Maciel Calvo

Maciel Calvo

El Foro Morelense de Abogados presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el que se abstiene de investigar presuntos actos ilegales perpetrados por los legisladores al aprobar sendos decretos de jubilación de secretarios de despacho y familiares de funcionarios de primer nivel, así como violentar la Constitución.

Ayer, Martínez Bello acudió a los juzgados a presentar la queja, que tiene como objetivo buscar que un juez revoque el acuerdo y ordene a la Fiscalía Anticorrupción dar entrada a la denuncia promovida por el Foro Morelense de Abogados en contra de 29 de los 30 legisladores locales el pasado 18 de julio.

Detalló que ese día, después de iniciar la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado envió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, la que “en un tiempo récord, pasando solamente cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción emite un acuerdo, en donde se abstiene de investigar y decide que no hay ningún delito de parte de los diputados”.

“Esto es una acción ilegal que nosotros estamos combatiendo. Acabamos de presentar una queja ante el juez de control para que sea, mediante audiencia, que el juez de control, quien obligue al fiscal anticorrupción a investigar tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política, relacionado con el 131 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es decir, no es de que quieran, tienen que entrarle a la investigación”.

Indicó que hay un sesgo evidente para defender a los diputados, que están a unos días de dejar de serlo, e hizo un llamado enérgico al gobierno estatal, al Tribunal Superior de Justicia y a los legisladores para que saquen las manos y dejen que el juez de control emita un fallo para que se obligue a que haya una investigación de hechos ilegales y de corrupción.

 

La ONG Morelos Rinde Cuentas dice que hay riesgo de que el Comité de Participación Ciudadana quede integrado por “burócratas”

“… de los 16 finalistas, el 90% son ex funcionarios públicos que ocuparon sus cargos por influencia política o partidista”.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas pidió a la comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) considerar la posibilidad de anular el proceso de designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, ante las presiones externas hacia la comisión y la posibilidad de que el comité quede integrado por burócratas.

Luego de la resolución judicial que permite a la comisión de selección continuar con el proceso de designación, el vocero de la organización Roberto Salinas Ramírez señaló que hay fuertes presiones hacia la comisión de selección para apresurar el proceso y nombrar convenientemente al Comité de Participación Ciudadana del SEA, el cual será columna vertebral en el combate a la corrupción.

“Desde la sociedad civil hacemos un llamado a la comisión de selección para que no se deje presionar por los poderes Ejecutivo y Legislativo para designar al Comité de Participación Ciudadana”.

“Ellos tendrán que designar en los próximos días o semanas a las cinco personas que integrarán el comité que dirigirá el sistema estatal anticorrupción y por ello son tan importantes estos nombramientos. Pero nos parece que estas presiones que está recibiendo, no ayudarán a una adecuada designación”, dijo.

Consideró que el proceso de oposición realizado por la comisión de selección se apegó a los lineamientos nacionales y se realizó adecuadamente, pero los criterios de depuración de aspirantes fueron muy rigurosos, al grado que de los 16 finalistas el 90% son ex funcionarios públicos que ocuparon sus cargos por influencia política o partidista, y la mayor parte de los ciudadanos sin experiencia en la administración pública pero con conocimientos para realizar la labor fueron descartados.

Por ello, plantea dos posibilidades: la primera, flexibilizar los criterios de selección para que pueda ampliarse el número de candidatos ciudadanos a ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del SEA; o, en su caso, considerar la posibilidad de anular el proceso e iniciar uno nuevo que permita a que dicho comité sea verdaderamente garante de los intereses ciudadanos.

Respaldado por empresarios y académicos que forman parte de Morelos Rinde Cuentas, Salinas Ramírez exhortó también al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara a postergar la designación del relevo de Juan Salazar Núñez, quien culmina el 28 de agosto su periodo como fiscal especializado en combate a la corrupción

Consideró lamentable que en reciente reforma, el Congreso haya delegado al titular de la FGE la facultad de designar al fiscal anticorrupción y consideró que el tema debe ser resuelto por la siguiente legislatura que tomará protesta el próximo 1 de noviembre.

“No pasa nada si no realiza el nombramiento, si espera a la siguiente legislatura para que se analice la forma y creemos que pudiera haber cambios en la forma en cómo se designa al fiscal anticorrupción, de manera que sea transparente y con participación ciudadana”, resaltó.

 

 

Como ordenó la Suprema Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva, señala la institución.

Hay otro grupo de trabajadores en retiro que también espera el pago de la prestación.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que comenzará a realizar los primeros pagos de pensiones a varios trabajadores jubilados a quienes no se les había otorgado el beneficio económico por falta de presupuesto.

Algunos jubilados han sido convocados por la Dirección de Administración del TSJ para anunciarles que ya está listo el presupuesto para comenzar a hacer los pagos retroactivos, a partir de las fechas estipuladas en sus decretos de retiro.
“Nos citaron porque ya fue publicado nuestro decreto y nos informaron que se nos pagará lo que se adeuda, porque el decreto nos concede el derecho para que esto se haga de manera oficial e inmediata”, indicó Leticia Pineda, una de las trabajadoras jubiladas.
Octavio Rosales Gutiérrez, director general administrativo del Poder Judicial, dijo que pese a los procesos jurídicos iniciados para conseguir presupuesto adicional para el rubro de pensiones, el TSJ mantuvo el pago del seguro social para que los trabajadores afectados pudieran contar con servicio médico.

Indicó que como ordenó la Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva.

Sin embargo, hay un número importante de trabajadores en retiro que también esperan que se les pague su pensión.

 

 

Logró una resolución favorable de un juzgado de distrito; el Congreso podría interponer recursos contra esa decisión.

El abogado Guillermo Arroyo Cruz pidió al Congreso de Morelos tomarle de inmediato protesta como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de que un juzgado de distrito le concedió el amparo para efecto de que entre en funciones.

Luego de impugnar la decisión del Congreso de revocar su designación como magistrado del TJA y obtener la protección de la justicia federal, señaló que los diputados deberían tomarle protesta para ocupar el lugar que dejó vacante el magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

Afirmó que la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito fue contundente, al resolver que los diputados violentaron sus derechos humanos, al negarle la garantía de audiencia antes de revocar su designación y por no aplicar la ley, ya que la única vía para anular su nombramiento era través de un juicio político, lo cual era imposible al no poder entrar en funciones.

“Es un acto de justicia, la legislatura actual podría ya en este momento tomarme protesta incluso a través de un periodo extraordinario de sesiones, con un único punto del día o, en su defecto, la diputación permanente podría hacerlo”, dijo.

La sentencia fue notificada el 6 de agosto al Poder Legislativo, quien tiene 10 días hábiles para impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado. Pero para Arroyo Cruz recurrir la resolución del juzgado de distrito, sería solamente “recursos dilatorios” para que la próxima legislatura atienda el asunto.

En agosto de  2015 Orlando Aguilar Lozano, ahora magistrado en retiro, promovió sendos amparos, cuando la anterior legislatura designó para ocupar su lugar como magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo, debido a que un juez federal concedió una suspensión  a favor de Aguilar Lozano, quien alegó que aún no concluía su periodo de ocho años y que era discriminado por razones de edad al haber cumplido 65 años, límite fijado entonces en la Constitución para el retiro forzoso.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo, pero Aguilar Lozano no sólo se mantuvo en el cargo al promover un nuevo juicio de garantías, sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo, y emitió una nueva convocatoria para sustituirlo, pero no prosperó.

En abril de 2018 Aguilar Lozano llegó un acuerdo con el Congreso, para obtener una pensión vitalicia como magistrado (y no a través de un haber de retiro) a cambio de dejar vacante la magistratura, mientras que Arroyo Cruz recurrió de nuevo a la justicia federal, que hace unos días le otorgó el amparo para tomar protesta.

La Segunda Sala del TJA actualmente está a cargo del secretario de acuerdos habilitado como magistrado, en tanto culmina el pleito jurídico y se define quien debe ocupar la magistratura que dejó vacante Orlando Aguilar. 

 

Exigen que no se deje impune el multihomicidio cometido en noviembre de 2016.

Familiares de cuatro estudiantes asesinados exigieron al Poder Judicial que no deje impune el crimen, ante la posibilidad de que los presuntos homicidas puedan ser liberados y absueltos.

Luego de que hace unos días uno de los implicados en el multihomicidio fue excarcelado porque el juez reclasificó el delito -a sólo encubrimiento-, las familias expresaron su descontento por la liberación.

En espera de ser recibidos por el gobernador, los padres de Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes asesinados tras acudir a una fiesta el 1 de noviembre de 2016, en el poblado de Ticumán, del municipio de Tlaltizapán, exigieron a la Fiscalía General del Estado y –especialmente- al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que no permitan que el crimen quede impune.

Manuel Carmona Zúñiga, tío de Alejandro -quien el día del homicidio festejaba su cumpleaños 17-, señaló que las familias decidieron exponer públicamente el caso para “exigirle a los jueces, a la fiscalía, que no dejen de hacer su trabajo, que hemos tolerado durante un año y siete meses la espera, pero –lamentablemente- hace un par de semanas dejaron en libertad a uno de los que presuntamente son responsables de este artero crimen”.

“Hay todavía detenidos, confiamos que el proceso lleve su cauce, de que el proceso se lleve a feliz término. No es sed de venganza, solamente es justicia; queremos que se queden en la prisión para que no le hagan daño a ningún joven más, para que no lastimen a ninguna familia morelense más. No podemos tolerar que este estado lleno de sangre y dolor se vaya con la libertad, como si no hubiera pasado nada”.

Recalcó que las familias se mantendrán prudentes, fuertes y no cesarán en su exigencia de justicia, pero “hoy le decimos a la fiscalía, al juez, a los jueces, que vamos a ser más observadores y que estaremos invitando a pedir justicia”.

Adelantó que fue apelada la liberación de Iván “N”,  uno de los implicados en el homicidio de los cuatro estudiantes,  quien obtuvo su libertad el pasado 20 de julio, luego de que un juez revocó la vinculación a proceso por homicidio calificado y reclasificó el delito a encubrimiento por favorecimiento, en cumplimiento de una sentencia de amparo.

“Pareciera que les están abriendo la puerta para que se vayan con total impunidad, no lo vemos a permitir, estaremos muy pendientes, más de lo que hemos estado”, advirtió, y señaló que estarán pendientes de que los otros seis detenidos y en prisión preventiva, acusados como responsables del multihomicidio, sean sentenciados y paguen por el crimen de los adolescentes.

El 1 de noviembre de 2016, Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la UAEM, festejaban el cumpleaños de uno de ellos y acudieron a una fiesta de Día de Muertos en la comunidad de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán, pero no regresaron a casa.

Sus cuerpos fueron localizados un día después en el paraje conocido como “El Caracol”, en el municipio de Yautepec. De acuerdo con la FGE, las víctimas habrían tenido una riña con sus verdugos. Además de Iván “N”, existen otros detenidos que enfrentan procesos penales por el delito de homicidio calificado.

 

Entró en vigor al publicarse el decreto que le otorga el pago del 95 por ciento de su último salario; inconsistencias ponen en duda su supuesta antigüedad laboral.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la “pensión dorada” de Karina Arteaga Gutiérrez, otrora directora de Recursos Humanos del Congreso local y cuyo decreto de jubilación presenta presuntas irregularidades, al no cumplir la ahora ex funcionaria con la antigüedad para obtener como pensión el 95% de su último salario y al existir dudas sobre la autenticidad de sus constancias laborales.

Una revisión al decreto pensionario 3400, publicado este miércoles en el órgano oficial de difusión y al currículum vitae de Arteaga Gutiérrez, hace visibles varias inconsistencias que ponen en duda que la ex funcionaria haya laborado “a la fecha de su solicitud 27 años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido”.

Según el decreto, durante su trayectoria pública Karina Arteaga ocupó nueve cargos en administraciones municipales en el extinto Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos. El primero de ellos, cuando apenas había cumplido 16 años de edad y ya atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Nació en Cuernavaca en agosto de 1973 (según su hoja laboral que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y actualmente tiene 45 años.  Siendo una adolescente, el 10 de septiembre de 1989 ingresó como auxiliar contable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, donde laboró hasta el 31 de mayo de 1997.

En esta temporada no sólo laboró en el municipio ubicado en la región oriente de Morelos sino que paralelamente estudió la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo egresada de la generación 1991-1996; y laboró o realizó su servicio social en la Contraloría General del Estado entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, pues en un currículum vitae aseguró que desempeñó el cargo de auxiliar auditor (aunque este empleo no fue contemplado en el decreto).

Al culminar su labor como funcionaria de Tepalcingo, de inmediato se incorporó también como auxiliar en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, donde laboró del 1 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 2003, es decir 6 años con 3 meses.

Pero es en este periodo donde se nota la primera inconsistencia en el cómputo de años trabajados al servicio del estado.  Al revisar el formato electrónico de dos diferentes currículos vitae de Arteaga Gutiérrez, uno del Congreso y otro del órgano electoral, se advierte que durante estos seis años no laboró en el ayuntamiento  de Atlatlahucan sino en dos empresas del rubro farmacéutico establecidas en la Ciudad Industrial de Cuernavaca  (Civac) en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, ella trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V.  de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia.

El 1 de octubre de 2003 y hasta el 15 de marzo de 2004 ingresó como auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano y del que es militante) y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa del grupo parlamentario del partido que sigue liderado por Jaime Álvarez Cisneros, ex diputado y otrora operador político de la actual administración.

El 1 de diciembre de ese año, Karina Ortega fue designada brevemente como consejera electoral en el extinto Instituto Estatal Electoral, cargo que ocupó por poco más de 8 meses (del 1 de diciembre de 2004 al 12 de agosto de 2005).

Fue hasta el 1 de noviembre de 2006 cuando Karina Arteaga se reincorporó nuevamente, pese a su experiencia obtenida y los cargos ocupados, como auxiliar contable de la Tesorería Municipal de Atlatlahuacan hasta el 30 de septiembre de 2008.

Días después, el 14 octubre de 2008 fue designada titular de la Unidad de Evaluación de la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, donde laboró hasta el 30 de junio de 2015.

Del 23 de septiembre al 27 de octubre de 2015 se desempeñó como subdirectora de recursos humanos del Congreso y del 28 de octubre de 2015 al 14 de mayo de 2018 ocupó su último cargo como directora de recursos humanos del Poder Legislativo.

Conforme al recuento de las fechas estipuladas en el decreto, la ex funcionaria tendría 26 años 11 meses y un día de servicio, y no los más de 27 años para obtener una pensión al 95% de su último salario como lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A ello se suma que durante seis años no habría laborado en el municipio de Atlatlahuacan sino en la iniciativa privada y cuyo tiempo se tendría que restar a los años laborados al servicio del estado, así como el porcentaje de la pensión. Además, de investigarse si las constancias laborales expedidas por los ayuntamientos y dependencias gubernamentales son o no auténticas.

Hasta el momento no hay un cifra confirmada del último salario de la ex funcionaria, pues en la última nómina del Congreso disponible en internet –que data de 2016- dice que el salario mensual, sin incluir compensaciones, es de 15 mil pesos menos deducciones. Al aprobarse el decreto, se estimaba que la remuneración de Karina Arteaga oscilaba entre los 30 mil y 40 mil pesos.

Karina Arteaga Gutiérrez by uniondemorelos on Scribd

 

También el Partido Encuentro Social promovió recursos de inconformidad por la asignación de diputaciones plurinominales.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) sesionará este viernes para resolver las impugnaciones promovidas esencialmente por varones inconformes con la distribución de las diputaciones plurinominales, que favoreció que la mayoría de los integrantes del Congreso fuesen mujeres.

El pasado 1 de julio, además de la gubernatura y los 33 ayuntamientos, se disputaron 12 diputaciones de mayoría relativa y ocho de representación proporcional. Como resultado de la elección y la distribución de escaños plurinominales, la LIV Legislatura estará integrada por 14 diputadas y seis diputados.

Esto dio pie a impugnaciones promovidas –principalmente- por algunos candidatos que ocupaban los segundos lugares en las listas de diputados plurinominales de los partidos o coaliciones, quienes argumentaron que en cumplimiento del principio de paridad de género, debían ser ellos, y no sus compañeras que encabezaban las fórmulas, quienes ocuparan los escaños legislativos.

La elaboración del proyecto de resolución está a cargo del magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Este 10 de agosto vence el plazo para que el TEEM resuelva las impugnaciones relativas a la integración de la próxima legislatura y, por lo pronto, la sentencia se mantiene en reserva.

Entre los quejosos destacan Carlos Rebolledo Pérez, del PRI, y Gustavo Lezama Rodríguez, del PAN, quienes ocupaban el segundo lugar en las fórmulas de diputados de representación proporcional de sus partidos, y alegan que con base en los precedentes sobre paridad de género, tocaría a ellos y no a sus compañeras Rosalina Mazarí Espín y Dalila Morales Sandoval ocupar las diputaciones plurinominales.

También el Partido Encuentro Social promovió recursos de inconformidad por la asignación de diputaciones plurinominales que realizó el Consejo Estatal Electoral.

 

No han sido liberados recursos emergentes para familias con gastos prioritarios y funerarios, denuncian.

Organizaciones y deudos protestaron en las instalaciones de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Morelos (CEAV) para denunciar que no han sido liberados los recursos emergentes para apoyar a las familias con los gastos urgentes y funerarios, y para exigir la emisión de la convocatoria para conformar la Comisión Estatal de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Lamentaron que las víctimas estén sometidas a trámites burocráticos, pues la CEAV no sólo no procura el flujo de los recursos para que las familias puedan hacer frente a sus necesidades urgentes, como su sobrevivencia y el pago de gastos funerarios -en los casos en que un ser querido es privado de la vida-, sino que restringe horarios y días para que los afectados puedan realizar trámites para acceder a fondos de ayuda y reparación del daño.

Amalia Hernández Hernández -quien sufrió el secuestro, asesinato e inhumación ilegal de su sobrino Oliver Wenceslao Navarrete en una fosa común de la fiscalía-, señaló que es inaceptable que Nadxieelli Carranco Lechuga, titular de la CEAV,  desde hace tres años argumente que el gobierno de Morelos no ha liberado los recursos para apoyos emergentes a las víctimas, y que no exista un fondo emergente -por lo menos- para que las familias dolientes que no tienen recursos puedan lidiar con los gastos funerarios .

“La comisión ejecutiva no ha cumplido con su obligación de proporcionar a las personas, a los deudos de algún hecho delictivo en el que pierde la vida algún familiar, de proporcionarles ayuda con los gastos fúnebres.  No les han dado absolutamente nada”, dijo.

También los manifestantes lamentaron la indiferencia de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado para emitir la convocatoria para integrar la Comisión Estatal de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, lo cual debió realizarse desde el mes del mes de abril y a estas fechas estar operando.

Amalia Hernández hizo un llamado para integrar esta comisión, pues en víspera de la culminación de la actual administración, señaló que no es tiempo, sino voluntad, la que hace falta para atender temas tan urgentes y delicados.

Por tal razón, lanzó un enérgico llamado al secretario de Gobierno, Ángel Colín, para que se atienda la dispersión de los fondos de apoyo a víctimas y la pronta conformación de la comisión.

 

 

El Congreso del estado invade competencias y se excedió en las reformas que facultan al titular de la FGE para designar al fiscal anticorrupción y para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, plantean.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) alista la acción de inconstitucionalidad que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar, a petición de organizaciones de la sociedad civil, las recientes reformas del Congreso local a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

El organismo informó que la secretaría ejecutiva afina el documento, con aportaciones de más de 30 organizaciones, que será presentado para reclamar la invalidez de distintos artículos de la ley orgánica de la fiscalía por considerarlos inconstitucionales.

La semana pasada, grupos de la sociedad civil solicitaron al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, presentar una acción de inconstitucionalidad para impugnar el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101 relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La CDHEM informó que a más tardar el viernes, presentará ante la SCJN lo que sería la quinta acción de inconstitucionalidad promovida por la comisión, con base en las facultades que le otorga la Constitución federal a los organismos de derechos humanos para impugnar actos de los Poderes del estado.

Entre los actos impugnados previamente por el organismo por medio de la acción de inconstitucionalidad, destacan las reformas del Congreso local que otorgaron la facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

 

La SCJN dio trámite a la controversia constitucional por la aprobación de jubilaciones de cinco trabajadores más por parte del Congreso estatal.

El Ayuntamiento capitalino impugnó otro bloque de decretos pensionarios de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), aprobados por el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 121/2018 promovida por la comuna de Cuernavaca, en contra de los decretos de jubilación de Irineo Benítez Ramírez, Raymundo Rafael Bruno, Hugo Rojas Iturbide, Joel Monroy Mejía y Edgar Rodríguez Jaime.

En recurso promovido ante el máximo tribunal del país, el Ayuntamiento demandó la invalidez de los decretos de jubilación publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 6 de junio, así como también impugnó la validez de diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Al igual que en la controversia constitucional 99/2018, el Ayuntamiento consideró que el Poder Legislativo se excedió y violentó el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, al aprobar sendos decretos de jubilación y transgredió el artículo 115 constitucional que establece las facultades del municipio para manejar su patrimonio.

La promoción de impugnaciones contra los decretos ha generado en el último mes diversas protestas de los trabajadores afectados, quienes han exigido el pago de pensión por jubilación, con diversos bloqueos a la circulación vehicular sobre avenida Morelos de Cuernavaca, donde se encuentra la sede del SAPAC. 

 

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