Un juez federal ordena al Congreso suspender el nombramiento de dos plazas en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta que se resuelva el juicio de amparo solicitado por un litigante que también busca ser magistrado.
Un juez de distrito frustró la intención del Congreso local de concretar la designación, por la vía exprés, de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El abogado y aspirante a magistrado Jaime Castera Toscano promovió un juicio de amparo, que fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, por los vicios en la convocatoria emitida con premura por los diputados.
El litigante básicamente impugnó que la convocatoria estuviese vigente por unas horas y se exigiera a los aspirantes una serie de documentos y un ensayo jurídico-científico, imposibles de presentar en los términos de la convocatoria exprés.
Ante ello, el juez segundo de distrito del Decimoctavo Circuito concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, para efecto de que el Congreso continúe con el desahogo del proceso establecido en la convocatoria emitida y cerrada el 9 de julio, pero se abstenga de concluirlo y hacer las designaciones.
“Así con fundamento en los artículos 128, 131, 138 fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para estos efectos: Se continúe con el proceso de selección establecido en la convocatoria de 9 de julio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5610, por el cual se pretende elegir a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pero se abstengan las autoridades responsables de concluir el procedimiento, esto es, no emitan la declaratoria correspondiente al nombramiento y designación de magistrados a que refiere dicha convocatoria”, estableció el juzgador federal.
Esta no es la primera vez que el Congreso, por malos procedimientos legislativos e insistencia de nombrar juzgadores allegados a los legisladores, enfrenta este tipo de obstáculos. Después de ceder la jubilación como magistrado a Orlando Aguilar Lozano (para dejar la vacante) y revocar el nombramiento de Guillermo Arroyo Cruz como su sucesor, éste último promovió sendos recursos de amparo que impidieron a los diputados concretar la designación.