El legislador, quien es abogado, indicó que con anterioridad expresó que lejos de buscar inhabilitar al ex alcalde panista, lo único que se está logrando es que logre evadir la acción de la justicia.

“Lo que digo tiene una lógica jurídica, y es que el juicio político tiene por objeto separar al servidor público del cargo, en este caso ya no tiene que ser separado porque en unos días cumplirá un año que terminó su periodo constitucional”, manifestó.

El diputado, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, consideró que con este juicio político los legisladores le están haciendo el trabajo fácil a la defensa del ex munícipe, quien podría recurrir a la protección de la justicia federal a través de un amparo.

Dijo que a su juicio se tenían que usar otras vías para sancionar al ex alcalde, acusado de comprar un terreno a una inmobilaria con un valor de 25 millones, pero dicha operación no se llevó a cabo porque la empresa no era propietaria del inmueble.

“Por supuesto que este acto fue ilegal y se tiene que sancionar, pero tienen que usarse las vías competentes para que la sanción pueda ejecutarse”, indicó.

González García dijo que él en su momento les hizo saber a los diputados que no se estaba usando la vía idónea, ya que el proceso pudo iniciarse en otras instancias para buscar sanciones de tipo administrativo pero también penal.

“Creo que el asunto tiene que analizarse, porque no quisiera que el tiempo me dé la razón”, culminó el diputado.