Y es muy fácil darse cuenta cuando algo no anda bien: aún sin recurrir a la contratación de préstamos, durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal -2000-2006- se desarrolló un trabajo de inversión aceptable, se inició con la construcción de presas de almacenamiento de agua para riego agrícola en la zona oriente, la más marginada; se construyeron unos 70 puentes vehiculares en diversos municipios, se ampliaron carreteras a cuatro carriles, se construyó el centro de convenciones de Xochitepec y la Torre Morelos, hoy Comisión Estatal de Seguridad Pública, sólo por citar algunas inversiones de trascendencia.

Todavía recordamos que la deuda heredada al gobierno de Marco Antonio Adame fue inferior a los 400 millones de pesos, un monto aceptable, dado que no impactaba el presupuesto anual por el pago de intereses y del principal. Sin embargo, había resultados que mostraban esfuerzo institucional a fin de impulsar el desarrollo local.

Adame mostró menos dinamismo, se advierte que la inversión de carácter social fue menor que la de su antecesor, pero en la medida de las posibilidades, abonó en algunos rubros, particularmente el carretero y le dio continuidad a la ampliación de infraestructura para riego del campo. En la zona oriente mejoró diversas vías de comunicación y amplió a cuatro carriles la carretera federal Temixco-Alpuyeca. Al término del mandato dejó un compromiso de deuda de mil 600 millones de pesos.

Como señalábamos líneas arriba, no contento con haber incrementado en un 300 por ciento el débito en menos de tres años, ahora Graco Ramírez insiste en que le aprueben otro crédito de mil millones, cosa que nos colocaría alrededor de los 10 mil millones, pero a diferencia de sus antecesores, sin que lo anterior tenga algún impacto positivo en la evolución de Morelos.

Por el contrario, la inquietud en buena parte de la sociedad es en torno al destino que se le ha dado, no sólo a esos miles de millones de pesos conseguidos en la banca, producto de los créditos que se le aprobaron, sino de un presupuesto anual que en promedio anda en los 21 mil millones de pesos.

Es decir, en los primeros tres años, 2012-2015, por concepto de presupuesto aprobado por el Congreso local, la administración pública ejerció unos 65 mil millones de pesos. Aclaramos, sin contar los más de 21 mil del presente año.

Y ¿dónde se refleja  la aplicación de tan significativa suma? no lo sabemos, porque hasta ahora no aparece la primera gran acción que identifique al gobierno perredista y el trabajo se reduce a pequeñas obras, más de carácter municipal que estatal.

En más del 50 por ciento de los municipios, no hay una sola inversión de carácter estatal y por el contrario, los ayuntamientos siguen siendo despojados de su derecho a manejar los fondos federales que llegan para el rubro de la seguridad pública. La Comisión Estatal de Seguridad Pública concentra esos beneficios sin dar cuentas a nadie.

Previo a las elecciones parciales del 2015, habíamos anticipado que sería un año muerto, porque el escaso dinero que hay suele desviarse para asuntos electorales. Así ocurrió, el derroche fue claro, la atención a las necesidades ciudadanas fue pospuesta, pero indefinidamente, porque el actual, parece otro año todavía menos productivo.

Tampoco hacia adelante aparecen posibilidades de mayor eficiencia en el desempeño de la autoridad. Por el contrario, debido a la pérdida de credibilidad, se siguen manejando una serie de hipótesis en el sentido de que el tabasqueño estaría separándose del cargo tempranamente, como estrategia para buscar sembrar distancia de una serie de conflictos que se le pueden venir encima por una cadena de irregularidades y violaciones al estado de derecho que lo ponen en riesgo de un enjuiciamiento político.

Pero aunque así no fuera y para nuestra desgracia, decidiera quedarse hasta el final, de todos modos el escenario a futuro no parece nada halagüeño, porque nuevamente, ya el 2017 es otro año electoral, sobre todo porque vienen las elecciones presidenciales y los tiempos se adelantan.

Es decir, otra vez los recursos públicos serán utilizados para comprar espacios de poder o candidaturas y Morelos tendrá que seguir aguantando con la esperanza de que en el 2018 llegue al gobierno alguien con amor y compromiso con el pueblo.

Es por eso que concederle a Graco la posibilidad de contratar un nuevo crédito, así sea de mil millones de pesos, sería imperdonable, ya que no ha ofrecido a los gobernados una justificación, una evidencia de que se vienen haciendo bien las cosas con el dinero de nuestros impuestos.

Bueno, aún Manuel Martínez a su paso por la presidencia municipal de Cuernavaca desarrolló una serie de inversiones y obras que pudieran representar en su conjunto montos casi equivalentes a los recursos del erario que manejó, y sin embargo sigue siendo objeto de toda clase de críticas y hasta denuncias por presunción de malversaciones. Y por cierto, en ello participó activamente Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro de Graco, quien fungió como Secretario del Ayuntamiento.

Pero a nivel de gobierno estatal, no hay nada, solo remiendos como la remodelación del Centro Histórico en la capital, que además, son recursos del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por encima de componendas y complicidades de algunos actores del resto de las estructuras de poder local, todos sabemos que la administración actual se está conduciendo con excesos y descarada corrupción. Poner más dinero en sus manos es seguir abonándole a sus cuentas personales, es decir, la de Graco, la de Elena Cepeda y la de Rodrigo Gayosso Cepeda, y a costa del hambre de nuestra gente. Si en los demás, que sí son morelenses hay un poco de sensatez, la petición le será negada, de otra forma, serán cómplices del nuevo atraco.