El secretario municipal negó haber recibido alguna notificación o exhorto por parte del TJA por un supuesto adeudo con una empresa constructora.
Cuautla.- Luego de que la tarde del lunes circulara un documento en el que supuestamente la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) daba a conocer la destitución del alcalde, del síndico y regidores del Ayuntamiento de este municipio por un presunto incumplimiento en el pago de una deuda de poco más de tres millones de pesos a una empresa constructora con razón social “Construcción y Pavimentación Regional Especializada S.A. de C.V., el secretario municipal, Ricardo Arizmendi Reynoso, negó haber recibido notificación o exhorto alguno por parte del TJA acerca de la destitución de los integrantes del Cabildo y, en su caso, llamar a la realización de una sesión para tomar protesta a los suplentes.
Sin embargo, el funcionario refirió que en primera instancia habría que verificar si en efecto existe sentencia alguna que precise el llamado a las autoridades suplentes, además de también el que el Ayuntamiento haya hecho caso omiso a las recomendaciones del TJA al respecto del cumplimiento de la resolución, pero que al momento no existe ninguna notificación.
“Desde hace un año o dos hemos tenido diversidad de destituciones; sin embargo, hoy, el Cabildo, específicamente el presidente municipal, ha girado las instrucciones para que al momento que se tenga una notificación de ese tipo, se informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos”, señaló el secretario municipal.
Agregó que de cualquier forma, el área jurídica del municipio se encuentra atenta a los temas relacionados con las destituciones y a poder dar cumplimiento a las sentencias.
Finalmente, Arizmendi Reynoso subrayó que el destituir a un Cabildo para nombrar a otro no es la solución, ya que, a fin de cuentas, no hay recursos económicos para hacer frente a dicha situación. Por lo que refrendó que ya se realizó la petición al Congreso y al gobierno del estado para solicitar una partida presupuestal extraordinaria de 170 millones de pesos para que, de esta manera, se dé cumplimiento al pago de las sentencias que se tienen en puerta.
