La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos pidió al gobierno de Morelos establecer un “mecanismo simple e inmediato” para entregar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) los recursos para el pago de salarios de los trabajadores administrativos y académicos en activo y jubilados.
Por medio de un comunicado, el organismo señaló que la propuesta del gobierno de Morelos, en respuesta a las medidas precautorias requeridas por la comisión, es inviable y rezaga la solución del conflicto.
Y es que la propuesta del gobierno estatal condiciona al Consejo Universitario para que, a través de una comisión especial, abra una cuenta bancaria únicamente para la transferencia de los recursos para el pago de la nómina de la institución de la educación superior, con el argumento de que no quiere que el rector Alejandro Vera Jiménez se involucre en su administración para evitar su desvío.
“Esta comisión de derechos humanos, al recibir el oficio en el que el gobierno del estado propone un mecanismo para cumplir la medida cautelar solicitada por la CDH Morelos, una vez analizado resulta complejo y dilatorio, que impide una pronta solución al conflicto, independientemente de que vulneraría preceptos contenidos en la normatividad universitaria e incluso contractuales”.
“Por ello, el día de hoy hemos exhortado para que mediante un mecanismo simple e inmediato, el gobierno disponga el recurso suficiente para el pago de las nóminas referidas, contando desde luego con la anuencia y participación de la autoridad universitaria a través de su tesorería y también del ejecutivo bancario que tenga facultad para garantizar que los recursos serán dispersados de inmediato a las cuentas individuales de los trabajadores”, dijo.
Desmarcó al organismo de cualquier sesgo a favor o en contra de las partes involucradas, y sostuvo que no actúa por complacencias hacia el Estado o hacia particulares, porque “somos un organismo neutral, mediador, cuya acción está apegada en todo momento al marco jurídico mexicano y estándares”.
Recalcó que la propuesta del Ejecutivo estatal no es una medida obligatoria y las autoridades universitarias y los sindicatos que se han adherido a la queja iniciada ante la comisión están en la libertad de aceptarla o rechazarla.
Ante la escalada del conflicto, en que las partes mantienen posturas inamovibles, destacó que “no se deja de observar que en la resistencia de un número reducido de personas para darle solución al conflicto, se ven afectados derechos de casi 50 mil personas entre comunidad estudiantil, personal docente y administrativo, por lo cual reiteramos nuestro enérgico llamado para dejar de lado pretensiones e intereses personales para salvaguardar el derecho humano a la educación, derecho humano encaminado a preservar y promover la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo, al tiempo de que se eviten actos de molestia hacia estudiantes y personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”.
El organismo insistió en que realizará los esfuerzos necesarios para que la base trabajadora de académicos y administrativos y el personal jubilado reciban, a la brevedad, el pago de la catorcena vencida y se asegure el puntual pago de las catorcenas futuras.
“Refrendando nuestro llamado a las diferentes autoridades a la conciliación pacífica de conflictos y el alto a conductas que atenten contra los derechos de las y los estudiantes de Morelos”, concluyó el comunicado.
