Sin embargo, aprovechó el evento para ponderar que el Congreso local desechara la denuncia de juicio político en su contra, aduciendo que tras año y medio de auditoría y revisión, no se encontraron ni observaciones, aunque se le olvidó recordar que el titular de la Entidad Superior de Fiscalización, Vicente Loredo Méndez es un personaje que fue colocado ahí precisamente para defender sus intereses.
Claro, recordó que si los panistas votaron a favor del juicio, es en respuesta a que algunos de quienes ocuparon posiciones en la administración pública anterior han sido sancionados por irregularidades, en referencia al ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Alfredo Jaime de la Torre.
Y ya de paso volvió a quejarse de quienes aún siguen lamentando la derrota electoral del 2012, señalando que “porque ganamos, siguen inventando historias sobre nosotros”. También les tocó lo suyo a los concesionarios del transporte público, “hay algunos que andan enojados, porque quienes seguir manejando el negocio con unidades viejas y contaminantes”, advirtiendo que eso se acabó.
Pero del mismo modo ofreció su opinión no solicitada, respecto a los señalamientos en torno a presuntos negocios de familia con base en el erario público, mencionando que “no soy dueño de medio Cuernavaca, como afirman por ahí, esas son calumnias para enlodar, somos de los estados con mayor transparencia en el país”.
Bueno, del crédito se aseguró que quedó probada su correcta aplicación, mediante obras en diversos municipios, sólo que cuando se solicitó al Congreso del estado, conjuntamente con los entonces presidentes municipales, el argumento era que la absoluta mayoría de los dos mil 806 millones de pesos, serían para apoyar a los ayuntamientos en sus problemas financieros.
En esa petición a Cuernavaca le tocarían algo así como 700 millones de pesos. El caso es que ya cuando se aprobó, no le dio ni un solo peso al edil Jorge Morales Barud, tampoco al resto de los alcaldes, el recurso se quedó en gobierno estatal.
El tema quedó resuelto a nivel de poderes, hay que esperar la reacción de quienes interpusieron la denuncia, pero por encima de acuerdos y pactos de cúpula, la percepción colectiva es otra, aunque eso seguramente tampoco les preocupa.
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, LEY DE VÍCTIMAS, UNA FARSA
En otro tema, preocupante es lo que se menciona en torno a algunas estructuras creadas a fin de combatir los índices de corrupción y resarcir daño a víctimas del delito. En lo que corresponde a la fiscalía anticorrupción, lo menos que se tenía que haber hecho, es darle absoluta autonomía ante los poderes públicos locales, otorgarle recursos financieros suficientes y desde luego, un fiscal con decisión propia.
Lo que vemos en el estado es todo lo contrario, el gobierno estatal fue quien instaló como fiscal a Juan Salazar Núñez, con premeditación y alevosía, buscando en todo momento, la protección en casos de acciones indebidas en el ejercicio público.
El señor lleva en el cargo cerca de ocho meses y de él no se ha sabido absolutamente nada, aunque los indicios de desvíos de recursos presupuestales sean constantes. Es una farsa que además, le cuesta al pueblo, porque son instancias con presupuesto para operar, pero ¿a favor de quién?
Claro, asunto no menos preocupante es el relacionado a la ley de víctimas, porque en este terreno, a nivel nacional ya se advierte que, con base en los primeros resultados, el instrumento viene favoreciendo a los delincuentes. En un noticiero radiofónico nacional se mencionaba que existe incluso un grupo de asesores jurídicos en la materia que han logrado, para los presuntos responsables de hechos violatorios de los derechos humanos, algo así como 100 millones de pesos. ¿Y en lo que corresponde a las víctimas? pues se habla de la fabulosa cantidad de 600 mil pesos, ¿cómo la ve?
No es la primera ocasión que sucede eso, mucho se ha cuestionado el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acabe funcionando más a favor de los delincuentes que de los afectados por aquellos y es lo que comienza a pasar con la ley de víctimas.
Pero eso de los nuevos órganos anticorrupción es todavía más descarado, porque quienes son los responsables de sancionar cualquier irregularidad en el desempeño de los servidores públicos, son parte de la misma pandilla y de eso se quejaban comisionados del Sistema Ciudadano Anticorrupción.
Éste sí se supone que es un ente con independencia y auto determinación, por eso el término “ciudadano”, pero simplemente no lo han dejado funcionar, a pesar de que se le autorizaron recursos presupuestales, no les han dado un solo peso, los cinco comisionados están invirtiendo de su dinero, pero totalmente maniatados para poder actuar contra los malos funcionarios.
Es claro que son vistos como una amenaza a la administración pública, que lo que menos desea es que ojos ajenos comiencen a ver lo que está ocurriendo al interior del gobierno, ahí sólo se permiten puros afines y ese solo hecho despierta sospechas.
Y mientras el fiscal anticorrupción Salazar Núñez gana igual que el Fiscal General de Justicia, Javier Pérez Durón, acá el comisionado ciudadano anticorrupción, Jesús Bello Ocampo tiene que sacar de su bolsa si quiere hacer algo y opera en su despacho de abogado, porque no hay para pagar algún local.
¿Cómo se va a lograr transparentar el ejercicio público si todo está amañado? Esas son medidas orientadas a generar confusión, con la idea de hacer creer al gobernado que efectivamente existe la voluntad de acabar con tantas marrullerías en las administraciones gubernamentales.
En tanto no se den los contrapesos y equilibrios entre los poderes, todo es un maquillaje y simulación y por el contrario, como ha pasado en el caso de la Entidad Superior de Fiscalización, su trabajo es desvanecer cualquier evidencia de malos manejos que pueda afectar al patrón, o no vivirá para contarlo.
