En esta ocasión, hablamos de grados mayores de ajustes a la baja, en lo que respecta al rubro rural, pero ha sido ya una constante la disminución gradual que vienen padeciendo desde hace buen rato, por eso como país o estado nos hacemos cada vez más dependientes y nos alejamos de la autosuficiencia alimentaria.
Ante ello, cientos de hombres del campo de diversas partes de la república han decidido ir en caravana a la Ciudad de México, donde advierten de una magna concentración para este fin de semana, pero por lo pronto, el contingente que viene del estado de Guerrero arribó ayer a Cuernavaca, donde ya los esperaban un nutrido número de compañeros más para sumarse a la marcha.
Se trata de organizaciones que se han distinguido por una larga trayectoria de lucha al lado de quienes cultivan la tierra en sus diversas modalidades, entre éstas la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Central Campesina Cardenista (CCC), incluso una fracción de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de corte priista, por citar algunas.
Por lo menos intentan ir al rescate de la dignidad, porque el trato que se les viene dando en la distribución presupuestal del 2017, abonará en el desmantelamiento de la producción agropecuaria y advierte de serias dificultades en el futuro inmediato, para la sobrevivencia de miles de familias que viven de producir la tierra.
El alcance de los recortes es mayúsculo, cada afectado intenta salvar lo suyo, ya veíamos hace poco cómo algunas figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advertían de una resistencia ante la Federación, a fin de salvar programas vigentes que están en riesgo de quedarse sin fondos.
Para el caso muy particular de Morelos, nos referimos a la Beca Salario, que beneficia a más de 100 mil estudiantes, desde el tercero de secundaria hasta la educación superior y que en un 95% se trata de dinero federal. Bueno, el sector educativo, cultural y sobre todo el científico también vienen dando una respuesta poco amigable a la posición gubernamental de quitarles recursos.
Las instituciones superiores de gobierno están en un dilema, porque sencillamente no hay forma de mantener el nivel de apoyo a todos aquellos entes que cuentan con presupuesto derivado de la recaudación oficial, dado que los ingresos fiscales calculados anticipan una caída de cientos de miles de millones de pesos en el 2017.
Eso nos lleva incluso a un escenario de protestas, marchas, plantones, toma de instalaciones de gobierno y toda clase de reacciones colectivas en lo que resta de este año y parte del que viene, por lo pronto ayer llegó el contingente procedente del sur y que por la tarde continuó su caminata hacia la capital, donde se unirán a miles más que vienen de otros estados.
Tiempos muy difíciles sin duda, en los que necesariamente las autoridades y los poderes públicos tendrían que hacer un alto en el camino para valorar si existen posibilidades de amortiguar un poco los golpes financieros desde nuestro interior, si queda algo de sensatez.
Lo hemos mencionado en otras ocasiones, es cierto que el comportamiento de la economía internacional tiene bastante que ver en todo esto, sin embargo, el régimen mexicano abona y considerablemente a los desajustes y problemas en esa materia.
Desde los más altos niveles del ejercicio del poder, hasta los más bajos, los ayuntamientos impulsan el derroche, los distingue el burocratismo y la ausencia de compromiso con los intereses de sus gobernados y no obstante que cada vez como ciudadanos pagamos más impuestos, no hay dinero que les alcance para satisfacer sus apetitos personales, de grupo o de partido.
El pueblo ya no recibe ni migajas de lo que obligadamente tiene que entregar a manera de contribución a las arcas públicas federales, estatales o municipales. Las nóminas, en todos los espacios gubernamentales, están atascadas hasta el tope, lo que llega, sea mucho, regular o poco, se va en gasto corriente, porque además todos quieren resolver en dos o tres años su futuro familiar y de algunas de sus generaciones, asignándose ingresos que evidentemente no devengan.
Los niveles de corrupción son alarmantes y generalizados, cualquier representante popular o autoridad administrativa, sin importar el grado de preparación que tenga, gana como si viviéramos en una economía de primer mundo y en ocasiones hasta más, porque tampoco en materia salarial hay reglas claras de regulación y cada cabildo, por ejemplo, se auto asigna beneficios a criterio.
Cierto, obligadamente y ante las políticas internacionales en materia de energéticos, México ha tenido que depender menos de los ingresos del petróleo, pero como se mencionaba ayer en algunos medios de información nacionales, han buscado emparejarse con altísimos impuestos a sus derivados, como lo que está pasando con la gasolina.
Para nada se nos da la transparencia, por más que se intente maquillar algunas acciones, como aquello de las fiscalías anticorrupción, que muy tempranamente dan muestras de ser “elefantes blancos” que sólo demandan de más recursos para realizar dizque sus tareas de vigilancia en el buen destino del dinero del erario.
Estamos ya llegando al límite de la resistencia y sacrificio popular, incluso con el riesgo de llevar a un conflicto de mayores consecuencias, porque la carga recae necesariamente en el contribuyente y a éste ya se le agotaron los espacios de maniobra, lo tienen como rehén sus mismas autoridades.
En algunas etapas de la historia nacional, se aplicaron políticas que llegaron a privilegiar a algunos rubros más que a otros. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas del Río como presidente de la república impulsó precisamente al campo, Morelos refleja todavía una infraestructura en esa materia, que posibilita mayor productividad a partir de los canales de riego, que ofrecen agua a más de 50 mil hectáreas, que alguna vez fueron de temporal.
Pero fue el último mandatario que volteó a ver a los campesinos, a partir de él la prioridad fue la industrialización, pero como quiera que sea, el dinero acababa impulsando alguna forma de desarrollo, la preocupación hoy es que ya no hay dinero suficiente para nadie.
