la descomposición que padecemos en México es el Poder Judicial.
En efecto, si ese alto tribunal en los estados o en el país aplicara la ley a quien cometa un delito desde el ejercicio del poder público, todo cambiaría, claro, los reclusorios serían insuficientes para tanto delincuente en prisión, pero obligadamente los políticos tendrían que moderar sus actos para no correr la misma suerte, ¿no le parece?
Pero acá todo comienza cuando entre el gobernador en turno y los congresos locales son los que nombran a los magistrados del Tribunal, no sólo no eligen a los que reúnan los perfiles o los conocimientos, sino que la distribución de posiciones es con base en cuotas de los partidos políticos y del Poder Ejecutivo.
Claro, eso lo vemos reproducirse también en otras instancias que igualmente son controladas desde los poderes, como las instituciones electorales, donde los consejeros obedecen a intereses de partidos o de grupos, no de los ciudadanos que seguimos mendingando democracia y libertad para elegir.
Es decir, de haber voluntad, lo menos que requeriríamos sería la contratación de más policías, de tribunales de toda naturaleza o de estructuras de corte policiaco cada vez más costosas e inútiles; sólo se requiere recuperar el orden legal y el estado de derecho para que todos caminen derechito.
Tan fácil, si a alguien se le encontrara responsable de complicidad con la maña, pues a la cárcel, ya sea simple agente de Policía o funcionario. Los delincuentes sabrían que no habría aliados para salvar el cuello, en caso de ser atrapados, y entonces los niveles de inseguridad serían muy diferentes.
Igual, cualquier alcalde, funcionario público o representante popular, sabedor de que cualquier acción incorrecta lo llevaría a enfrentar la justicia, buscaría moderar sus actos y caminar con rectitud. Sin embargo, las cosas son totalmente diferentes, vivimos en un entorno en el que se persigue con todo el peso de la fuerza a aquellos que reclaman precisamente eso: justicia.
Aquí quien no comulgue con los intereses de quienes ejercen poder es un enemigo público, y lo menos que puede pasar es que sea hostigado o perseguido, eso, en el menor de los casos, si no desiste de sus actitudes, ¿cómo podemos pensar en que un día cambien las cosas?
Ahora bien, ¿es que acaso quienes tienen la capacidad de decisión no saben lo que se tiene que hacer para acabar con la larga historia de injusticias en el estado o en el país?, claro que están conscientes de ello, pero por eso no lo permiten, su objetivo es mantener esos esquemas viciados mientras ellos controlen las instituciones públicas, a fin de despacharse con la cuchara grande.
En Morelos hemos visto en los tiempos recientes la formación de instancias y organismos creados bajo el supuesto de combatir algunos delitos y preservar el derecho y las garantías de ciertos sectores, uno de ellos el femenino, pero al paso del tiempo muestran que son auténticos elefantes blancos que sólo tienen un objetivo: abrirle espacios a más burócratas y recomendados del sistema para que igual que ellos, puedan comer con manteca.
Y como decía Leví, tampoco se necesita de constates cambios y reformas a los códigos penales o civiles, eso al final no impacta en nada porque vivimos en medio de omisiones cotidianas al estado de derecho. Lo único que requerimos es aplicar la ley como compete y la Constitución General de la República contempla todos los ángulos sobre el tema, lo demás son sólo distractores para dar la impresión de que existe voluntad de hacer justicia.
La realidad es que nos encontramos atrapados y sin salida, los partidos políticos en México controlan prácticamente todo en beneficio de monopolios creados en torno a ellos, desde ahí surgen los poderes que a la postre tienen la facultad de nombrar a magistrados, consejeros electorales y otras representaciones que bajo ese mecanismo obedecen a sus intereses y no permiten la libre auto determinación de los ungidos. Lo malo es que no apreciamos una sola señal en ese sentido, es decir, nominación de jueces y ministros que tengan un historial de capacidad y de entrega en bien de los gobernados y en tanto no ocurra, igual y seguiremos hundiéndonos.
