El Foro Morelense de Abogados pidió a los diputados acortar el presupuesto del Poder Judicial, etiquetar recursos para proyectos como la oralidad en materia civil y familiar, además de eliminar las partidas destinadas al pago de aguinaldos y prestaciones a las que no tienen derecho los magistrados.
En rueda de prensa, el presidente de la organización de litigantes, Pedro Martínez Bello, informó que presentó al Congreso local una solicitud para que en la Ley de Egresos de 2018 se etiqueten recursos para materializar la reforma constitucional federal, publicada el pasado 15 de septiembre, y fijó un plazo de 180 días a los estados para implementar la oralidad civil y familiar.
Consideró urgente implementar los juicios orales en estas dos materias, pero para ello será necesario crear la infraestructura, contratar y capacitar personal, así como gestionar el presupuesto suficiente por parte del TSJ.
Se pronunció a favor de un incremento de presupuesto para el TSJ, pero sólo para concretar proyectos relacionados con la mejora en la impartición de justicia y no para sostener las onerosas prestaciones que se auto otorgan los magistrados.
Y es que el pasado 20 de septiembre, un día después del terremoto de 7.1 grados en la escala de Ricther que devastó una parte importante del territorio estatal y dejo miles de damnificados, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, que autoriza los Lineamientos de las Remuneraciones y Percepciones del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos.
En este acuerdo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeros de la Judicatura “regularon” sus viáticos, seguro de vida, gastos médicos, bonos de despensa, apoyo para vivienda y hasta beneficios fiscales para pagar menos impuestos.
“Si se otorga mayor presupuesto al TSJ, esto debe de ser exprofeso para la implementación de la oralidad en materia familiar y civil. De ninguna manera puede ser para aumentarse el sueldo los magistrados o para darse mayores prestaciones”, recalcó Martínez Bello.
Incluso, señaló que este acuerdo contraviene el artículo 42 de la Ley del Servicio Civil que estipula que los diputados, el Ejecutivo, los consejeros y los magistrados no son trabajadores, son considerados patrones, “luego entonces no podrían darse ellos una prestación de 90 días de aguinaldo porque estarían violando la ley, pero además de esto se agrega que ellos tienen servicio médico a través del seguro social y no pueden darse otra prestación de gastos médicos porque es una doble prestación”.
Consideró que el Congreso no debe ser ni omiso ni cómplice de estas irregularidades y está obligado a analizar las prioridades para el funcionamiento y mejoramiento de la impartición de justicia, así como valorar la disponibilidad presupuestal para atender y apoyar el largo proceso de reconstrucción de las zonas devastadas.
“El llamado es para que el Congreso del Estado acote, limite, al Tribunal Superior de Justicia por cuanto hace a estas prestaciones, porque un tribunal debe estar en sintonía a lo que socialmente se está padeciendo en el estado, partir del trágico suceso del 19 de septiembre, en donde, además, aun cuando esto no hubiese ocurrido, el TSJ debe vigilar como representante del Poder Judicial y como garante de la administración de justicia que este tipo de irregularidades e incluso ilícitos no se den al interior del tribunal , pero lo peor, esto es consentido por la magistrada presidenta y el propio Pleno aumentándose 90 días de salario para ellos que no son trabajadores”, resaltó.
Insistió la urgencia de etiquetar recursos para concretar la oralidad en los juicios civiles y familiares y eliminar prestaciones que no les corresponden a los magistrados para destinar ese presupuesto a subsanar las necesidades del Poder Judicial.
