En esta semana comenzarán notificaciones a los exdiputados responsables del manejo de las finanzas de la anterior Legislatura.
Los señalados son Francisco Moreno Merino, Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y quien fuera la titular de Finanzas, Patricia Banderas.
Luego de que la nueva legislatura local encontrara más de mil 200 millones de pesos no comprobados por el Congreso durante sus dos periodos anteriores, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, admitió que sí podría exigirse resarcir los recursos.
Destacó que “todavía en este momento no podemos hablar de resarcir, porque estamos en una primera etapa. Apenas se les va a notificar de lo anterior, ello a los responsables del manejo financiero, es decir Francisco Moreno Merino, Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y quien fuera la titular de Finanzas, Patricia Banderas”.
Reconoció que en una primera revisión, se encontró que no se justificaron muchos gastos del periodo solicitado. “Los nuevos procedimientos son claros, hay que solicitar la información por rubros, por ejemplo, que se destinaron 10 millones de pesos para tal o cual compra, se tendrá que probar que en efecto se hicieron las adquisiciones, de lo contrario, pues se va cuantificando lo no efectuado”, abundó.
Loredo Méndez manifestó que “se entregan las cédulas de revisión por partida. Contarán con 10 días para responder. Aún no hemos terminado, se notificará en la semana entrante. La ley obliga a ser profesionales”.
La semana entrante es sustancial para lo anterior, aclaró, porque si las observaciones no se cumplen, comienza ya una etapa de judicialización. “Pero quiero ser cuidadoso, hay que investigar de fondo y es el Tribunal de Justicia Administrativa el que sanciona”.
Pero reconoció que es la primera vez que se audita al Congreso. “Es histórico, quizás por las condiciones políticas, pero lo anterior no es privativo de Morelos, ello se da en las Cámaras de Diputados federales y senadores, donde sólo se revisan los gastos administrativos, no los políticos”. Lo anterior, derivado de una suprasubordinación que impide este tipo de acciones. Ahora, la misma legislatura actual ordenó la revisión y sobre ello se hizo, pero antes sólo se desarrollaban auditorías aleatorias.
“La entidad superior viene desarrollando el trabajo. Es posible que a media semana entrante ya se tengan listas las notificaciones. Dependiendo de las respuestas, el tema podría escalar a etapas más delicadas. Si ello ocurre, el asunto pasará ya al tribunal antes mencionado”, sentenció el auditor.
