Cuernavaca, Morelos.- De aplicar una tarifa nueva en el costo de verificación vehicular en julio próximo, tal como lo anunció la Secretaría de Desarrollo Sustentable “lloverán amparos”, advirtió el Colegio Morelense de Abogados.
Juan Juárez Rivas, representante de dicha organización, dio a conocer que esa agrupación ya trabaja en el análisis jurídico ante la preocupación de la ciudadanía por las nuevas disposiciones en materia de verificación vehicular para Morelos.
Aseveró que ya registran solicitudes de orientación en torno al referido programa, luego de la información dada a conocer recientemente por el secretario de Desarrollo Sustentable Topiltzin Contreras MacBeath.
El litigante sostuvo que ese funcionario no tiene facultades para decidir sobre los precios que se pagarán y si se igualarán a los de la Ciudad de México por ese servicio, ya que la única instancia para aprobar las contribuciones es el Congreso del Estado:
“Cuando menos este año no podrán hacer un cobro al antojo del señor Topiltzin, porque la Ley de Egresos ya está aprobada y no se va a modificar por estos antojos”.
Advirtió que se provocará una “lluvia de amparos y de protestas” en la calle, porque los verificentros todavía no están funcionando y los pocos que han sido autorizados en el proceso de licitación no tendrán capacidad de atender y verificar todos los vehículos.
“Le pedimos al señor secretario que se serene, que haga las cosas de acuerdo con la ley, que no se provoque a los ciudadanos, ya tenemos muchos problemas en Morelos… no es posible que los agentes de la policía Morelos apliquen sanciones, porque no se ha reformado la ley”.
Ante la postura de la SDS en el sentido de que se aplicarán multas en caso de que no se cumpla con la verificación, el litigante aseveró que el Mando Único o Policía Morelos tiene una función muy específica, conforme a la Constitución del Estado: “ellos persiguen los delitos no las faltas administrativas. Los elementos de tránsito pueden solicitar documentación, pero dudo que los alcaldes acepten que esa función administrativa sea aplicada”.
Por otro lado, aseveró que doce verificentros (los que hasta donde se tiene conocimiento comenzarán a operar en julio) no serán suficientes: “habrá largas filas; la ciudadanía no tiene la culpa de los servicios deficientes que ellos dan. El proceso de verificar se hizo para no contaminar, no con el objetivo de recaudar”.
