La presidenta del TSJ cumplió catorce años en julio y debe dejar el puesto.

Ella menosprecia la publicación en el periódico oficial y afirma que no puede ser destituida.

Tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró hoy en vigor el decreto que expide el punto de acuerdo por el cual el Congreso de Morelos redujo el periodo de los magistrados de 20 a 14 años, con lo que, en teoría, habría culminado la gestión de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien ya alista las acciones legales para permanecer en el cargo y combatir la acción legislativa.

El decreto 427 expedido por la LIV Legislatura dejó sin efectos el decreto 2610 emitido por la legislatura anterior, que modificó los periodos de designación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia, Unitario de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa, quienes originalmente habían sido nombrados por un periodo de seis años y posteriormente ratificados por otro de ocho años para sumar 14, pero la LIII decidió extender su cargo por seis años más hasta sumar un total de 20 años.

Mediante este nuevo decreto, la actual legislatura pretendió regresar al periodo original para el cual fueron designados los juzgadores y la primera en culminar su gestión sería Carmen Cuevas López, quien en julio de 2011 fue ratificada para un segundo periodo, el cual concluyó el 4 de julio pasado.

Los siguientes magistrados que culminarían su periodo de 14 años el próximo 17 de mayo de 2020 son Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega y Valentín González García.

Cuevas López fue la primera en fijar postura como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos y como afectada por el nuevo decreto, al desestimar la validez jurídica del punto de acuerdo y anunciar la promoción de acciones legales para combatir el acto legislativo.

“Estoy analizando cuáles son las acciones que voy a hacer y, sin duda, ustedes se estarán enterando en breve. Pero de ningún manera este acuerdo parlamentario puede proceder en el sentido en que se está manejando, que me están destituyendo, porque en ningún momento me están destituyendo.

“Como justiciables nosotros tenemos garantías constitucionales no solamente a nivel constitucional federal sino internacional, en donde no podemos ser arbitrariamente quitados de nuestros nombramientos, porque es un nombramiento que tiene una reforma constitucional en la cual está legalmente establecido, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley para el proceso legislativo. En este caso, el acuerdo parlamentario, hasta donde tengo conocimiento, no tiene ningún efecto, ningún alcance jurídico”, sostuvo.

Señaló que el Congreso cometió varios errores que restan validez al decreto, pues no sólo en sesión extraordinaria los diputados no trataron el tema sino que no se cumplió el proceso legislativo.

Dijo estar tranquila y que emprenderá su defensa jurídica para que sean los tribunales quienes diriman el tema, pero lamentó que el Congreso no respete la permanencia judicial e insistió que ningún acuerdo o decreto está por encima de la Constitución.  

Además de los magistrados del TSJ, también serían afectados los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Martin Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes cumplirían 14 años en el cargo en mayo de 2020.