El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, aprovechó el foro para ofrecer algunas cifras comparativas en materia de delitos de alto impacto –secuestros, violaciones y ejecuciones- entre el gobierno de Graco Ramírez Garrido, el de Jorge Carrillo Olea y los que le sucedieron a éste último.

Con base en estadísticas recientes de distintos órganos encuestadores en la materia a nivel nacional, mostró una realidad que no es la oficial y ya sabrá usted cómo le fue al tabasqueño. Los números son contundentes, pasamos por el peor momento de la historia en inseguridad, aunque en Palacio se siguen manejando toda clase de cifras alegres.

Este fin de semana pasado, mientras el gobernador andaba por Tijuana, donde asistió a un fiestón que le preparó su jefe policiaco, Jesús Alberto Capella Ibarra, en Morelos seguía la cadena de crímenes, sólo en Tlaquiltenango se registraron tres.

Pero volviendo a lo de las fosas, los ojos de propios y extraños, a través de los medios de información, seguían con mucha atención los primeros resultados de la revisión de cadáveres y el comportamiento gangsteril de la autoridad se mostraba con intensidad. A nuestro compañero  corresponsal del periódico Reforma, Héctor González, lo sacaron a empujones de donde tomaba imágenes, en una acción más de violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

El gobierno de Graco sigue pues dando tumbos y lanzando golpes a todos lados en contra de un entorno crecientemente molesto por la ausencia de pudor y vergüenza de quien se dijo luchador social en algún pasaje de su opaca vida política.

Desde algunas oficinas de Palacio se maquillan cifras y se hacen cuentas alegres en torno a un régimen que se ve cada vez más distanciado de un pueblo que confió en sus promesas y ofertas político-electorales, pero que pasado el primer año, ya era calificado por muchos, como un personaje bufón y de nula palabra y seriedad.

Colgado del gobierno federal como única vía de salvación de su mal desempeño y saqueo de las instituciones locales, en el caso de Tetelcingo sus “operadores” seguían buscando la forma de posponer la exhumación de los restos humanos ahí depositados, producto de la delincuencia que continúa imparable y que seguramente no cederá a menos que el tabasqueño ponga tierra de por medio, porque todo lleva a pensar que es él y sus más cercanos, incluyendo a Capella, los que controlan las mafias locales.

LA TRANSPARENCIA DE GRACO

Y por cierto, el discurso de la transparencia sigue siendo uno de los distractores de Graco Ramírez y sus cómplices en el gobierno, para ocultar todo el desaseo que tienen en la administración pública estatal, pero en la realidad es todo lo contrario, la opacidad es el principal signo del gobierno en turno.

Y para que las cosas no se le salgan de control, buscó y logró, no sin complicidades, instalar a uno de los suyos en el ente superior de fiscalización, en la persona del auditor Vicente Loredo Méndez, que ya le hizo un buen trabajo en lo relacionado al crédito de los dos mil 806 millones de pesos.

Y en la Contraloría General de Gobierno, en la persona de Enrique Félix Iñesta tiene a un incondicional como titular, un sujeto que no rebuzna porque se ofende el burro y cuya responsabilidad es desvanecer cualquier prueba que muestre los actos de corrupción, sobre todo de Graco, Elena Cepeda su pareja y algunos cercanos al grupo.

Y la transparencia es tal que cuando consideró que las conferencias de prensa no le venían bien porque las preguntas le incomodaban, las transformó en monólogos que caían en el ridículo y donde sólo se exponía su “verdad”, pero cuando esta manera de informar fue criticada, decidió en definitiva cancelar sus apariciones, que eran los lunes de cada semana.

El asunto es que la mayoría de sus colaboradores fueron adoptando la misma estrategia, particularmente su secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, no se diga el famoso comisionado de seguridad, Jesús Alberto Capella o el fiscal, Javier Pérez Durón.

Bueno, pues ayer mismo, Quiroz Medina dio una “conferencia de prensa” para rechazar que el penal de Atlacholoaya esté controlado por el autogobierno, cuando es lo más evidente y sólo se limitó a dar lectura a un boletín previamente preparado, al final de lo cual, se negó a responder del mismo tema y otros, como el de las fosas.

Como se ve, todo es absolutamente transparente, tanto, que la ciudadanía está de plácemes por tan lúcido desempeño de sus autoridades, que simplemente rechazan ajustarse a las normas e informarles, vía los medios masivos de comunicación, lo que están haciendo.

Es una burla y una falta a las más elementales leyes en la materia. Graco y sus empleados viven del dinero del erario público, están legalmente obligados a informar a su pueblo de aquellos temas en los cuales sean requeridos, no hacerlo es una falta grave, sin embargo, para ellos es ya una constante. Y a esto le llaman además “transparencia”, haciendo gala de cinismo y falta de respeto a los gobernados.

Sólo que los contrapesos entre Poderes, contemplados incluso en la constitución aquí se perdieron, la función de algunos de ellos, en el sentido de equilibrar el manejo del poder público a fin de evitar los excesos, no se viene dando y el Poder Ejecutivo llega al abuso.

Pero además, con otra agravante, que complica todavía más la solvencia y transparencia en el ejercicio del poder, una especie de complicidad de la Federación, que es lo único que mantiene con vida política a Ramírez Garrido en la entidad. Por eso los abogados partieron hoy a la Ciudad de México, buscarán llegar a los Pinos para pedir al presidente Enrique Peña Nieto envíe a la gendarmería y las fuerzas policiacas federales para poner orden en Morelos. Iniciarán otro juicio político contra el tabasqueño.