Inició controversia constitucional por la falta de recursos adicionales pero también contra la convocatoria que concluyó en los nuevos nombramientos.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) promovió una controversia constitucional, contra la reforma legislativa que aumentó de tres a cinco el número de comisionados sin dotar al organismo de presupuesto suficiente.

La semana pasada, la titular del instituto, Dora Ivonne Rosales Sotelo, inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso de control constitucional 157/2018, contra la reforma y su declaratoria, al artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que fue aprobada el Constituyente Permanente (los ayuntamientos) con un voto a favor, seis en contra y la afirmativa ficta de 26 cabildos.

Además, refutó la expedición de la convocatoria lanzada por la legislatura anterior el pasado 16 de agosto para la designación de dos nuevos comisionados, que finalmente resultaron ser Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez, padre del ex diputado del PSD, Julio Yáñez y el ex colaborador del ex diputado del PRI, Mario Chávez, respectivamente.

En su escrito de demanda, esencialmente el IMIPE reclamó que el Congreso realizó reformas para crear dos nuevas plazas de comisionado, pero nunca etiquetó recursos para solventar los emolumentos de éstos, los del personal a su cargo que se deberá contratar, el mobiliario, las oficinas y los recursos que requieran para su desempeño como integrantes del órgano garante.

El recurso de control constitucional fue admitido a trámite, pero se espera que en breve el ministro instructor determine sobre su admisión o no.