Es ya hasta cansado abordar el tema de manera recurrente, sin embargo, tampoco podemos guardar silencio ante tantos sucesos desafortunados, que parecieran mostrar una impotencia oficial por detener la violencia, cuyas manifestaciones se reflejan en múltiples casos desafortunados.
De la inseguridad nadie está a salvo, no por lo menos en el territorio local, aunque existen zonas más conflictivas que otras. Hace buen rato que las regiones sur y surponiente de Morelos mantienen un nivel de delincuencia bastante alto, ni las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno en su conjunto han logrado cambiar los escenarios.
Y tampoco significa que algunos muertos valgan más que otros, pero sí existen personajes, que por su legado histórico, son más conocidos y entonces cuando uno de ellos sufre algún atentado en su contra el asunto cobra relevancia, incluso más allá de las fronteras. Eso sucedió con el ex atleta olímpico Francisco García Moreno, asesinado el fin de semana anterior.
Pero del mismo modo, casi en la misma fecha, el dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC) Humberto Sandoval Zamora, sufría también un atentado en su domicilio en Amilcingo del municipio de Temoac, y en este suceso en particular sí se aprecia omisión de las instancias competentes en la materia.
Hará cuestión de unos dos meses y medio, el señor ofreció una conferencia de prensa aquí en Cuernavaca, para denunciar precisamente que venía recibiendo llamadas en las que lo amenazaban de muerte. Incluso dio algunas líneas por donde se podía investigar, pero a nadie pareció importarle.
Afortunadamente en su caso no pasó nada grave, porque a decir suyo, los agresores sólo dispararon diversos tiros de arma de fuego a su domicilio y se dieron a la fuga en una motocicleta. Pero eso no aconteció en lo referente a García Moreno, cuyo móvil -se indica- debió ser el robo.
Aunque esa teoría como que lleva a la duda, porque el señor hacía sus ejercicios como muchas otras ocasiones en una colonia de la parte norte de la capital estatal y comúnmente no llevan cosas de mucho valor, acaso lo necesario para comprarse algún líquido en el súper más cercano, tras concluir el recorrido. Entonces ¿qué le podían quitar? Y eso debieron advertirlo los agresores, por eso decimos que la hipótesis no convence mucho.
Pero la preocupación para la ciudadanía en general debe ser por la falta de seriedad que las instancias responsables de prevenir el delito muestran en casos como esos, porque Sandoval Zamora había incluso levantado las denuncias correspondientes en Cuautla y ¿para qué sirvieron?
Por eso seguimos reiterando que ni la Comisión Estatal de Seguridad Pública a cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra, ni la Fiscalía General de Justicia bajo el mando de Javier Pérez Durón, están haciendo bien su chamba y mire que el sector justicia ha merecido de cientos de millones de pesos de inversión.
¿Para qué ha servido la construcción de tres cuarteles policiacos, un C-5, la renta de 200 patrullas nuevas –ya en este momento casi destruidas-, armas y apoyos?, la verdad, no para mucho. Y mire que aún no vemos dónde están instaladas mil 200 videocámaras que se prometieron para redondear la vigilancia y que en conjunto son demasiado dinero.
De que andamos mal, no hay duda. El colmo es que todavía los personajes responsables de conducir esas dos instancias, una de prevención y otra de persecución del delito, lo nieguen y muestren un entorno bastante diferente, como si nosotros no viviéramos aquí.
¿Qué es lo que falta entonces?, por lo que se ve, honestidad y decisión o voluntad para ir en serio por los delincuentes y decimos honestidad, ya que sólo en un mundo contaminado por las complicidades, los maleantes pueden pasearse libremente sin que la autoridad los moleste.
Y mientras existan complicidades pues seguiremos inmersos en la deshonestidad, la omisión y el incumplimiento de deberes de los “servidores públicos” para con su pueblo, y la cadena de crímenes seguirá sin límite de tiempo. Mientras, los gobernantes sacan ventajas económicas de todo ese enredo de corrupción, porque no seremos ingenuos en creer que es sólo por incapacidad.
A lo mejor hay algo de eso, pero más bien los regímenes de gobierno le siguen sacando beneficio monetario a todo esto, lo que para los ciudadanos representa un reclamo histórico que ya se antoja imposible de resolver, pero que en justicia merece una sanción legal.
Constitucionalmente los tres niveles de gobierno tienen la obligación de ofrecer a sus gobernados seguridad y condiciones de tranquilidad para el buen vivir, venimos sufriendo las consecuencias de ese incumplimiento, aunque ellos, los directamente competentes en esa materia, sí cobran y mucho por la prestación de sus servicios en su calidad de “servidores públicos”.
O sea, reciben una recompensa salarial por algo que no hacen y entonces caen en el delito de omisión, que conforme a la ley, tendría que ser aplicado a los infractores. Pero ¿quién cumple y hace cumplir la ley?, ese es otro gran problema, vivimos en medio de la impunidad creciente.
Pero igualmente grave es que ante el probado incumplimiento de esos funcionarios, se les mantenga en el cargo a costa de lo que sea, ahí las responsabilidades de la omisión alcanzan a otros niveles gubernamentales y así se va tejiendo la cadena de complicidades hasta llegar a la cúspide de la pirámide en el ejercicio del poder.
Por cierto y como ya es una constante, ni en el asunto de Sandoval Zamora o el del deportista olímpico García Moreno, se tienen pistas de los responsables, porque además existe un bajo nivel de eficiencia en lo referente al trabajo de investigación policiaca, generalmente se dan palos de ciego y cuando sienten la presión se sacan de la manga algún “chivo expiatorio” para mostrar resultados, por todo eso es muy preocupante lo que seguimos viviendo en materia de justicia y seguridad.
