Lo anterior provocó la reacción de quienes ofrecían esos servicios, advirtiendo que la medida les ocasionaba pérdidas millonarias, además de generar desempleo en cientos de familias que basaban sus ingresos a partir de un empleo en esas instalaciones.
No obstante los reclamos, la posición se mantuvo y hace unos días se hizo pública la convocatoria para quienes desearan participar en la licitación de 12 concesiones, cuyos resultados se darán a conocer este 16 de noviembre.
Al respecto crece la polémica, porque un grupo de ex concesionarios del rubro -quienes pidieron anonimato, porque dicen que corren riesgos en su seguridad personal- sostienen que todo ya está arreglado por Topiltzin Contreras McBeath y que la supuesta licitación sólo ha sido para legitimar el proceso, pero que los 12 verificentros ya tienen concesionarios.
Aseguran que nueve de ellos serán controlados por Jorge Kahwagi Gastine, quien fuera presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), con monopolios en dicha materia en la Ciudad de México, Puebla y Tijuana.
Para los quejosos, lo anterior -si se cumple- viola la Ley Federal de Competencia Económica, pues estaría dando vida a un monopolio, que incluso pudiera incrementar el número de concesiones porque la licitación en referencia es sólo el primer paso, vendrán más, hasta adjudicar cerca de 40 y se anticipa que la mayoría serán para él.
Bueno, de los 12, afirman que nueve son del señor Kahwagi, dos de quien fungiera como representante de los verificentros en el estado, Joel Chávez Olascoaga, y el otro quedará en manos de un personaje de la política en la entidad.
Los ex empresarios del ramo mencionan que con dos requisitos nuevos Contreras McBeath los dejó fuera de la jugada. A diferencia de antes, los espacios mínimos requeridos para la apertura de un centro de verificación pasan de 600 a mil metros cuadrados y hay que dejar como depósito en garantía un millón 600 mil pesos, recursos que hoy día es difícil tener, cuando además hay que desarrollar una cuantiosa inversión adicional para la adquisición de equipos, como un software con tecnología de último momento.
Pero algo que igualmente les llama la atención es que los permisos de operación serán por 20 años, cuando se venían entregando con una temporalidad muy corta, sobre todo no más allá del periodo de un sexenio y eso los tiene más molestos.
Ayer, precisamente para anunciar que mañana miércoles se dará a conocer el resultado de la licitación de estas primeras 12 concesiones, los titulares de Administración Javier Barona Lavín y de la SDS, Topiltzin Contreras, ofrecieron una rueda de prensa en cuyo principio advirtieron que “no hay nada oscuro en este proceso, se cumple estrictamente con las normas de transparencia”, como haciendo referencia a los señalamientos de los quejosos que ya generaban controversia al respecto.
El titular de Desarrollo Sustentable justificó la clausura de los centros mencionando que un estudio en el tema, desarrollado a nivel de la megalópolis, reveló que Morelos ya venía siendo afectado por altos grados de contaminación a partir de emisiones vehiculares.
E incluso agregó que a partir de algunas reformas, hay nuevas normas con la aplicación de otros criterios y desde luego se insistió en que la invitación a participar fue abierta, que no se limitó a nadie y que de ninguna manera había “dados cargados” para alguien en especial, por eso se inscribieron 57.
Los nuevos sistemas, a decir de los funcionarios, tienen candados para evitar acciones de corrupción, que bajo los esquemas pasados se propiciaban, que porque acorde con el Centro Mario Molina, la existencia de dos o tres software permitía trámites poco transparentes.
Es decir, todo un rollo a fin de prometer que las cosas serán distintas en lo sucesivo, pero para quienes fueron desplazados son diametralmente opuestas, el propósito es convertir esos centros de verificación en un negocio de alto rendimiento, sobre todo con base en la entrega de permisos en esta primera etapa, porque son los que operarán en Cuernavaca y la zona conurbada, que concentra al 70% del padrón vehicular en la entidad.
Para ellos nunca hubo justificación, desde la clausura se actuó con toda premeditación, alevosía y ventaja, porque el proyecto era hacerlos a un lado y no obstante que pidieron a la SDS datos precisos, a fin de entender las razones, nunca se les atendió.
La absoluta mayoría de quienes operaron los 42 centros no están en condiciones de cumplir con dos requisitos: los mil metros cuadrados requeridos y el millón 600 mil pesos que hay que depositar, pero sostienen que todo eso fue perfectamente calculado por Topiltzin.
Bueno, dicen que las reglas de la licitación fueron dictadas por Jorge Kahwagi, quien igualmente comercializa los software que serán utilizados en lo sucesivo. Es un asunto que no terminará aquí, el titular de la SDS jura que no hay nada escondido en todo esto, sin embargo hay muchas dudas y lagunas informativas desde que se hicieron las clausuras.
La promesa es mejorar la calidad de aire, sin embargo, el funcionario en cuestión se ha significado por un desempeño realmente incipiente, por no decir mediocre, tiene serios conflictos en el control de reservas ecológicas como el Texcal o la sierra Montenegro.
Más aún, en el Texcal libra un juicio en tribunales porque comuneros y ejidatarios de Santa Catarina lo acusan de haber conseguido una expropiación de casi 50 hectáreas en esa zona reservada, para un proyecto que no atiende para nada los intereses de los posesionarios de la tierra.
De ahí que en lo que compete a los centros de verificación se tenga toda clase de sospechas y sobre todo porque hay quienes le hacen observaciones que necesariamente deben tener algo de verdad, no pueden inventarse nombres tan a la ligera, pero además, si están en lo cierto, sólo es cuestión de tiempo para que se conozca el fondo del asunto, de eso no queda duda alguna.
