Es decir, el secretario del ramo Jorge Messeguer Guillén ha dado un paso atrás y ello es producto de la embestida publicitaria que se desarrolla contra el Poder Legislativo en todo el estado. Para el funcionario en referencia, es una derrota, a pesar de que hasta el fin de la semana anterior, la postura era indeclinable.

Y desde luego que la intención es también desestimular el movimiento de protesta de los permisionarios, que amenazan con estrangular la capital del estado y otras ciudades, además de tomar instalaciones gubernamentales.

Hace mucho que no veíamos recular a las instituciones o más bien a los encargados de las mismas. Las decisiones en muchos aspectos se venían dando a rajatabla, sin tomar en cuenta a los involucrados en tal o cual acción oficial. Lo habíamos anticipado, el transporte público es una fuerza política y social muy poderosa, no es fácil enfrentarlos sin consecuencias.

Como quiera que sea, están obligando a la SMyT a retroceder en un proyecto que parecía firme y además anunciado desde hace dos o tres años. Los cambios que se le harán a la ley, según el legislador priista, serán sustanciales, porque se le dará prioridad a los inversionistas locales, aún cuando era una empresa privada y además de fuera del estado la que ya se frotaba las manos por el negocio que tenía en puerta.

Estamos ya prácticamente en el cuarto año del sexenio, el poder se desgasta e inicia la decadencia, dado que el tiempo se acorta y también los liderazgos se van desvaneciendo.

Había sido una mala decisión el aprobar una reforma sin buscar el consenso, por lo menos con los más directamente involucrados. Habrá que ver cuál es la respuesta de los permisionarios a esta invitación de sumarse al proyecto, pero seguramente deben estar contentos por el sólo hecho de que pudieron vencer a Messeguer, que era el que venía mostrando incluso un comportamiento autoritario y de soberbia ante los opositores al Morebús.

EL COSTO DE LA POLÍTICA

Y en otro tema, seguramente que acabar con la corrupción y los excesos en el ejercicio del poder requerirá de mucho más que una Ley Anticorrupción, la cultura del derroche sigue arraigada en la política y acabar con eso requiere de valores y sobre todo compromiso con los ciudadanos.

Hacemos referencia al tema porque en un rotativo de circulación nacional, veíamos claramente que es urgente establecer reglas más claras en lo que tiene que ver con dos aspectos: el salario de servidores públicos como los presidentes municipales y los miembros del Cabildo, como el presupuesto que se destina a los congresos de los estados, donde no hay un esquema regulador.

Se refería por ejemplo, que en la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, que ahora es ya un congreso más, a partir de las recientes reformas, cada uno de los 66 integrantes cuesta anualmente algo así como 28 millones de pesos.

El comentario va en el sentido de que es demasiado, sobre todo porque el nivel de productividad ha sido muy bajo y el desempeño de los “representantes populares” no corresponde a la inversión que se hace por su trabajo. También el Estado de México aparece con sumas importantes en relación a las asignaciones por legislador.

Y acorde con los números, es el Congreso local de Puebla el que le cuesta menos a los gobernados. Ahí es sólo de 3.5 millones de pesos al año. Curiosamente Morelos se encuentra también en una posición bastante elevada. Aquí son 15 millones de pesos por diputado.

El análisis calculaba que si se tomara como ejemplo a la representación popular de Puebla, para definir la asignación presupuestal en cada Congreso local de las entidades del país y la Ciudad de México, el ahorro sería cercano a ocho mil millones de pesos anuales. Con eso sí se podrían desarrollar algunas acciones en bien de la población.

Pero como decíamos, tampoco existe un tabulador que regule la asignación de salarios de los cabildos, incluyendo al edil. En los ayuntamientos, son los cuerpos edilicios los que unilateralmente deciden cuánto quieren ganar y ya sabrá usted, se despachan con todo.

Y como las presidencias municipales son autónomas al resto de los poderes, en la mayoría de sus atribuciones, pues nadie los puede frenar. En lo que toca a nuestro estado, hace ya años que algunos diputados buscaron mecanismos a fin de acabar con esas irregularidades, pero las propuestas jamás avanzaron, desde el interior del Legislativo se impidió generar una norma al respecto.

Y bueno, el nivel de gasto de nuestros políticos está incluso arriba de sus homólogos de países como Canadá, Alemania o Colombia, a pesar de que México pasa por una de sus épocas más críticas en lo referente a crecimiento, captación de ingresos e inversión productiva.

Los cambios que se han estado haciendo a fin de ir cambiando la actitud de los servidores públicos no son suficientes, acaso mejorales para un enfermo de cáncer. Si realmente se quiere que el poco dinero del que se dispone sea bien utilizado, habrá que seguir poniendo reglas claras  y topes a todo tipo de gastos, porque sólo en eso se van miles de millones de pesos.

Qué decir del costo de las elecciones, es otro terreno igualmente escabroso, es incluso difícil que alguien llegue a saber con certeza cuanto se gasta en campaña un candidato a cualquier cargo de elección popular, porque la absoluta mayoría de los gastos a ese rubro se ocultan y sólo se dan a conocer números maquillados, a fin de evitar sanciones de los órganos rectores en esa materia.

Hoy que estamos en un momento en el que no parece haber un mañana de bonanza, se tendrían que hacer ajustes y cambios en muchas cosas de la política para ir enderezando un camino que transitó por senderos equivocados: un pueblo en la miseria y políticos que se enriquecen en dos o tres años.