Familiares demandan resolución de procesos judiciales iniciados por el traslado a centros penitenciarios de otros estados hace un año.
Familiares de personas privadas de la libertad, que hace un año fueron trasladados a penales federales en otras entidades, pidieron a las autoridades del gobierno del estado su retorno al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, ante la imposibilidad de poder verlos y visitarlos en los lugares a los que fueron reubicados para purgar sus con condenas y enfrentar sus proceso penales.
Alrededor de 20 personas, la mayoría mujeres, se manifestaron pacíficamente en el Palacio de Gobierno para solicitar el apoyo de la nueva administración estatal, con el fin de que intervenga para que sus familiares sean nuevamente trasladados a Morelos y reubicados en algunos de los penales estatales, donde puedan ser visitados por sus familias.
Consideraron que fue injusto e ilegal el traslado de los reos a penales federales en Michoacán, Guanajuato, Sinaloa y Durango, ya que la reubicación se debió, en la mayoría de los casos, porque los propios internos y sus familias comenzaron a inconformarse, no accedieron más o ya no pudieron pagar las cuotas extorsivas exigidas por los directivos penitenciarios.
Señalaron que los anteriores funcionarios penitenciarios negaban a las esposas o parientes de los internos los llamados “folios” o pases autorizados para visitas familiares o visitas conyugales, y para ingresar tenían que pagar cuotas que iban desde los 300 a los 600 pesos por persona.
“Francisco Flores, con el Carmona, y todo su gabinete hicieron su agosto, y por eso hicieron su agosto y por eso se llevaron a todos los que se llevaron, porque empezaron a (protestar). Mi esposo empezó a inconformarse, porque él quería que me dieran mi folio y por eso se lo llevaron, porque no querían darme mi folio”, dijo una mujer cuyo esposo fue reubicado en el penal federal del estado de Sinaloa.
Señalaron que por tiempo, distancia y costo económico es prácticamente imposible poder visitar a sus familiares internos, por lo que hicieron un llamado respetuoso a las autoridades estatales para que soliciten el regreso de los 182 reos y que sean reubicados nuevamente en los penales estatales.
El 8 de marzo de 2024, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, la extinta Comisión Estatal de Seguridad llevó a cabo un fuerte operativo para el traslado de los 182 internos de Atlacholoaya a penales federales.
Mediante un comunicado, la CES –entonces a cargo del almirante José Antonio Ortiz Guarneros- justificó que el traslado obedeció a la intención de despresurizar el centro de reinserción estatal.
Aseguró que la reubicación de internos tuvo como finalidad “eficientar la organización y funcionamiento de los centros penitenciarios del estado, así como garantizar la estabilidad y gobernabilidad de los mismos. Además de tener el derecho a una estancia digna y salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran recluidas, el personal que ahí labora y aquellos que acuden a la visita familiar”.
También aseguró que los reclusos seleccionados fueron catalogados de acuerdo al hecho delictivo que cometieron, “como resultado de un estudio de evaluación de riesgo”.
Sin embargo, las familias han insistido que el criterio de reubicación de los internos fue porque no accedieron más a las extorsiones de los mismos funcionarios penitenciarios. En algunos casos, las familias han logrado tener contacto telefónico con los internos, pero en otros más sólo saben que están internos en alguno de los penales del norte del país.
Los inconformes, en su mayoría esposas de internos, expusieron que hay alrededor de 180 personas privadas de la libertad que hace un año fueron trasladadas a diversos penales del país, en estados como Durango, Sinaloa, Jalisco, entre otros, porque denunciaron corrupción en el penal de Atlacholoaya.
Mencionaron que quien encabezaba actos de corrupción era el anterior jefe carcelario, conocido como "El Paco". Les cobraban hasta 600 pesos por permitir la visita íntima y 300 pesos por el “brinco”, es decir, por cada vez que ingresaran personas que no tenían registro como familiares y folio oficial. Además, se negaban a registrar los nombres en el listado formal con pretextos burocráticos, para seguir cobrando.
La señora Elsa, esposa de uno de los internos trasladados, expresó que las autoridades de entonces argumentaron que sus familiares habían sido trasladados “por organizar motines”, pero en realidad los habrían cambiado de penal “como represalia” por quejarse y denunciar dichos actos de corrupción. Los verdaderos organizadores de los disturbios no habrían sido trasladados, según esta versión.
Aseguró que –incluso- existe una orden de un juez federal de que sean retornados a Morelos, pero no ha sido acatada. Comentó que sólo saben que las autoridades apelaron y los internos pueden promover un amparo, pero ese juicio podría durar de uno y hasta dos años, o más tiempo.
Además, externó que algunos de los internos son sentenciados, pero muchos, procesados, por lo que su ubicación en sitios lejanos a los juzgados donde se llevan sus casos complica el desarrollo de las audiencias.
Los familiares expusieron que algunos de los internos fueron llevados sin previo aviso a lugares muy lejanos y no tienen recursos para ir a verles, o para mandar o recibir dinero (del trabajo que hacen en prisión) para sus hijos.
Las manifestantes pidieron a la gobernadora Margarita González Saravia su comprensión e intervención. Expresaron que ya están desesperadas, pues ya transcurrió poco más de un año del citado traslado.
