Sobre todo en tiempos pasados, desde la óptica ciudadana se llegaba a pensar que quien ocupaba esos altos cargos de representación era una figura por encima de las pasiones mundanas y que se trataba de hombres o mujeres de plena honorabilidad, conocimiento y bondad, sin embargo, no siempre ha sido así, cada mandatario, en mayor o menor grado suele dejar una serie de víctimas en el camino.

Aquí no es la excepción, a tres años y medio de gestión podemos ya observar a diversos damnificados y de manera directa, de parte de Graco Ramírez Garrido, que ha mostrado una marcada tendencia hacia el revanchismo, la persecución o la venganza, por intereses económicos o partidistas.

Pero también, como una equivocada forma de enviar señales de superioridad, ya sea a particulares o incluso al resto de los Poderes, se suele actuar por encima de la ley, cayendo en flagrantes violaciones constitucionales que en un estricto estado de derecho merecerían un juicio de procedencia.

Y en lo referente al primer tema, hay un caso bastante claro de venganza contra quien fuera el representante del Poder Ejecutivo ante el Judicial durante la transición del 2012, Jesús Antonio Tallabs Ortega, quien continúa enfrascado en un ya largo proceso legal buscando su jubilación o pensión, pero que por razones extralegales, el gobernador ha decidido impedirlo y para ello viene recurriendo a todo, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahí se aprovechó la amistad que tenía la presidenta del Sistema estatal DIF-Morelos, Elena Cepeda, con la entonces ministra Olga Cordero, para vetar el dictamen a favor.

El abogado recuerda que legalmente no hay elementos para negarle el derecho, sobre todo, porque ya hay cuatro casos de jubilaciones de exfuncionarios del Poder Judicial, pero aquellos no tenían en contra a los respectivos gobernadores.

Y acusa de una violación constitucional, porque cuando da el primer paso, la legislatura local anterior le acepta la demanda e incluso valida el reclamo el 9 de julio del 2014. Es decir, que debiera estar gozando de ese derecho, desde aquella fecha. Pero vía la Consejería, el Ejecutivo interpuso un recurso de inconformidad.

Refiere que el nombramiento que tenía era por seis años. A la llegada de este gobierno le faltaban cuatro y cuando es despedido por Graco, la propia SCJN advierte que se trata de una violación constitucional y que además, en ello el Ejecutivo subordinó al Poder Judicial, porque era esta última instancia a la que pertenecía el aludido como representante.

Tras el largo tiempo de litigio, el ministro Fernando Franco, recuerda Tallabs, atendiendo los intereses de Graco, emitió un fallo en contra, pero no es definitivo. “Sé  que al final no les quedará otra que aceptar mi exigencia, pero me han hecho la vida imposible durante todo este tiempo”, menciona.

Otro ejemplo de víctimas del sistema es el asunto del ex secretario de Finanzas y Planeación, Alfredo Jaime de la Torre, que estuvo preso durante mucho tiempo, no le pudieron comprobar nada y hace poco se vieron obligados a dejarlo en libertad. Por tantos problemas y presiones, su madre murió antes de que quedara libre y no le permitieron darle el último adiós, se impusieron los odios y los rencores.

Algo más que muestra cómo se viola la ley de la manera más descarada de parte del Ejecutivo, es lo que tiene que ver con el escudo del estado de Morelos. Por sus pistolas, Graco decidió utilizar uno, elaborado por un artista de su camarilla e intentó que el Congreso local se lo aprobara.

Ya se imagina usted la que se armó, es algo muy sensible y además histórico y por eso los legisladores anteriores le rechazaron la petición. Pues el señor continúa utilizando el suyo en todos los documentos oficiales que emite y además, es el que está colocado en la parte alta de la fachada de Palacio de Gobierno en una acción de mofa y burla contra el pueblo de Morelos y del propio Poder Legislativo.

Todo tiene un porqué y un origen y hubo quienes levantaron la voz para reclamarle el atropello, no hubo respuesta y luego pidieron que por lo menos se les informara qué había pasado con el escudo original, porque nadie sabía dónde se encontraba y mire que viene con incrustaciones de oro alemán, se trata de una pieza, además de histórica, valiosa.

Tras algunos meses, se les indicó que estaba en una bodega de cosas viejas, ubicada a la altura de Progreso, en Jiutepec. Sigue ahí, como cualquier objeto de desecho, mostrando el desprecio del gobierno actual por la historia misma.

Ahora bien, que lo anterior necesariamente representa la comisión de una falta grave, no hay duda, porque no es una acción cualquiera, se trata de un símbolo morelense que viene siendo objeto de atropello y desprecio de un régimen que ha exhibido bajas pasiones en buena parte de su comportamiento.

Por eso, aquellos que rechazan la existencia de elementos como para la instauración de una demanda de juicio político parecieran desapercibir hechos delicados como los que hemos expuesto aquí, o simplemente se obedece a intereses de complicidades, que es peor.

Y desde luego que todos estos asuntitos aparentemente irrelevantes van a cobrar importancia a medida que se aproxime el final del sexenio, y los defensores de Palacio comiencen a ofrecer debilidades, que ya hemos empezado a apreciar.

Bueno, la más reciente acción de revanchismo es la denuncia en contra del diputado local panista Víctor Manuel Caballero Solano, por presuntas irregularidades cuando fue secretario de Salud. A lo mejor algo hubo, aunque ya está sobreseído, hace más de tres años, sin embargo, el colmo aquí es que se trata de un área en la que, por la información que se tiene, en este gobierno se han perpetrado desvíos de unos 500 millones de pesos. ¿Uno de los beneficiados?, Rodrigo Gayosso, y es uno de los que denuncian. Es el colmo del cinismo.