Miércoles, 11 Septiembre 2019 05:29

Desmienten destitución del Cabildo de Cuautla

El secretario municipal negó haber recibido alguna notificación o exhorto por parte del TJA por un supuesto adeudo con una empresa constructora.

Cuautla.- Luego de que la tarde del lunes circulara un documento en el que supuestamente la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) daba a conocer la destitución del alcalde, del síndico y regidores del Ayuntamiento de este municipio por un presunto incumplimiento en el pago de una deuda de poco más de tres millones de pesos a una empresa constructora con razón social “Construcción y Pavimentación Regional Especializada S.A. de C.V., el secretario municipal, Ricardo Arizmendi Reynoso, negó haber recibido notificación o exhorto alguno por parte del TJA acerca de la destitución de los integrantes del Cabildo y, en su caso, llamar a la realización de una sesión para tomar protesta a los suplentes.

Sin embargo, el funcionario refirió que en primera instancia habría que verificar si en efecto existe sentencia alguna que precise el llamado a las autoridades suplentes, además de también el que el Ayuntamiento haya hecho caso omiso a las recomendaciones del TJA al respecto del cumplimiento de la resolución, pero que al momento no existe ninguna notificación.

“Desde hace un año o dos hemos tenido diversidad de destituciones; sin embargo, hoy, el Cabildo, específicamente el presidente municipal, ha girado las instrucciones para que al momento que se tenga una notificación de ese tipo, se informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos”, señaló el secretario municipal.

Agregó que de cualquier forma, el área jurídica del municipio se encuentra atenta a los temas relacionados con las destituciones y a poder dar cumplimiento a las sentencias.

Finalmente, Arizmendi Reynoso subrayó que el destituir a un Cabildo para nombrar a otro no es la solución, ya que, a fin de cuentas, no hay recursos económicos para hacer frente a dicha situación. Por lo que refrendó que ya se realizó la petición al Congreso y al gobierno del estado para solicitar una partida presupuestal extraordinaria de 170 millones de pesos para que, de esta manera, se dé cumplimiento al pago de las sentencias que se tienen en puerta.

 

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Los afectados pueden ampararse para tratar de frenar la medida.

Por desacato judicial, la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó la destitución e inhabilitación del Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, cuyos integrantes buscan la protección de la justicia federal para evitar que se consume su cese.

Este 4 de septiembre, la sala notificó al ayuntamiento de su resolución, dentro del expediente TJA/3ª/09/2017, por la cual determinó la destitución del presidente municipal, Mario Ocampo Ocampo; de Verónica Torres Rebollar, síndica municipal; y los regidores Israel Alemán Cárdenas, Gilberto Rojas Cárdenas, Ramiro Macedo Domínguez, Cristóbal Acevedo Aguirre y Rubén Morales Ozaeta, así como su inhabilitación para ocupar cargo por seis años.

Lo anterior, con base en los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que faculta a los magistrados de las salas y al Pleno para cesar e inhabilitar  hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por su resistencia a dar cumplimiento a las sentencias emitidas por este tribunal.

La destitución e inhabilitación obedeció a que el ayuntamiento no acató la resolución que ordenó el pago de más de un millón de pesos a un ex elemento de la policía municipal que, como consecuencia de un accidente automovilístico mientras estaba en funciones, quedó inválido y la comuna lo habría dejado a su suerte, sin pagarle su pensión y prestaciones por incapacidad permanente.

El Cabildo tiene la posibilidad de recurrir al juicio de amparo y solicitar la suspensión para intentar frenar su remoción.

 

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También los extesoreros son requeridos para que cubran las sanciones aplicadas por el TJA, que deben cumplirse aunque ya no estén en el cargo.

Las autoridades hacendarias locales pueden promover embargos o inmovilización de cuentas bancarias.

La Secretaría de Hacienda de Morelos comenzó a requerir a los ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales para que paguen las multas que les fueron impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por el incumplimiento de sentencias y que no pagaron durante su gestión.

El magistrado del TJA, Jorge Alberto Estrada Cuevas, señaló que la terminación de sus trienios, no significa que puedan eludir su responsabilidad legal de cubrir de su peculio las multas que alcanzaron hasta las 100 unidades de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos), pero que, en la medida en que persistió el incumplimiento, se fueron acumulando no sólo en número, sino en la cantidad de expedientes, en que no se ejecutó la sentencia por parte de las autoridades municipales responsables.

“Todos aquellos servidores públicos de los ayuntamientos que terminaron su ejercicio, entregaron a los nuevos cabildos, pero se quedaron con el problema de las multas que el tribunal les impuso. ¿Qué significa esto? Significa que no se quedaron exentos de la sanción que les impuso el tribunal, porque la Secretaría de Hacienda les está requiriendo en sus domicilios particulares el pago de las multas y para eso está acudiendo a sus domicilios y está trabando embargos, sobre bienes de esos servidores públicos y, en algunos casos, la Secretaría de Hacienda tendría la posibilidad de inmovilizar algunas cuentas (bancarias) de estas personas”, explicó.

Señaló que prácticamente los 33 ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales recibieron multas del TJA por incumplimiento de las sentencias, principalmente relacionadas con indemnizaciones a elementos de seguridad pública destituidos que no fueron pagadas.

“Este es un llamado, porque si se piensa que se puede burlar el cumplimiento de las sentencias, es no es cierto, el brazo de la justica los va a alcanzar donde se encuentren ellos”, advirtió.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa, el tribunal tiene la facultad de aplicar diversas medidas de apremio para hacer cumplir sus sentencias, que van desde la amonestación, multa o arresto por 36 horas, hasta la destitución e inhabilitación por seis años para ocupar cargos públicos.

Recordó que ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca, si bien obtuvieron amparos para evitar su destitución, quedó firme la inhabilitación decretada por el tribunal para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, como sanción al desacato judicial.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de una ex regidora, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.

 

 

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Miércoles, 06 Febrero 2019 05:14

Inhabilitó TJA a varios exfuncionarios

Laboraron en cuatro municipios e incurrieron en desacato judicial;  no podrán desempeñar nuevos cargos mientras dure su sanción.

El tribunal anuncia mayor rigor contra las nuevas administraciones.

Ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca quedaron inhabilitados por el Tribunal Justicia Administrativa (TJA) para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, al quedar firmes las sanciones impuestas por desacato judicial.

A pesar de que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó las controversias constitucionales promovidas por los anteriores miembros  de los Cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, con el argumento de que los quejosos habían culminado su periodo constitucional y habían obtenido amparos, el magistrado del TJA, Jorge Estrada Cuevas, aclaró que la protección de la justicia federal sólo fue para evitar su destitución por haber sido electos por la vía del voto, pero no los protegió de la inhabilitación decretada.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de la ex regidora Gudelia Colín Moreno, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.

“Lo que pasa es que esos amparos que se les otorgaron fueron contra la orden de destitución, más no contra la inhabilitación. Entonces, este tribunal en diversos expedientes destituyó a los servidores públicos, recuerdo, por ejemplo, que formaron parte de los municipios de Cuautla, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaquiltenango, entre otros”.

“De ellos, promovieron el amparo y les concedieron la protección constitucional contra la destitución, pero no solamente fueron (por parte del TJA) destituidos, también fueron inhabilitados. Lo que significa que si ahora piensan ingresar a la administración pública federal, estatal o municipal, ya no como servidores públicos de elección popular sino como designación o nombramiento, estarían incurriendo en una responsabilidad porque están inhabilitados”, explicó.

El magistrado Jorge Estrada Cuevas advirtió que el tribunal será más severo con las nuevas administraciones municipales que no cumplan con las sentencias del TJA, pues si bien harán llamados a cumplir con las sentencias heredadas por las administraciones anteriores, estos irán acompañados con apercibimientos de multas de 100 veces la unidad de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos) e irán en aumento, hasta llegar al arresto, la destitución e inhabilitación si los miembros de los ayuntamientos incurren en reiterado incumplimiento de las sentencias del tribunal.

“Las administraciones municipales que asumieron el cargo a partir del 1 de enero, están igualmente obligadas al cumplimiento de las sentencias y no vamos a iniciar un procedimiento de apercibimiento para el cumplimiento, sino que vamos a partir de ese momento en que nos quedamos con las administraciones pasadas”.

“Si ellos han aprendido, nosotros también hemos aprendido en el sentido de que la ley no ha sido declarada inconstitucional por cuanto a las inhabilitaciones, entonces si vamos a seguir requiriendo, vamos a seguir imponiendo arrestos a los servidores públicos y en su caso las destituciones para aquellos que no tengan la protección constitucional y la inhabilitación”.

Exhortó a las autoridades municipales a que cumplan con las sentencias del TJA, de lo contrario, la advertencia es que “de no cumplir, se van a tener que sujetar a las sanciones que la ley les impone por la morosidad, por la contumacia, en el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por este tribunal”.

De acuerdo con los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los magistrados de las salas y el Pleno tienen facultades para cesar e inhabilitar hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por desacato judicial.

Aunque llegó a la SCJN las inconformidades de los ayuntamientos contra la norma, el alto tribunal no entró hasta ahora al análisis de fondo del asunto y las disposiciones afectarán a las nuevas administraciones municipales. De acuerdo con el TJA, hay más de 600 sentencias que no han sido cumplidas por los municipios.

 

 

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Por cesación de efectos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, en la que reclamaba la invalidez de las disposiciones que facultan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para destituir e inhabilitar a presidentes municipales y a cabildos por incumplimiento de sus sentencias.

El ayuntamiento ixtleco solicitó al Alto Tribunal la invalidez de los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que facultan a los magistrados de las salas y el Pleno para cesar e inhabilitar a ediles, síndicos y regidores por desacato judicial.

Al analizar la controversia 267/2017, por mayoría de seis votos, el Pleno resolvió sobreseer el recurso de control constitucional bajo dos argumentos. El principal, porque hubo cesación de efectos, ya que las autoridades municipales quejosas concluyeron su período el 31 de diciembre de 2018.

El segundo argumento, porque también hubo cesación de efectos porque los otrora servidores públicos municipales promovieron de manera individual sendos juicios de garantías y, en todos los casos, se les concedió el amparo y el TJA dejó sin efectos la orden de destitución e inhabilitación.

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La partida es menor a la del año pasado; el órgano jurisdiccional planteó una suma de 41 millones de pesos; le autorizaron 33.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se inconformó ante el Congreso del estado por el presupuesto asignado en el Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores por 33 millones de pesos, dos millones menos en relación con el 2018.
Mediante un oficio remitido a la LIV Legislatura, los magistrados del TJA solicitaron que se acate la resolución de un juez que ordenó asignar el presupuesto necesario para cubrir el pago de salarios y los gastos del tribunal.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos que aprobó el G-15 el 8 de enero pasado, sólo se autorizaron 33 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que la propuesta que los magistrados presentaron era mayor a los 41 millones de pesos.
Aunado a la reducción del presupuesto a dicho tribunal, ayer, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó que el G-15 no había etiquetado recursos para el TJA, así como tampoco para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).
Tras haberse dado cuenta de su error y, mediante el "Anexo 29", que se envió al Poder Ejecutivo el pasado lunes, los legisladores asignaron presupuesto a los dos órganos; al primero, 33 millones de pesos, y al segundo, 18 millones.
La legisladora priista sostuvo que dicha omisión es un error grave, ya que el anexo que incluyeron en el Paquete Económico se envió fuera del periodo extraordinario de sesiones que se abrió exclusivamente para desahogar el tema presupuestal.

 

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En tanto, trabajadores del Ayuntamiento protestaron en la sede del Congreso por la falta de pagos.

El Congreso del estado exhortó al alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, se abstenga de modificar el tabulador salarial con la finalidad de sindicalizar a trabajadores allegados, a menos de dos meses de que concluya su administración municipal. Mientras tanto, empleados del ayuntamiento protestaron ante el Congreso del estado, ya que no han cobrado su salario en las últimas tres quincenas y sus prestaciones fueron suspendidas. 

Desde las nueve de la mañana de ayer, decenas de trabajadores del gobierno municipal arribaron al recinto legislativo y pidieron la intervención de los legisladores, ya que son 800 los afectados por las medidas del edil.

Los inconformes se quejaron porque el presidente municipal sólo ha justificado el incumplimiento de sus obligaciones por la falta de recursos financieros.

Ante la propuesta de los trabajadores, los legisladores locales aprobaron, en sesión ordinaria, un punto de acuerdo para exhortar al alcalde a que se abstenga de regularizar cargos en el gobierno municipal y de modificar el tabulador de salarios, sólo para beneficiar a familiares y gente cercana que trabaja en su administración, con la intención de sindicalizarlos.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla explicó desde la tribuna que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolvió que es improcedente otorgar pensión a algún trabajador, por lo que también solicitó a Tadeo Nava cumplir con esa orden y cancelar las pensiones que había autorizado.

 

 

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La designación de Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo obedece a intereses de la actual administración estatal.

Dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se encuentran en la mira del Congreso local, no sólo por los señalamientos de la Secretaría de la Contraloría, sino porque la anterior legislatura realizó maniobras legales para garantizar que Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo conservaran su adscripción a las salas especializadas en responsabilidades administrativas y el control de la presidencia del tribunal.

De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, se pondrá a discusión una posible revisión a las actuaciones particularmente de ambos magistrados, ante las sospechas de irregularidades o negligencia en el desempeño del cargo, luego de que la directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruedas Zacarías, se reunió con el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, para exponer la protección a funcionarios corruptos desde el TJA y los obstáculos jurisdiccionales que enfrenta para imponer sanciones.

Según las fuentes consultadas, también podría ser motivo de discusión en el Congreso la reforma que la pasada legislatura realizó a la Ley de Justicia Administrativa el 29 de agosto, cuando los anteriores diputados fracasaron en su intento por designar a dos nuevos magistrados del TJA, debido a una suspensión federal concedida a un litigante que impugnó la convocatoria para los nombramientos.

Y es que en los artículos transitorios de la reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 31 de agosto, los otrora diputados garantizaron a los “magistrados carnales” mantener su adscripción a las salas especializadas y el control de la presidencia del TJA.

En el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa se estableció que el magistrado presidente del TJA será electo con el voto de al menos cinco de los magistrados y durará en el encargo dos años.

Pero en los artículos transitorios tercero y cuarto de la reforma, los anteriores diputados establecieron que partir del 1 de enero de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2020, asumirá la presidencia del tribunal el titular de la Cuarta Sala, Manuel García Quintanar, quien -antes de asumir la magistratura- fungía como coordinador general de asesores de la Secretaría de Gobierno durante el gobierno de Graco Ramírez, era militante del partido Movimiento Ciudadano y colaborador cercano del exdiputado y exsecretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros.

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 asumirá la presidencia el titular de la Quinta Sala, Roque González Cerezo, militante panista y quien -previo a su designación- se desempeñaba como funcionario legislativo. Hasta el 1 de enero de 2023 la elección de la presidencia será conforme a lo previsto en la ley.

Ambos magistrados, cuya designación en su momento fue considerada “a modo” del gobierno en turno, podrán permanecer en su adscripción a las Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas durante nueve años o lo que dure su encargo.

Ante la denuncia de la funcionaria de la Secretaría de la Contraloría y estas reformas legislativas, es que el Congreso analiza la situación en el TJA.

 

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Como respuesta a las acusaciones de un diputado, evidencia negligencia de magistrados.

La directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruelas Zacarías, acusó en redes sociales a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de proteger a funcionarios corruptos y obstaculizar procesos sancionadores.

Luego de la comparecencia de la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, ante el Pleno del Congreso, en la que expresamente el diputado José Casas González cuestionó la eficacia de la dependencia para fincar responsabilidades a funcionarios o exfuncionarios, y pidió tomar medidas contra empleados “flojos”, Ruelas Zacarías respondió a través de las redes sociales al legislador, para defender el trabajo que realiza junto con colaboradores en la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.

En un texto preciso, la funcionaria pidió al legislador no sólo darle el beneficio de la duda, sino la oportunidad de exponerle de frente una serie de obstáculos que enfrenta la dirección a su cargo, debido a una serie de “criterios” adoptados por varios magistrados del TJA, que “inclusive, están decretando nulidades por la derogación de algunos artículos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diputado: (y) yo no puedo ser juzgada por eso”.

“Por otra parte le quiero contar, distinguido Diputado, lo que el TJA está haciendo mal, y es que no son dueños de la verdad y están cometiendo atropellos para ayudar a sus protegidos, le daré algunos ejemplos con el compromiso de entregar los documentos que sustentan mi dicho”.

Describió que hay un aviador en el Instituto de Educación Básica (IEBEM) que litiga las resoluciones de la Secretaría de la Contraloría y que fue compañero de partido de uno de los magistrados del TJA, quien curiosamente tiene en su sala todos los asuntos de este funcionario, “pero lo más interesante son los argumentos que el magistrado invoca para anular nuestras resoluciones: imagínese, me anuló una inhabilitación aludiendo a que el servidor público sancionado tiene dos hijas menores a las que les debe sufragar alimentos e invocó el interés superior del menor. Nunca se había visto eso, en una materia en donde debe prevalecer el interés del Estado”.

Sin especificar el nombre, señaló que el magistrado aludido también radicó indebidamente una demanda de nulidad, aun cuando uno de sus homólogos la desechó por notoriamente extemporánea y, al preguntarle por qué lo hizo, dijo que no se dio cuenta.

Otro magistrado, narró, desde junio de 2017 tiene guardado en su escritorio un juicio de nulidad, donde la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas impuso 24 sanciones a ocho servidores públicos y, hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.

Expuso que un tercer magistrado decretó erróneamente que operaba una caducidad y, aun cuando la dirección a su cargo interpuso un medio de aclaración por escrito, la respuesta fue que no entendía.

Ruelas Zacarías lamentó que las Salas Cuarta y Quinta, que fueron creadas como salas especializadas en responsabilidades administrativas, sólo integran un expediente, según declaraciones del propio presidente del TJA, Jorge Estrada Cuevas.

El texto fue posteado por usuarios de la red social al diputado José Casas, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien este martes se reunió con la funcionaria, con el objetivo de escucharla y conocer con precisión las presuntas omisiones e irregularidades imputadas a miembros del TJA. 

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Viernes, 07 Septiembre 2018 05:21

El TJA hará un registro de litigantes

Así lo disponen recientes reformas a la ley del órgano.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) deberá hacer un registro de los abogados que litiguen en este órgano jurisdiccional y crear un Pleno Especializado para el desahogo de asuntos relacionados con responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Con la vigencia de las últimas reformas a La Ley de Justicia Administrativa, este tribunal está obligado a crear un registro de abogados que garantice que cuenten con título universitario y cédula profesional para ejercer, para dar certeza jurídica a los justiciables de que sus representantes legales son profesionales del derecho.

La reforma en vigor desde el 1 de septiembre también dotó al TJA de facultades para que en los procedimientos de designación de beneficiarios de elementos de seguridad pública, se garantice a los menores, incapacitados o adultos mayores el derecho a percibir el mínimo vital que les permita subsistir, mientras se concluye el procedimiento.

“Esto atendiendo a la dura realidad que viven las familias de los elementos de seguridad del Estado o de los Municipios acaecidos (sic) en servicio, los cuales en muchos de los casos el elemento de seguridad finado era el único sustento para la familia”.

Además, se realizó una “reingeniería” al Tribunal de Justicia Administrativa para otorgarle funcionalidad a su nueva integración, al pasar de cinco a siete el número de magistrados, y dar paso a la creación de un Pleno Especializado conformado por cuatro magistrados para desahogar principalmente los recursos que se interpongan en los procedimientos ordinarios y en los que se apliquen sanciones derivadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En un artículo transitorio, estableció que prevalecen los derechos adquiridos por los magistrados titulares de la Cuarta y Quinta Sala, Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo, respecto de sus adscripciones a las dos Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas, por el plazo para el que originalmente fueron designados, así como respecto de la rotación de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Es decir, que ambos conformaron el Pleno Especializado, al igual que los dos nuevos magistrados que, en su momento, nombre el Congreso.  

La disposiciones reformadas son los artículos 1, 4, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 28; y se adicionó el artículo 3 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

 

 

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