Cuernavaca, Morelos.- La Fiscalía Estatal Anticorrupción buscará procesar penalmente al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y al ex tesorero Eduardo Sotelo Nava, por el presunto desvío de casi mil 500 millones de pesos y arma una tercera carpeta de investigación con apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR).
En rueda de prensa, el fiscal estatal anticorrupción Juan Salazar Núñez aclaró que la carpeta de investigación judicializada y por la que en unos días se formulará imputación por el presunto delito de peculado a ambos funcionarios universitarios, tiene su origen en una denuncia iniciada a partir de información de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
Indicó que el daño cuantificado en este expediente es por mil 433 millones 890 mil pesos, provenientes de la supuesta distracción desde 2014 de los recursos estatales que recibe la UAEM, equivalente al 2.5% del total del presupuesto de la entidad.
Indicó que al haber contratado un crédito y creado un fideicomiso con el Banco Interacciones, el jefe universitario dolosamente comprometió los recursos de la universidad y el siguiente rector se topará con un grave problema financiero.
“El señor rector a partir de que suscribió el contrato de apertura de crédito y fideicomiso, quedó obligada la universidad a destinar el recurso que le llega del 2.5% al pago de ese crédito y al no poder, aquí viene lo grave, el siguiente rector suscribir esos convenios porque se ya encuentra comprometido el recurso de la universidad hasta el 2022, va a llegar a un colapso financiero total”.
“Vamos, me explico de otra manera, el rector que sea electo en el 2018 se va a ver imposibilitado para suscribir los convenios de apoyo financiero (con SEP y gobierno de Morelos) porque el rector Alejandro Vera Jiménez ya los comprometió desde el 2014 y están comprometidos hasta 2022 los recursos para el pago de crédito (de 600 millones) con Banco Interacciones”, expresó.
Salazar Núñez, quien fue designado como fiscal estatal anticorrupción cuando era consejero jurídico del gobierno de Morelos, se dijo inconforme con la determinación del juez de control y juicio oral de postergar la audiencia de formulación de imputación al rector y el ex tesorero universitario para el 26 de septiembre, y adelantó que la fiscalía buscará que se revoque al abogado general de la UAEM, Alfredo Mena, el reconocimiento como representante legal de la víctima, es decir de la institución y la comunidad universitaria, porque hay un evidente conflicto de intereses al pretender también representar al rector.
“Quiero aclarar también para la comunidad universitaria que no se está procediendo en contra de nuestra máxima casa de estudios, no se está procediendo contra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se está pretendiendo formular imputación en contra de las personas físicas Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo Nava, no en contra de la universidad”, sostuvo y llamó a líderes de los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, así como a la Federación de Estudiantes, a sumarse al juicio penal en calidad de víctimas.
Rechazó que él y la fiscalía anticorrupción sean un instrumento político para perseguir y encarcelar al rector, y consideró que el proceso jurídico está sustentado con documentación de diversas fuentes como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que comprueban el desvío de recursos.
Precisó que la segunda carpeta de investigación se origina de la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda estatal el pasado 16 de agosto, la cual está en integración y básicamente se relaciona con el proceso judicial instaurado contra el rector.
Adelantó que existe una tercera carpeta de investigación, relacionada con la dos anteriores, pero con la peculiaridad de que en ésta, en la que se presumen agravios contra la sociedad, se nutre de documentos de diversos estados y países.
“Es una carpeta de investigación que nos ha llevado ya bastante tiempo, estamos solicitando información de varios estados. Hemos solicitado la colaboración de la Procuraduría General de la República para que nos rindan información de otros países, también del registro público, de la Secretaría de Movilidad y Transportes y de diferentes autoridades estatales y federales. Estamos, digamos a… digamos un 75% de avance en esa carpeta de investigación”, detalló.
Rechazó informar qué presuntos delitos investiga en este caso, por considerar que debe mantenerse la reserva de la información, en espera de que se complete la integración de la carpeta y esté en condiciones de judicializarla.
