Hay algunos rubros que presentan cierto descuido y pudieran incluso llevar a un retroceso, porque las juntas locales, así fuera casi sin presupuesto, venían ya ofreciendo cierta garantía de imparcialidad en la resolución de los juicios entre trabajadores y empresarios.
Y es que a juicio de abogados en materia laboral, existen lagunas que se tendrían que eliminar a fin de poder sentar las bases de un esquema que, además, requerirá de una inversión considerable a fin de que pueda operar al 100 por ciento.
Uno de esos profesionales en la materia recordaba que la desaparición de las juntas locales implica que serán ahora tribunales laborales dependientes del Poder Judicial los que se harán cargo de seguir ofreciendo la aplicación de la ley a los factores de la producción.
Per advertía por ejemplo que para el caso de conflictos laborales colectivos, conforme a las normas, deberá ser la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quien resuelva en última instancia, y aquí en el estado, ella no sabe nada de lo laboral, lo que anticipa un conflicto serio.
Pero además, también se recordaba que la reforma contempla que antes de ir a las demandas ante los tribunales, los actores en conflicto deberán buscar la conciliación y para ello se instalarán espacios al respecto, no obstante, éstos exigen de una inversión cuantiosa y lo que hasta ahora se sabe, es que para aquellos asuntos de competencia federal, estarán domiciliados en la Ciudad de México.
En concreto, como se ha venido dando en lo referente al nuevo sistema de justicia adversarial, para que la nueva ley laboral pueda comenzar a caminar, será indispensable ponerle una buena lana, lo que significa invertir cientos de millones de pesos en espacios, independientemente de personal capacitado sobre el asunto, porque el Poder Judicial no ejerce esta labor actualmente.
En lo que tiene que ver a la justicia adversarial, el dinero canalizado ha sido cuantioso y a decir verdad, los resultados no corresponden a esos montos, ya que continúan dándose muchas quejas por incumplimiento de tiempos y de resultados a la hora de las sentencias.
Acá más o menos es parecido, por eso se especula que a pesar de que ya las cámaras legislativas aprobaron la reforma, igual y la mayoría de los estados de la república acaban rechazándola, porque no tienen los recursos suficientes como para aterrizarla.
Como algunas otras leyes, esa requiere de la aceptación del 50 por ciento más uno de las entidades de la Federación y si no se alcanza dicho porcentaje, pues se tendría que dar marcha atrás. Hay incluso incertidumbre por parte de algunos gobernadores, porque la ven más como un problema que una solución en el futuro cercano.
Cierto, la eliminación de las juntas locales significa un ahorro en el gasto actual, pero lo que tendrá que hacerse para que funcione el nuevo esquema reclama de mucho más que eso y hoy el pleito es por dinero en todas partes. Igual y el propio gobierno federal no calculó que el comportamiento de la economía en lo sucesivo llevara a niveles tan complicados y decide dar marcha atrás.
No es nada fácil, porque se sigue advirtiendo que ésta, como la mayoría de las reformas estructurales que se hicieron en este sexenio, son producto de una “sugerencia” de los monopolios del poder político y económico en el contexto internacional y entonces, no hay manera de rajarse.
Para acabar pronto, si México quiere seguir perteneciendo a ese círculo de naciones de economías desarrolladas o en desarrollo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene que ajustarse a sus reglas y los cambios profundos a espacios como el energético, el educativo y sobre todo lo laboral, parecieran ser consecuencia de las indicaciones de dichos organismos.
Como quiera que sea, ésta, como muchas otras viene representando un conflicto y a pesar de que en éste ámbito no existen bloques consolidados que reacciones en cadena, contra los cambios, a veces tan drásticos, sí hay algunas voces, de profesionales, que advierten de las consecuencias que se pueden tener a partir de que se decida poner en funcionamiento el esquema en comento.
Quienes conocen los antecedentes de los sistemas laboral y de justicia penal en México, sostienen que los cambios fueron inducidos para empatar con los esquemas que se practican en otros países, lógicamente hablamos de naciones como Estados Unidos. Es decir, sistemas anglosajones.
El caso es que en lo que compete al aspecto laboral, se aprecia cierta incertidumbre, aún de las autoridades a nivel estatal, porque comienzan a observar que les va a pegar por el lado del presupuesto y en el caso de Morelos, no se previó el rubro en la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos del 2017.
Incluso, el propio gobernador pidió a algunos abogados laboralistas un encuentro a fin de analizar de fondo cómo vienen las cosas por ese lado y lo que se requiere son sugerencias, para que no los agarren descuidados cuando desde la Federación se acelere el proceso de aplicación.
De entrada, ya en lo local, vía la Secretaría del Trabajo, se prepara el escenario para ver cómo se resuelve el dilema de un buen número de empleados que laboran en la junta local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), porque desaparecerá para ser sustituida por los tribunales laborales que serán operados por el Poder Judicial.
Es medio contradictorio, han sido ellos los responsables de garantizar a patrones y trabajadores la impartición de justicia en ese terreno, y la cosa es que quién les garantizará a ellos que sus derechos y prestaciones adquiridas a lo largo de los años serán salvaguardadas.
No pocos quedarán sin empleo, porque el nuevo esquema no va a contratarlos a todos, quizás a los indispensables, aquellos que pueden ayudar a encarrilar y darle forma al sistema en puerta. Pero son modalidades sexenales que como decíamos, parecieran parte de los requisitos que como país debemos acatar para poder ser parte de algunos bloques económicos en el mundo.
