Expresó que el sistema adversarial acusatorio generó la expectativa social de contar con una procuración e impartición de justicia más justa y transparente que permita juicios orales públicos y transparentes que garanticen el debido proceso a los imputados, así como la utilización de métodos de justicia alternativa para resolver los conflictos penales no graves por la vía conciliatoria y reparación del daño.
Sin embargo, dijo que pese a las bondades del sistema oral de justicia penal existen deficiencias que lo hacen vulnerable. Por ejemplo, señaló, si bien ahora el imputado tiene a salvo sus derechos a través de un debido proceso, no queda claro cómo preservar los derechos de los ofendidos sobre todo ante la dificultad del Ministerio Público para acreditar los cargos.
Detalló que otros de los problemas es la falta de transparencia para conocer sobre la integración de las carpetas de investigación y la falta de previsión de las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial para implementar en tiempo y forma la tercera y última etapa del sistema oral de justicia penal en los distritos judiciales Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo (que comprenden 16 de los 33 municipios de Morelos).
Cuestionado sobre el colapso en que se encuentran el sistema de juicios orales en el estado de Chihuahua, que sirvió de modelo a Morelos, Garduño García sostuvo que la justicia en el estado norteño ha sido vulnerada por casos concretos (como el homicidio de la activista Marisela Escobedo que luchó por el esclarecimiento de la muerte de su hija cuyo asesino fue liberado a pesar de confesar el crimen) y ahora está en punto de quiebre debido a que las autoridades de esa entidad no atendieron adecuadamente las fallas.
El abogado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia alertó que de ocurrir este tipo de casos en Morelos, la justicia oral también podría quebrantarse.
Manifestó que antes de que el sistema adversarial acusatorio entre en un etapa crítica, debe realizarse una evaluación profunda para tener un diagnóstico certero no sólo en términos estadísticos sino de cómo se integran las carpetas de investigación, por qué se consignaron las capetas, los criterios de los jueces para tomar decisiones, si los convenios conseguidos a través de la justicia alternativa se cumplieron o no, entre otros temas.
“Es tiempo de una evaluación de todo el sistema en la que colaboren ampliamente la Procuraduría General de Justicia, el Poder Judicial, los organismos defensores, antes de que el sistema llegue a una etapa crítica o tenga problemas como ya lo vemos en otras entidades”, subrayó.
