Todo parecía normal, a excepción de algunas familias lastimadas por la delincuencia, porque en la mayoría de madres y padres aún subsiste la pena y el dolor que provoca perder a un ser querido, a pesar de ello, pues las cosas no mostraban diferencias ante cualquier otro evento oficial.
Pero la intervención en tribuna comenzó a polarizar la visión de algunos personajes y quien abrió el espacio a la discusión pública fue Penélope Picazo Hernández, una de las cinco comisionadas que forman parte del consejo. Ella consideró que el diseño actual de la ley en la materia dificulta el trabajo y reclamó trato igual a comisionados e integrantes de la coordinación.
¿Por qué? porque a los primeros se les intenta dar un carácter de honoríficos en su desempeño, mientras que los demás sí cobran y como dijeran algunas voces o “todos coludos o todos rabones” y se antoja que eso sería lo más justo. La coordinadora ejecutiva de la comisión Nadxielli Carranco tiene un salario de 45 mil pesos, más prestaciones de ley, los comisionados nada.
Pero luego de esas expresiones, vinieron los discursos oficiales y ahí se mostraron las diferencias. Éstos mantuvieron la posición de que los comisionados regionales no reciban remuneración alguna, a fin de que los fondos destinados a la reparación de daños lleguen efectivamente a quienes lo merecen y reclaman.
Lorena Muñoz, quien habló en nombre de la representación colectiva de víctimas, cuestionó la posición gubernamental y entre otras cosas señaló que “no puede ser que la autoridad se niegue a aceptar la realidad que vivimos, le exigimos que coadyuve en la búsqueda de los seres queridos y sobre todo para aplicar la ley a los responsables”, sosteniendo también que la impunidad es visible en la mayoría de los casos.
La respuesta fue inmediata: los voceros oficiales respondieron que las comisionadas querían burocratizar a la comisión y hasta se indicó que en su oportunidad se entregaron 500 mil pesos para la edición de un libro de víctimas que aún no aparece.
Ya en medio de la controversia, algunos de los asistentes en calidad de víctimas levantaron la voz para afirmar que por lo menos hasta ahora, la famosa comisión estaba de adorno y que venían siendo tratados de manera despectiva por los integrantes de la coordinación. Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen Huicochea, de plano consideró que todo aquello era de adorno, porque en la realidad se practicaba la simulación.
A medio evento y tras los dimes y diretes, Norma Delgado, también comisionada, optó por salir del acto y ante medios de comunicación exigió primero, una disculpa pública de los representantes del gobierno, ya que dijo “nos han exhibido en público”. Pero la respuesta fue casi de inmediato, todavía en el micrófono se le dijo que la postura era la misma, debían desempeñarse honoríficamente.
Pero Norma Delgado aclaró que si en verdad se quería trabajar con transparencia y cuidar el dinero, que se explicara el destino de unos 26 millones de pesos, que cada año, desde el 2013 a la fecha no se entregaron por parte de gobierno, abundando en el sentido de que para este año sólo se liberaron poco más de dos millones de pesos.
Ya para ese momento los ánimos estaban caldeados y tanto Penélope como Norma decidieron esperar la salida del secretario Quiroz Medina para encararlo y decirle que “para qué nos invitaron, si la idea era agredirnos”. El funcionario intentó tranquilizarlas, pero le recordaron que él más que nadie sabía del esfuerzo que como comisionadas venían haciendo para generar todo el trabajo estructural, a fin de dar buenos resultados y que no ganaban 70 mil pesos, como se afirmaba perversamente
Pero como algunos representantes de los medios de información atestiguábamos los hechos, les pidió “de la manera más atenta me permitieran atenderlas en privado para superar las diferencias y malos entendidos”. Es decir, no tuvo armas para el debate y solicitó tratarlo en lo oscurito.
Y luego de eso, insistieron en que “lo que desde gobierno quieren es dejar a Nadxielli en posición ventajosa y con todo el control, a fin de que no se aclaren muchas cosas que ya han estado pasando en torno a este tema y que tienen que ver con dinero no entregado”.
Luego propusieron que en todo caso nadie cobre, para que sea parejo. Sin embargo, recordaron que en la coordinación, hay un promedio de 15 personas laborando, todas asalariadas, comenzando por la coordinadora, mientras que a las comisionadas no les permiten ni estacionar su auto ahí, tienen que estar pagando pensión en algún estacionamiento privado. Incluso consideraron una contradicción de que en la comisión de víctimas, a ellas se les victimice.
En concreto, fue un acto que se transformó en todo un show y que al final mostró las serias diferencias que se dan en temas como éste, donde la percepción de aquellos que han sido víctimas del delito, es diametralmente opuesta a la que tienen los funcionarios públicos, manteniendo la postura de que ya todo ha cambiado y que la perversidad estaba en el pasado.
Los quejosos hicieron énfasis en la frialdad con la que son tratados por las instituciones públicas, como la Fiscalía General de Justicia, a donde han tenido que ir a pedir apoyo, sin embargo son tratados como limosneros y eso cuando mejor les va, porque en la mayoría de los casos simplemente no son atendidos, los ven como una molestia, para aquellos “servidores públicos” atrincherados en lujosos despachos y con ingresos al gusto.
