Lo anterior, debido a que el Poder Ejecutivo negó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una ampliación presupuestal por 30 millones de pesos, con lo cual se pretendía concretar un aumento salarial del 5% al personal de base y jubilado, pagar las pensiones y “salarios caídos” de cinco magistrados retirados y de seis magistrados designados, que no pudieron entrar en funciones durante un año hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión que lo impedía a finales de junio de este año.

En entrevista, el presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, expresó que el gobierno estatal informó que no disponía de recursos para atender a su petición, por lo cual fue necesario explorar otras alternativas ante la urgencia de conseguir presupuesto adicional, debido a la amenaza de paros escalonados por parte de los trabajadores que reclaman su aumento salarial.

Indicó que envió al Congreso una solicitud para que los 10 millones de pesos que no se han ejercido (de 21 millones de pesos etiquetados para justicia oral) puedan ser redestinados a gasto corriente y el TSJ pueda otorgar el aumento salarial exigido con justa razón por los trabajadores de base.

Falcón Vega detalló que también formalizó ante los legisladores la petición para aplazar la entrada en vigor de la tercera y última etapa del sistema de justicia oral, prevista para el 14 de febrero de 2011.

Argumentó que los 10 millones de pesos de los que dispone el TSJ para implementar la justicia oral en cuatro distritos judiciales no alcanza ni para adquirir un sistema de audiograbación, que está cotizado en 15 millones de pesos, y el cual se requiere para cada uno de los distritos judiciales. Además de que aún faltan recursos para la construcción y equipamiento de inmuebles.

Bajo esta premisa, el presidente del TJS explicó que es necesario aplazar hasta el 1 de agosto de 2011, el inicio del sistema de justicia oral en los cuatro distritos judiciales.

De esta manera, dijo, los 10 millones se pueden utilizar para otorgar el incremento salarial a los trabajadores de base y jubilados, y con el aplazamiento de los juicios orales en la zona surponiente habrá tiempo para que se defina el monto del presupuesto para el Poder Judicial para el próximo año y se hagan las gestiones necesarias para conseguir recursos de fuentes de financiamiento alternas.

Cuestionado sobre la amenaza de trabajadores de iniciar actos de protesta, el representante del Poder Judicial manifestó que ellos están en todo su derecho de reclamar, sin embargo advirtió que habría un impacto importante en la administración de justicia.

Agregó que espera la respuesta del Congreso en torno a su petición y habrá de reunirse con la representación sindical de los trabajadores para explicar la situación.