La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, defendió la legalidad de la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pese a la inconformidad de un grupo de magistrados que alegaron que fue ilegal la designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante el órgano colegiado que sustituye al Consejo de la Judicatura.
Sostuvo que difiere de los argumentos del grupo de magistrados que alegó irregularidades en la integración de la Junta, ya que sí hubo quórum para iniciar la sesión y hay constancia legal de ello, aun cuando en el transcurso del Pleno algunos de ellos abandonaron el recinto, inconformes con que votara la magistrada Leticia Taboada, quien ganó un amparo que le reconoce dicha prerrogativa, no así al magistrado Norberto Caldero Ocampo, cuyo amparo está en revisión con la intención de que se le reconozca como numerario, con derecho a voz y voto.
“Hay pase de lista y la secretaria general da fe que están los que pasaron lista y, además, la oficial mayor dice que hay quórum legal para que se lleve a cabo la sesión. Y en el transcurso de esa sesión, al no dársele por el principio de relatividad de las sentencias, que no es la misma consideración para el magistrado Norberto, porque está subjudice su amparo, se lo sobreseyeron y se fue al recurso de revisión. Entonces, desde nuestro punto de vista, considerábamos que legamente no le asiste la razón hasta en tanto él tenga un resolución”.
Incluso, algunos magistrados que apoyaron la integración sostuvieron que para integrar la junta no eran necesarias las dos terceras partes de los magistrados integrantes del Pleno, bastaba con los que estuviesen presentes para alcanzar la “mayoría simple”.
Afirmó que no era posible postergar más la integración de la junta, no sólo porque hubo un acuerdo previo del Pleno que fijó como fecha límite el 3 de junio para llevar a cabo este objetivo, sino “porque caeríamos dentro un vacío legal dentro del Poder Judicial y podría haber un caos porque la junta no sólo es de disciplina, sino de administración. Entonces, considero que si ellos creen que no es legal, ese es su argumento, pero nosotros estamos sustentados legalmente porque tenemos un mandato constitucional de acudir a las convocatorias de los Pleno que se nos llame y, sobre todo, a este tema tan relevante. Cada quien es responsable de sus actos y nosotros, que con toda responsabilidad y legalidad dimos cumplimiento para crear la junta”.
Becerra Arroyo no ejercía como juez
A tres días de instalada la Junta, continuaron los cuestionamientos y trascendió un documento notariado en que se hace constar que Alejandro Becerra Arroyo, designado como representante de los jueces, no ejercía jurisdicción, sino que estaba en funciones administrativas como coordinador de asesores y representante legal del TSJ en diversos litigios.
De acuerdo con el documento, a través de un poder general firmado ante el notario 9, José Antonio Acosta Pérez, para que Arroyo Becerra fuese, junto con cuatro personas más, representante legal del TSJ para pleitos y cobranzas, juicios y controversias desde 2016.
De acuerdo con algunas opiniones de juristas, este motivo podría ser la puerta para intentar impugnar la designación.
