Lo anterior da fe de que la Secretaría de Educación, a través de los canales competentes, ha venido entregando los recursos a la administración estatal, a fin de que se siga cumpliendo con un logro obtenido hace más de 20 años y que de pronto resulta que es ilegal, según la opinión del régimen en turno.
Pero si los fondos fueron enviados a las arcas estatales, ¿en qué fueron utilizados?, porque lo que se hace evidente es que no para los propósitos previstos y entonces estaríamos frente a un caso más de malversación económica que debe merecer la aplicación de una revisión a fondo para aclararlo.
Para algunos dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo anterior es una evidencia del desaseo en el ejercicio del presupuesto público gubernamental. Javier Álvarez, representante del CEN del sindicato magisterial en Morelos, dijo al respecto que “la Auditoría Superior de la Federación sólo interviene en casos de irregularidad en el uso de dineros del gobierno federal y entonces es una confesión de los funcionarios de Graco Ramírez en el sentido de que no ejercieron con transparencia ese monto”.
Y luego, ante pregunta expresa respecto al sustento jurídico de la entrega de la prestación al magisterio, la respuesta fue en el sentido de que “nosotros disponemos de actas, memorándums, oficios, que dan legalidad a la prestación, en todo caso, justificarlo ante la ASF, es problema de Graco, no nuestro”.
En concreto, la entrega de un bono de tres mil 800 pesos anuales a cada uno de los más de 11 mil profesores jubilados es una responsabilidad del sistema educativo estatal y para los beneficiarios lo menos trascendente es de donde provienen los fondos, la obtención de los mismos para dar cumplimiento a ello es responsabilidad de las autoridades estatales.
Si a ese dinero, que estuvo llegando desde el 2010 no se le dio el uso legalmente establecido, el delito no corresponde a los maestros, son quienes lo ejercieron los culpables, si es que se deben fincar responsabilidades, que sería lo más correcto.
Pero además, ya en la actual administración, durante los años 2013 y 2014 y 2015 esta administración entregó el bono sin mayores regateos ni resistencias, porque como le insistimos, es algo que está vigente desde hace más de 20 años y que tendrá que seguirse cumpliendo, porque de otra manera, las cosas se van a poner bastante críticas. El SNTE acaba de advertir que si es necesario, sacará a las calles a los 25 mil maestros, pero no van a permitir que Graco Ramírez les robe algo que les corresponde.
Ayer, durante una rueda de prensa que ofrecieron, la dirigente estatal del sindicato Gabriela Bañón Estrada y sus homólogas de las agrupaciones de jubilados de las regiones, entre ellas María de Lourdes Salazar y Lucía Velázquez, se dejó en claro que si el régimen se resiste al pago, la pasará muy mal.
María de Lourdes lamentó que “Graco se excuse en que no hay dinero, pero cuando se trata de viajes de placer, campañas políticas fuera de Morelos o conciertos, entonces sí hay”. Luego calificaron su actitud como de insensible, por considerarlos como un gasto innecesario.
La primera actividad programada fue la distribución de volantes en todo el estado, en los que informan a la ciudadanía de la intención de Graco de despojarlos de algo que se ganaron con luchas y movimientos. Incluso hacen responsable al gobernador y a su gabinete, de cualquier agresión al sector magisterial por defender lo que les pertenece.
En torno al reclamo de la ASF en la devolución de los 600 millones de pesos, es un asunto que busca ser utilizado por el gobernador, para enviar un mensaje al magisterio en el sentido de que la entrega de bonos es un acto ilegal y que por lo tanto no se puede seguir violando la ley. Sin embargo, también parece ser la evidencia de que se gastó de manera inadecuada, como parece ocurrir en una serie de rubros más.
Ya decíamos que al interior del SNTE priva una inconformidad creciente y que con mucho trabajo, Bañón Estrada venía conteniendo los ánimos a fin de que no se le desbordara, pero ya no hubo manera de evitarlo y la decisión ha sido comenzar una lucha que irá subiendo de tono a medida que la negativa oficial subsista.
Francamente es un acto de provocación de la autoridad intentar quitarles algo que para miles de profesores es un aliciente significativo, porque hay quienes reciben mensualmente poco más de tres mil pesos y los tres mil 800 del bono les sirve para subsanar muchas necesidades.
El magisterial es el sindicato más numeroso, no sólo en Morelos, a nivel de la República, pero aquí hablamos de cerca de 30 mil entre profesores, administrativos y personal de apoyo, más los 11 mil jubilados. Es decir, el pleito es contra más de 40 mil personas que, todo indica, vienen en la misma sintonía.
En el 2008 obligaron al entonces gobernador Marco Adame Castillo a presentar su renuncia al cargo ante Gobernación, misma que no fue aceptada y la respuesta fue el envío de operadores políticos para desarticular el movimiento. El tabasqueño se está pasando de listo, no importa que tan fuertes sean sus complicidades con el gobierno federal, pero si no retrocede en esta posición de menospreciar a los mentores, ni la Presidencia de la República podría hacer gran cosa por él.
Y las condiciones son además muy distintas, Adame Castillo traía en aquel entonces todavía mucha legitimidad y apoyo social, pero Graco ya no tiene capacidad ni para convocar a su familia. De entrada, los inconformes comenzaron su lucha sin afectar a terceros, pero ya le irán subiendo de tono y la acción final sería la suma de los activos para paralizar la actividad docente en toda la entidad.
