La magistrada presidenta fue emplazada por la Corte a denunciar la supuesta irregularidad que para ella se cometió cuando los legisladores reasignaron con sólo trece votos el presupuesto para pagar pensiones del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó pronunciarse sobre si el Congreso cumplió con la votación para modificar el presupuesto de egresos y reorientar 26 millones para el cumplimiento de varias sentencias de controversias constitucionales para el pago de pensiones de ex trabajadores judiciales, y emplazó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a denunciar la presunta “irregularidad” por la vía jurídica.

El pasado 6 de noviembre,  13 diputados votaron a favor de la reorientación financiera para evitar que el Congreso incurriera en desacato judicial, mientras que las siete diputadas del bloque denominado Frente Progresista de Mujeres votaron en contra, pero la polémica fue si se reunió o no la mayoría calificada, ya que hubo quienes argumentaron que la reforma al presupuesto requería de al menos 14 votos.

Ante esta situación, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, denunció ante la SCJN supuestos vicios en la aprobación de la modificación en la ley de egresos 2019, pero el tribunal constitucional sugirió que el tema debe ser cuestionado por la vía jurídica.

“Por otra parte, el Poder Judicial del Morelos señala haber detectado irregularidades en el proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación del decreto número 502, por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto número 76, mediante el cual aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico Oficial “tierra y Libertad” número 5756, de fecha 7 de noviembre de 2019, por lo que atento a sus manifestaciones, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda.

“Lo anterior, en virtud de que el propósito fundamental del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, consiste en vincular a las autoridades competentes a realizar las transferencias necesarias para el pago de decretos pensionarios materia de la litis, sin que ésta última se pueda desbordar en un pronunciamiento sobre las formalidades del procedimiento legislativo que debe imperar en el Estado de Morelos, mucho menos si ello puede traer consigo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones programadas en el citado Acuerdo Plenario, de la satisfacción de la pretensión de la parte actora en la presente controversia constitucional, y de los intereses de los beneficiarios de las pensiones.

“Por lo tanto, este Alto Tribunal no prejuzga ni emite pronunciamiento alguno en torno a las formalidades que rigen al procedimiento legislativo en el Estado de Morelos, que dé lugar a sentar un precedente sobre la materia”, respondió la SCJN a la denuncia del TSJ en el cumplimiento de sentencia de al menos diez controversias constitucionales. En torno a este tema, el TSJ rechazó fijar una postura y si recurrirá el acto a través de una controversia constitucional.

En consecuencia, la SCJN requirió a los tres Poderes del Estado informar sobre el cumplimiento de los fallos judiciales.

Cabe destacar que la semana pasada el Congreso local, con 13 votos a favor y siete en contra, aprobó reformas a su ley orgánica y su reglamento para establecer que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos.